La comisión de archivo resucita y ADN salva al ministro de Defensa Loffredo

La política del simulacro se impone en la Asamblea Nacional. Con el bloqueo del juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el nuevo Ecuador de Daniel Noboa acaba de desempolvar una de las marcas de fábrica más preciadas y corrompidas del viejo: la comisión de archivo. 

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Presidida por el excorreísta y hoy oficialista por resentimiento Ferdinan Álvarez, la mesa de fiscalización de la nueva Legislatura no tiene nada que envidiarle a aquella otra que, con la socialista Silvia Salgado a la cabeza, inauguró hace 15 años un largo período de impunidad correísta en la Asamblea: los mismos argumentos sinuosos, la misma ignorancia del concepto de responsabilidad política, los mismos pretextos, la misma pirotecnia retórica… Idénticos resultados.

El corazón del juicio político era una tragedia nacional: la desaparición forzada y tortura de cuatro niños del sector de Las Malvinas (Guayaquil), a manos de 16 integrantes de las Fuerzas Armadas, y su posterior asesinato e incineración. Aunque no terminan de cumplirse seis meses de esa atrocidad, la comisión de archivo parece haber olvidado algunos de sus detalles más sórdidos y comprometedores. 

Detalles comprometedores del caso de los menores de Las Malvinas

Primero, el hecho de que los militares que se llevaron a los chicos y, por tanto, sabían exactamente en qué rincón de la parroquia Taura los habían abandonado, desnudos y heridos, guardaron ominoso silencio durante cosa de dos semanas mientras sus padres los buscaban desesperadamente en Guayaquil. 

Segundo, el grotesco intento (animado por el propio ministro Loffredo ante los medios de comunicación) de involucrar a las víctimas en actividades delictivas para justificar lo que no fue una captura sino un secuestro en toda regla. 

Tercero, la escandalosa amenaza proferida por el mismo ministro, en cadena nacional (en la que apareció rodeado por el alto mando militar), en contra de la jueza que declaró la desaparición forzada de los niños, escena digna de la Venezuela de Diosdado Cabello. 

Los argumentos de ADN para salvar a Lofreddo

Pues bien, al archivar el juicio político por supuestamente improcedente, lo que le está diciendo al país la comisión que preside Ferdinan Álvarez y en la que la oficialista Nataly Morillo lleva la destemplada voz cantante, es que nada de eso importa; que todos esos gestos confusos y sospechosos, por decirlo generosamente, son irrelevantes en el conjunto del caso y, por tanto, no hace falta buscar a sus responsables políticos. 

En el secuestro, tortura y asesinato de los cuatro chicos de Las Malvinas no existe responsabilidad política alguna, viene a decirnos la comisión. En palabras de Nataly Morillo, autora de esta teoría: “Los hechos relacionados con el caso Malvinas no corresponden a una política institucional del Ministerio de Defensa”. Con lo cual comete el embuste de dar por sentado aquello que debería demostrar. Porque precisamente para establecer si el crimen tiene que ver con una política institucional o no es que se plantea el juicio político.

Nada que hacer: lo mismo que en las viejas comisiones de archivo de las legislaturas correístas, en esta se ha evaporado el concepto de responsabilidad política entre confusas invocaciones a la justicia ordinaria y en medio de farragosas, indescifrables, ininteligibles construcciones retóricas que retratan de cuerpo entero a una Asamblea de incapaces de hilvanar una idea con otra: “Hablar de un juicio político a un ministro que, desde mi punto de vista, la participación indirecta de subordinados, si así fuera, no quiere decir que está subordinado directamente al ministro como tal”, balbucea la oficialista Ana Belén Tapia. 

Y remata el presidente de la Comisión: “Una cosa es la responsabilidad como líder, otra cosa es que si a alguien de mi despacho se le ocurre cometer una falta administrativa o contrariar la norma penal, evidentemente yo no voy a estar ahí, pienso que ninguno de ustedes va a respaldar ese accionar, ni en lo civil ni en lo penal. Las responsabilidades son exclusivamente personalísimas”.

Dicho lo cual, se produce el milagro: la comisión de archivo del nuevo Ecuador aterriza exactamente sobre el mismo argumento que la comisión de archivo del correísmo (en ese entonces presidido por María José Carrión) esgrimió para evitar el juicio político contra Jorge Glas: “Hay que dejar claro que este tema está ya en manos de la justicia y que los presuntos responsables están siendo procesados”.

Lo dijo Nataly Morillo este lunes, pero lo pudo haber dicho Silvia Salgado hace 15 años. Si hay juicio ordinario no puede haber juicio político, es la idea. Esta confusión entre la fiscalización parlamentaria y el papel de las cortes de justicia acarrea, ahora como entonces, la muerte de la responsabilidad política.

Loffredo, la víctima según el oficialismo

Pero hay algo aun peor que se desprende de los argumentos del oficialismo a favor del ministro Loffredo: su victimización gratuita. Porque ahora, como si hubiera una campaña orquestada en los medios y en las redes, como si el ministro de Defensa se encontrara bajo fuego real o figurado, como si se lo atacara a diario con calumnias y amenazas, resulta que Loffredo es la víctima de una brutal persecución política. 

“El control político de las autoridades del Estado”, dice Nataly Morillo, “debe ejercerse con firmeza pero con respeto y sustento jurídico, no como una herramienta de persecución y boicot y de acoso político”. “¡La fiscalización no puede seguir usándose como herramienta de persecución!”, clama Ana Belén Tapia. 

“No con revanchismo ni con venganzas, en ese sentido no, queridos y queridas asambleístas”, ruega Ferdinan Álvarez. Con todo lo cual queda completamente trazado el cuadro de la patraña: en el atroz crimen de los cuatro niños de Las Malvinas, la víctima se llama Gian Carlo Loffredo.

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