Allanamientos en Ecuador: juristas advierten desvío de la figura legal
Advierten posible selectividad y uso desproporcionado de la medida. Hasta la fecha, Fiscalía ha allanado a cinco políticos
Cinco políticos han enfrentado allanamientos en lo que va de 2026. La Fiscalía General del Estado los investiga por distintas causas.
El asambleísta por Pichincha Patricio Chávez y los excandidatos presidenciales Luisa González y Andrés Arauz fueron los primeros allanados, el 28 de enero de 2026. La Fiscalía los vincula con el caso Caja Chica, que indaga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
Luego, el pasado 10 de febrero, agentes también allanaron al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La intervención se enmarcó en una investigación por presunta delincuencia organizada, dentro del denominado caso Goleada.
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El último caso fue el alcalde Cristian Zamora. En la madrugada del martes 17 de marzo, agentes allanaron su domicilio. La Fiscalía, en cambio, lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Juristas cuestionan la aplicación del allanamiento
Para María del Mar Gallegos, abogada penalista y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, el allanamiento es una figura jurídica prevista en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, plantea dudas sobre si su aplicación resulta justificable en estos casos.
Gallegos advierte que podría configurarse un patrón en el uso de esta medida. Señala que las autoridades la han aplicado contra políticos que se identifican como opositores al régimen o que mantienen posturas críticas.
Críticas al rol de los jueces
La penalista manifiesta que el uso de esta figura también evidencia una actuación coordinada entre fiscales y jueces. A su criterio, existiría un abuso de la herramienta y una aplicación sin el debido sustento jurídico.
“Si en el Consejo de la Judicatura hay una figura que responde al Ejecutivo, los jueces se sienten, de alguna manera, atados de manos para negarse a un allanamiento”, afirma. “Imagínese usted que, si un juez lo rechaza, probablemente ese magistrado sería el siguiente en ser allanado”.
Es por eso por lo que el abogado penalista Andrés Cevallos sostiene que los jueces han dejado de cumplir su rol como garantes de los derechos ciudadanos. A su criterio, se han convertido en “simples notarios de la Fiscalía General del Estado”, pues firman órdenes de allanamiento de forma genérica y sin exigir una justificación real y detallada.
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En ese contexto, advierte que esta práctica desnaturaliza la medida. “El allanamiento deja de ser una herramienta de investigación legítima y, por supuesto, se convierte en un mecanismo de castigo político”, afirma.
El debido proceso en el centro del debate
Por ello, Juan Jiménez Guartán, abogado penalista y director de la carrera de Derecho de la Universidad de Guayaquil, insiste en la necesidad de garantizar la separación de funciones del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A su criterio, los allanamientos resultan legítimos únicamente cuando se respeta el debido proceso.
El jurista sostiene que esta medida debe aplicarse solo “si existen indicios contundentes de la posible comisión de un delito”. Sin embargo, cuestiona la selectividad en su uso y advierte que la Fiscalía General del Estado investiga a ciertos actores mientras deja a otros fuera de su alcance.
Plazos y selectividad bajo cuestionamiento
Por su parte, Paúl Ocaña, abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, sostiene que el uso del allanamiento evidenciaría un posible abuso si la Fiscalía General del Estado no formula cargos dentro de plazos razonables. A su criterio, la ausencia de una imputación en 24 horas o incluso en menos de dos meses genera dudas sobre la justificación de la medida.
“El problema surge cuando, tratándose de un político u opositor, no se formulan cargos posteriormente”, advierte. Según Ocaña, ese escenario evidenciaría una posible irregularidad en la actuación de las autoridades.
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Una justicia “a dos velocidades”
Sin embargo, abogado Cevallos sostiene que la justicia opera a dos velocidades. En ese contexto, considera que “se está abusando de esta figura del allanamiento y el síntoma más evidente de que el allanamiento se ha desvirtuado en el Ecuador no solo es a quién se investiga, sino a qué velocidad se lo hace”.
A su criterio, el tratamiento difiere cuando se trata de opositores o figuras incómodas frente a quienes mantienen afinidad o cercanía con el poder. Cevallos afirma que, en el primer caso, la maquinaria judicial se activa y actúa con rapidez, mientras que, en el segundo, el sistema entra en un evidente letargo.
Advertencias por clima político y posibles presiones
Además, la jurista Gallegos advierte que la ejecución de los allanamientos genera preocupación en medio de un clima de tensiones políticas. Señala que ese temor aumenta cuando surgen expresiones que pueden interpretarse como amenazas.
Como ejemplo, menciona a la asambleísta oficialista Diana Jácome, quien durante una sesión del Pleno Legislativo dijo a los legisladores opositores que “duerman con pijamas bonitas”. En ese contexto, Gallegos considera que el allanamiento “se está convirtiendo en una herramienta de persecución”.
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