Proyecto de ley urgente para combatir el crimen enciende varias alertas

Los abogados e incluso un economista han encendido todos los botones de alerta frente a Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal, vinculada al Conflicto Interno Armado. El nombre suena bien, pero al revisar el proyecto de 31 páginas, poco tiene de económico urgente y crea un “atajo” para que el Ejecutivo, vía decreto, implemente un “régimen especial, que no es estado de excepción”, pero que se parece.

Eso señalan tres abogados y un economista. En los artículos 6 y 7 de la propuesta se dice que el presidente Daniel Noboa solo necesita emitir un decreto, para reconocer la existencia del conflicto armado interno, ubicar a los grupos considerados objetivos militares y disponer las medidas.

Así, por ejemplo, podrían volverse objetivos militares los vehículos polarizados y sin placas que circulen por las vías del país. El bloque de seguridad aprobaría la expulsión de extranjeros. Se incautarían bienes de quienes se crea que participan directa o indirectamente.

En el proyecto no hay claridad sobre cómo se identificaría el conflicto armado interno, ya que se dejaría la caracterización para el Reglamento General, que se construye tras la aprobación de la ley.

¿Es una especie de estado de excepción?

David Cordero, abogado y profesor universitario, anota que el presidente ya no necesitaría pedir la determinación del estado de excepción a la Corte Constitucional. Estaría facultado a declararlo.  

“En Ecuador, lo normal se volvería la excepción. Se habla de un período de transición hacia la paz, con lo que se pretende decir que ahora estamos en guerra todo el tiempo y lo que antes era excepcional, como que los militares participen en asuntos de seguridad interna, se convertirá en una regla”.

El consultor Pablo Coloma opina que Noboa busca un “bypass” al intentar generar una situación que no es en sí misma un estado de excepción, determinado por la Corte. Sin embargo, “crea un régimen jurídico similar, ya que en él se puede restringir el ejercicio de derechos. Es un estado de excepción solapado, bajo la idea de un régimen legal específico para el conflicto armado interno”.

A Coloma le llama la atención que se trate de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo califique como económico urgente, cuando entra en terrenos de índole penal y procesal penal. “Puede pasarse la Constitución e instrumentos internacionales. Configura un derecho penal del enemigo. Hay uno para el ciudadano común que roba o se pasa un semáforo en rojo o comete corrupción, pero habría otro para el enemigo interno del Estado”.

Asimismo, a Coloma le parece que el uso de la fuerza quedaría prácticamente a discreción de las fuerzas de seguridad. Recuerda el caso de los niños de Las Malvinas, además de otras denuncias que exigen que se ponga un freno a los abusos. “La propuesta es una manifestación de principios que da un espaldarazo a esas prácticas. Se habla de un indulto anticipado, que desfigura el concepto”.

¿Qué pasará con el debido proceso?

El exasambleísta Jorge Peñafiel apunta que el proyecto de ley tiene una muy buena intención y demuestra el interés de Noboa de combatir a las bandas criminales. Pero incluye varios temas en el orden penal, constitucional y económico que se deben analizar en el marco de la carta magna.

Por ejemplo, él señala que la propuesta riñe con el debido proceso para prejuzgar a personas vinculadas a bandas, lo que daría lugar a una declaratoria de inconstitucionalidad. También remarca que “se crea una especie de estado de excepción por sobre el establecido en la Constitución. Sería un estado superior para el caso de conflicto armado”.

El proyecto crea la figura de jueces especializados

Para el constitucionalista Sebastián López, hay que evaluar cuánto tiempo le ha tomado a la Judicatura crear los jueces constitucionales, como se decidió en consulta popular. Por eso dice que la transitoria que dispone contar con jueces especializados para la criminalidad organizada resulta algo complicado, costoso y peligroso.

Incautaciones de bienes

David Cordero pide no olvidar que en la Constituyente de Montecristi se aprobó un mandato constituyente para supuestamente recuperar dineros de la banca quebrada y eso fue “una cacería de brujas; exparejas y primos de socios de esos bancos sufrieron incautaciones de bienes sin juicio. Vean el caso Isaías. Puede usarse en una guerra económica, entre grupos de poder”.

Además, David Cordero alerta porque el presidente podría decidir que los indígenas o sindicalistas son grupos armados. "En El Salvador, Bukele decide que un tatuaje es prueba suficiente para ir a la cárcel".

Alberto Acosta Burneo opina que es un proyecto clave para enfrentar la economía criminal, que propone alivios financieros e incentivos para las zonas más afectadas, pero “en esta lucha contra el narcotráfico, no podemos sacrificar los derechos de los ciudadanos honestos”.

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