Juicio político a Loffredo: Oficialismo frenó la solicitud del correísmo
Dos de las tres causales planteadas en contra del ministro de Defensa eran temas sensibles para el Gobierno de Noboa
El oficialismo y su aliado en la Comisión de Fiscalización no dieron paso a que continúe el juicio político en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. La tarde del 9 de junio de 2025, esa mesa legislativa no aprobó la calificación de la interpelación propuesta por el correísta Héctor Valladarez.
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Por primera vez en esa comisión se enfrentaron correísmo y oficialismo desde la instalación del nuevo periodo legislativo. Los primeros llegaron con la determinación de que la posibilidad de llevar a juicio político al ministro de Defensa se mantuviera. Sin embargo, también tenían claro que eran minoría.
En esta ocasión, la mesa no presentó explicaciones ni informes de los asesores sobre el cumplimiento de los requisitos para calificar un pedido de juicio político.
Lo que sí se leyó fue la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), en la que se confirmaba que la solicitud contaba con las firmas de respaldo necesarias y había sido presentada ante la entonces presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz.
Así, la legisladora Ana Cecilia Herrera fue la encargada de mocionar que se calificara el juicio. Explicó que el hecho de calificar un juicio en la comisión no significa juzgar a Loffredo. Además, resaltó que, desde el punto de vista jurídico, se cumplían los requisitos para avanzar en el proceso de interpelación.
Sin embargo, el oficialismo estaba listo para bloquear esa intención. Los cinco legisladores de ADN y el aliado de Pachakutik, José Nango, repitieron uno tras otro el mismo argumento: no utilizar la mesa de fiscalización como herramienta de persecución política.
¿Por qué se intentaba juzgar políticamente a Gian Carlo Loffredo?
En la mesa estuvo presente Valladarez, quien presentó la solicitud. Recordó que la acusación era por incumplimiento de funciones y se sustentaba en tres causales.
La primera, por el caso de la desaparición y asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas. La segunda, debido a que Loffredo no acudió a un llamado del Pleno de la Asamblea para comparecer. Finalmente, la tercera por la prohibición de ingreso a Verónica Abad, exvicepresidenta de la República, a su despacho, después de que esta logró una acción de protección a su favor.
Es decir, dos de las tres causales tocaban temas sensibles para el Gobierno Nacional. La oficialista Nathaly Morillo argumentó que el tema ya estaba en manos de la justicia y que tampoco se había demostrado una conexión directa entre los hechos relacionados con los niños de Las Malvinas y el ministro de Defensa.
Así, la solicitud no pasó el filtro de la Comisión de Fiscalización. Según el cronograma aprobado por la misma comisión, el siguiente juicio político a tratar será el solicitado en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes.
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