Esto es lo que no podrá hacer Revolución Ciudadana por sanción de nueve meses
El dictamen electoral frena la participación de la lista 5 e impone trabas normativas a los precandidatos para el 2027
El movimiento político Revolución Ciudadana (RC) enfrenta la inhabilitación para inscribir candidaturas y participar orgánicamente en las elecciones seccionales de 2027, tras la suspensión provisional dictaminada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) este 6 de marzo de 2026.
Una sanción que inhabilita
La sanción impuesta por el juez Joaquín Viteri paraliza temporalmente los derechos de la organización en el registro permanente del Consejo Nacional Electoral (CNE). La resolución se ejecuta tras un requerimiento de la Fiscalía General del Estado por el caso Caja Chica, que investiga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
Como consecuencia directa de la medida, la estructura partidista queda marginada de la organización electoral oficial que arranca el próximo 14 de abril. Durante los nueve meses de inhabilitación, la directiva no podrá conformar alianzas formales ni promover a sus adherentes bajo la representatividad jurídica de la lista 5.
La restricción administrativa exige a los aspirantes a dignidades buscar vías alternas para intervenir en los comicios. De acuerdo con la norma electoral vigente, los cuadros del movimiento tienen la obligación de desafiliarse de la agrupación con al menos 90 días de anticipación a la inscripción de candidaturas, si su objetivo es participar por otra tienda política.
Otra salida técnica consiste en que la cúpula directiva emita una autorización expresa que permita a sus afiliados correr por otros partidos. Este trámite recae sobre la nueva directiva reconocida por el CNE este 11 de marzo, presidida por Gabriela Rivadeneira, luego de que el TCE desestimara un recurso de nulidad argumentando la falta de legitimación de Luisa González como representante legal.
La suspensión mantiene un carácter revisable y depende de la evolución de la instrucción fiscal. El tribunal determinó que la prohibición podría levantarse antes de cumplir el plazo si el Ministerio Público retira la solicitud, o si la investigación previa concluye en un archivo. Mientras rija la disposición, la entidad investigadora debe presentar informes de actualización procesal cada 30 días.
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