El juicio político al CPCCS no resuelve crisis como la de la Judicatura: ¿Por qué?
El correísmo cuestiona la designación de Mario Godoy, pero analistas sostienen que ese no es el problema de fondo
Los señalamientos al Consejo de la Judicatura (CJ) por el caso de las presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano no se limitan a su presidente, Mario Godoy, sino que se extienden hasta el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), encargado de su designación.
Tras la polémica desatada por los audios del juez Serrano y del exdirector de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, el correísmo oficializó solicitudes de juicio político contra Godoy y contra cinco vocales del CPCCS que, según la bancada, incumplieron sus funciones en el proceso de designación.
En el caso del CPCCS, Luis Fernando Molina, asambleísta proponente del juicio político, señaló que los vocales deben responder por tres causales:
- El conflicto de intereses de Christian Troya en el proceso
- El archivo de las impugnaciones contra Godoy
- La descalificación del postulante Edison Toro
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, anunció la fecha y hora de la sesión del CAL para tratar los juicios políticos contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, y cinco vocales del CPCCS. 👉 https://t.co/CkliXPWXSM pic.twitter.com/nuvEhG8v0a
— Diario Expreso (@Expresoec) January 6, 2026
CPCCS defiende que proceso de Godoy fue técnico y transparente
Sin embargo, el presidente del CPCCS y uno de los vocales señalados, Andrés Fantoni, defendió el proceso de designación de Godoy y recordó que se brindaron todas las garantías para el escrutinio ciudadano, aunque este debía ser “útil, conducente y pertinente”, como establece el reglamento.
“He revisado nuevamente las impugnaciones y se pudo verificar que se trata de notas de publicaciones u opiniones editoriales”, señaló el presidente del CPCCS, quien ratificó la legitimidad de todo el proceso realizado por la entidad en la designación del nuevo Consejo de la Judicatura.
El juicio político es un mensaje, no una posibilidad de cambio
Pese al énfasis que el correísmo pone en el CPCCS por los señalamientos contra Godoy, el jurista y subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Marcelo Espinel, sostiene que el juicio político a los vocales no cambiará en nada la crítica situación de la Judicatura ni evitará que se repitan casos similares.
“El juicio político tiene más la intención de dar un mensaje que de constituir un proceso de fiscalización real”, comenta, e incluso se atreve a señalar que las causales invocadas por el correísmo contra los cinco vocales del CPCCS por la designación de Mario Godoy están mal planteadas.
Espinel recuerda que, para alegar incumplimiento de funciones, deben demostrarse faltas a las obligaciones establecidas en la Constitución, lo que -sostiene- no ocurriría en este caso. “Si yo designo a un actor y ese actor, sobre la marcha, incumple con sus funciones, no es mi culpa por haberlo designado”, acotó.
El rol del CPCCS, la discusión pendiente en el Ecuador
En esa misma línea, el exconsejero del CPCCS Gonzalo Albán señala que el juicio político no tendrá ningún efecto real sobre los problemas que viene arrastrando el sistema de justicia ecuatoriano y que volvieron a evidenciarse con los audios del juez Serrano y del exdirector Gaibor.
“No lo resuelve, pero sienta un precedente para que quienes les sucedan no comprometan ni agredan el interés público”, comenta el exfuncionario, y recuerda que, ante una eventual censura y destitución, el CPCCS se vería nuevamente avocado a principalizar a los suplentes de los suplentes.
En ese escenario, Albán hace hincapié en que queda en evidencia el verdadero problema: “Esta situación demuestra una vez más el desperfecto institucional. Más allá de quienes asuman como consejeros, mientras no exista independencia ni un intelecto al servicio del país, quienes vengan serán simples ‘alzamanos’, lo que resulta nocivo”.
La otra alternativa para juzgar a los consejeros del CPCCS
Aunque Espinel comparte ese diagnóstico, no descarta la necesidad de ubicar las responsabilidades políticas en las personas pertinentes, incluido Albán. “El juicio político debió ser contra los siete (entonces Albán aún estaba en funciones), por haber retrasado deliberadamente la renovación de la Judicatura prevista para enero de 2025, pese a que ya existían las ternas desde diciembre de 2024”, recordó.
Sin embargo, más allá del caso puntual de Godoy, Espinel señala que este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de tomar decisiones respecto del CPCCS. “El problema de raíz está en la facultad de designación de autoridades. Mientras el Consejo siga designando autoridades, será de interés del poder político de turno poder cooptar esa institución”.
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