¿Habrá fiscalización en la Asamblea, con una mayoría de ADN?

La integración de la Comisión de Fiscalización (con una mayoría de integrantes del oficialista ADN) obliga a mirar al pasado. Hace más de 10 años, cuando el correísmo (entonces Alianza PAIS) tenía las riendas de esa mesa, los juicios políticos no prosperaban. Los intentos por llevar al Pleno a ministros y más autoridades eran archivados y se cuestionaba a la oposición por buscar el ‘show mediático’.

Nataly Morillo, vicepresidenta de la comisión, en entrevista con EXPRESO manifestó que “la fiscalización no se va a sacrificar”. Ella señaló que si un ministro incurre en errores graves o vulnera la ley, será el propio presidente quien lo separe de su cargo. Y si comete un delito, le corresponderá a la Fiscalía actuar con total independencia.

“El control político a las autoridades del Estado se ejercerá con rigor, pero con base en hechos ciertos, no como un instrumento de persecución, boicot o acoso político, prácticas que han desgastado a la Asamblea”.

En ese sentido, Nataly Morillo precisó: “Nosotros no vamos a poner de rodillas al Estado. Permitiremos que las autoridades trabajen, pero si cruzan la línea, seremos firmes en fiscalizar. De eso no tenga dudas”.

Las dudas sobre la Mesa de Fiscalización

Otra es la visión de Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo, que le sigue la pista al trabajo de los asambleístas con el Observatorio Legislativo. No le parece correcto que el presidente de Fiscalización sea Ferdinan Álvarez, quien “ha faltado a cuatro de cada 10 sesiones”.

EXPRESO buscó a Álvarez, pero este se excusó porque venía en un viaje por tierra. 

¿Se puede reeditar la ‘comisión de archivo’, como se la denominó cuando Alianza PAIS fue mayoría? Es altamente probable que eso suceda y no solo en Fiscalización sino en el Comité de Ética, responde Alarcón, quien se pregunta cómo se puede confiar en la independencia de esta última instancia, si tres de cinco miembros son de ADN, además de qué garantía hay de que se juzgue a un asambleísta denunciado por cobrar diezmos, por ejemplo, si perteneciera a esa misma bancada.

La posición de la Revolución Ciudadana

Este Diario buscó a legisladores de la Revolución Ciudadana que integran esa comisión, como Ana Cecilia Herrera. Ella dijo que no tenía información.

Días atrás, Herrera comentó que esperaba que Fiscalización no se convierta en un espacio para perseguir a detractores. También mencionó que es complicado para ellos revertir esa mayoría, de seis a cuatro en la mesa.

¿Se repetirá la historia?

Gustavo Vallejo, actual presidente del Partido Socialista, fue uno de los asesores de Silvia Salgado cuando dirigió Fiscalización de 2009 a 2013. Renunció a su cargo y posteriormente fue expulsado de su tienda, que tenía alianza con el correísmo.

“Estamos reviviendo esos momentos críticos de la década del gobierno correísta, que tenía el control de los cinco poderes del Estado. Es peligroso para la democracia. Debería haber equilibrio de poderes. La gente se ha hecho rabiosa y justifica el control de todos los poderes con tal de que no vuelvan (los correístas)”, advierte.

Prohibido responder pedidos de información

Vicente Taiano, exasambleísta, comenta que el control político es necesario en un Estado de Derecho. Recuerda que Alianza PAIS con su mayoría no solo bloqueó los juicios políticos; también el expresidente Rafael Correa le ordenó al titular del Legislativo, Fernando Cordero, ser el filtro para aprobar los pedidos de información que los asambleístas hacían a los ministerios.

“Los legisladores tienen el derecho de fiscalizar y si logran reunir pruebas contundentes contra cualquier ministro, deben poder llevarlo a juicio político”, argumenta. Y anota que las circunstancias no son las mismas que hace más de 10 años, ya que el criterio de la mayoría de Fiscalización no decide sobre el archivo de un proceso. Eso ahora lo resuelve el Pleno.

Ahora el Pleno decide el archivo

En esa línea, la oficialista Nataly Morillo responde que para nada la Comisión de Fiscalización, de la que es vicepresidenta, se volverá ‘de archivo’. “No podemos olvidar que, al final del día, todos los procesos de fiscalización concluyen en el Pleno de la Asamblea”.

Antes, comenta la legisladora, cuando reinaba la impunidad, el Pleno servía como simple archivo. “Hoy es distinto. Desde la reforma de 2020 a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, todos los procesos deben pasar por el Pleno, y nosotros defendemos ese principio. Estamos en contra de que la fiscalización se diluya o se bloquee en instancias intermedias”, asevera.

El exasambleísta Marco Murillo integró la ‘comisión de archivo’, de la que incluso quiso renunciar porque los pedidos de juicio político no prosperaban. Espera que esta Asamblea no pierda su rol fiscalizador y que en esta mesa no se busque, como entonces, proteger a los funcionarios de Gobierno. 

Murillo buscaba llevar al Pleno a Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación, porque no se cumplió con los tiempos para designar a los vocales de la Judicatura. Se pregunta, en caso de haber podido enjuiciarla, con ese antecedente, si hoy tendríamos un CPCCS diferente.

Antecedente

En octubre de 2022, el expresidente Guillermo Lasso ordenó a sus ministros del área de seguridad no comparecer ante la Asamblea.

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