Editorial: Un acto criminal
La impunidad en estos crímenes no solo hiere a las familias, también profundiza el colapso de un sistema incapaz cuidar
La muerte de doce recién nacidos en el hospital Universitario de Guayaquil no puede pasar como un hecho más dentro de la larga lista de tragedias en el sistema de salud pública. La negligencia -sea por una infección intrahospitalaria, por la falta de insumos básicos o, peor aún, por la reutilización de cánulas nasales- es un acto criminal que no admite eufemismos. No hay excusas para un hospital que, en lugar de salvar vidas, se convierte en escenario de muerte.
La Fiscalía debe actuar con firmeza, porque no se trata de una desgracia fortuita sino de un posible crimen que involucra responsabilidades médicas y administrativas. No es admisible que las autoridades se crucen de brazos mientras los hospitales públicos siguen funcionando como bodegas sin medicinas, sin especialistas y sin los insumos más elementales para sostener la vida de los pacientes. Este caso desnuda la crudeza de un sistema en el que los más vulnerables -recién nacidos y adultos enfermos- son condenados por la indolencia estatal.
Los padres de las víctimas tienen el derecho de exigir justicia y de demandar al Estado, como ya ocurrió en el escándalo de la clínica dializadora de Guayaquil, donde decenas de pacientes contrajeron VIH. ¿Cuántas muertes más se necesitan para que la salud pública deje de ser un cementerio encubierto?