¿Cambios en el aeropuerto? La advertencia que lanzó Tatiana Coronel

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, lanzó una advertencia sobre la posibilidad de que el Gobierno central intervenga en la administración del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. “Si algo funciona bien, no lo dañen”, afirmó, defendiendo la autonomía municipal que mantiene la ciudad sobre la terminal aérea desde el año 2000.

El conflicto surge luego de que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) solicitara cambios en los estatutos de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Según la propuesta, el directorio estaría conformado por representantes tanto del Gobierno central como del Municipio, y su presidente sería designado por el MIT con voto dirimente.

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Frente a ello, este 12 de marzo durante la sesión del Concejo Cantonal, Coronel señaló que estas modificaciones podrían afectar la gestión local y sentar un precedente para intervenciones en otras competencias municipales. La alcaldesa subrogante destacó que la administración del aeropuerto ha sido eficiente durante más de 20 años y que las decisiones sobre su operación deben tomarse desde la ciudad.

Impacto económico y operativo del aeropuerto

El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo es un motor económico clave para Guayaquil, sentenció. "La terminal genera aproximadamente 30 millones de dólares al año y administra un fideicomiso cercano a 400 millones de dólares destinado a infraestructura y mantenimiento. Su operación es considerada eficiente y segura por autoridades locales y empresas que utilizan la terminal", dijo. 

• Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo – Administrado por Guayaquil desde el año 2000, maneja vuelos nacionales e internacionales y es un motor económico clave para la ciudad.

Actualmente, la terminal es operada por Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. (TAGSA) bajo contrato vigente hasta 2031. La empresa gestiona las operaciones diarias del aeropuerto, incluyendo vuelos nacionales e internacionales, logística de carga y servicios a pasajeros. Desde el Municipio aseguran que esta estructura ha permitido mantener un nivel constante de eficiencia y transparencia.

Defensa de la autonomía municipal

La propuesta del MIT ha generado debate sobre la autonomía de Guayaquil. Desde la alcaldía se sostiene que cualquier cambio podría afectar tanto la operación como la economía local. Además, advierten que permitir que el Ejecutivo tenga un control directo podría sentar un precedente en otras áreas de la administración municipal.

 Coronel reiteró que Guayaquil defenderá su autonomía en la gestión del aeropuerto y aseguró que cualquier decisión debe tomarse con base en la experiencia y eficiencia demostrada por la administración local. La funcionaria señaló que la ciudad continuará velando por la operación estable del aeropuerto, que es fundamental para el desarrollo económico y logístico de la región.

PSC rechaza cambios en la Autoridad Aeroportuaria: “Es el fin de la competencia municipal”

El Partido Social Cristiano (PSC) rechazó el pasado 9 de marzo las reformas que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) solicitó a los estatutos de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), que administra el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Entre las modificaciones planteadas está una reconfiguración del directorio del organismo en la que el delegado del MIT sería quien lo presida.

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Según el PSC, estos cambios implican un control total del Gobierno central sobre la AAG y suponen el “fin de la competencia municipal” sobre la administración del aeropuerto y los recursos que genera. En un comunicado, la organización política afirmó que permitir esta reforma sería abrir una puerta para que el Ejecutivo retome competencias municipales en otras áreas como tránsito y agua potable.

El oficio del MIT que plantea la modificación estatutaria fue enviado el 4 de marzo a la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, y al gerente de la AAG, Carlos Alberto Baquerizo Jalil. El PSC, al igual que Coronel, considera que la medida pone en riesgo la autonomía de la ciudad sobre la gestión aeroportuaria y la distribución de recursos generados por la terminal.

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