Las denuncias de corrupción judicial dejan a jueces arrinconados

Denunciar la corrupción judicial desde el interior del sistema implica quedar solo y señalado. Para cuatro funcionarios, las consecuencias de levantar su voz han sido altas.

A Samantha Lozada le dispararon

Samantha Lozada, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Orellana, fue víctima de un atentado. El 22 de octubre de 2025, un hombre armado disparó ocho veces contra el vehículo en el que se movilizaba junto con su padre. Relata que el atacante se acercó al automóvil, apuntó a su cabeza y haló el gatillo en más de una ocasión, pero el arma se encasquilló. Cuando logró destrabarla, ella ya había huido. Entonces abrió fuego: los disparos atravesaron el parabrisas, perforaron una llanta y el guardachoques, y rozaron la mano de su padre.

Antes del atentado, Lozada había recibido múltiples amenazas que ella atribuye a sus denuncias. Por ejemplo, meses antes solicitó al Pleno de la Judicatura la suspensión del juez Walter Pío Arreaga, quien ordenó la liberación de Darío Peñafiel, alias Topo, considerado mano derecha de ‘Fito’, y vinculado con operaciones de minería ilegal en esa provincia. Además, la funcionaria sancionó a un abogado que, de forma simultánea, defendía a procesados por minería ilegal y trabajaba en el Gobierno Provincial de Orellana.

Tras el atentado, la exfuncionaria asegura que el respaldo institucional fue solo formal. “No hubo voluntad política. Todo tuve que pagarlo yo: viáticos, movilización, y nunca me facilitaron un vehículo blindado”. Sostiene que su caso fue conocido por Human Rights Watch y que, pese a los escritos enviados al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, nunca recibió respuesta.

Diez días después del ataque, el Consejo de la Judicatura la sacó del cargo y la Dirección Nacional de Protección de la Policía le retiró de inmediato el resguardo. Finalmente, el 18 de noviembre la Judicatura le abrió un proceso disciplinario.

Carlos Serrano pasó a ser atacado

El segundo caso ha sido ampliamente cubierto por la prensa y corresponde al juez anticorrupción Carlos Serrano. El 6 de noviembre, bandas delictivas colocaron un carro bomba afuera de su despacho. Cinco días después, Serrano acudió a una reunión con el entonces director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, quien le pidió que prestara atención a la defensa del narcotraficante Jezdimir Srdan, procesado por lavado de activos en el caso Euro2024 y excliente, en 2024, de Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

Durante la lectura de la sentencia contra el extranjero, el magistrado recibió una amenaza. La Dirección de Inteligencia emitió un parte y recomendó reforzar su seguridad. Sin embargo, el 2 de diciembre, esa protección fue retirada.

Nubia Vera, de denunciante a denunciada 

El 23 de diciembre de 2024, la jueza de la Niñez Nubia Vera denunció que Mario Godoy, su asesor Jorge Carrillo y Henry Gaibor la habrían presionado para que fallara a favor del Gobierno en el caso contra la exvicepresidenta Verónica Abad. Afirmó que le entregaron un borrador de fallo en un pendrive.

Cuando hizo pública la denuncia, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ya había iniciado un control jurisdiccional, paso previo para una eventual destitución por parte de la Judicatura. Godoy también presentó una querella contra la magistrada y la denunció por calumnia. El proceso concluyó con una conciliación en la que Vera se retractó de su acusación y firmó junto a su abogado José Moreno, suegro del abogado que hoy defiende a Jezdimir.

Meses después, la Fiscalía allanó la vivienda de la jueza, difundió una fotografía de ella en pijama y denominó el caso Mueble fino, por una presunta concusión. Antes de que la Fiscalía informara oficialmente, cuentas en redes sociales que operan como trolls ya difundían un video editado, con audios de conversaciones entre la jueza y la supuesta víctima. Incluso, la Contraloría General del Estado le inició un examen especial a sus declaraciones de bienes.

Inés Romero, un testigo que es incómodo

El último caso es el de la jueza Inés Romero, testigo protegido en el caso Vocales, una investigación contra Ruth Barreno, exvocal del Consejo de la Judicatura, quien también fue defendida hasta 2024 por Dolores Vintimilla. Desde julio de 2025, la Judicatura ha solicitado que se levanten las medidas de protección de Romero, con el argumento de que mantiene sumarios administrativos pendientes.

Godoy niega cualquier responsabilidad

Frente a estos casos, Godoy ha tenido diferentes respuestas, pero todas coinciden en que no es responsable y que quieren sacarlo del cargo. Sobre Lozada ha dicho que “montó un falso relato”. “A la señora Samantha Lozada se le ha dado todas las facilidades para su seguridad”. En el Pleno de la Asamblea, el presidente de la Judicatura cuestionó la forma en que se manejó la denuncia. Puso en duda por qué el juez no presentó una denuncia formal en su momento y dijo que le llama la atención la demora del despacho del juez en emitir sentencias e inmediatamente en redes sociales las cuentas trolls atacaron al juez para afirmar que él quería beneficiar a Srdan. Y sobre Nubia Vera ha dicho que ella admitió que utilizada por su abogado con fines personales.

• Investigación. La Fiscalía General no ha aclarado quién estuvo detrás del atentado de Lozada ni sobre el ‘caso Pendrive’.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!