Las tres claves del proyecto de ley urgente de Noboa contra el crimen organizado

El proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal, vinculada al Conflicto Interno Armado, que llegó a la Asamblea el viernes 17 de mayo del 2025, inquieta a los abogados y economistas.

El presidente Daniel Noboa, en su propuesta, señala que tiene la finalidad de contrarrestar a las economías criminales, a través de la implementación de un régimen de medidas de combate; enfocado en la neutralización efectiva de los grupos armados organizados y en la priorización de la protección de la ciudadanía, la seguridad nacional y el restablecimiento del orden público, para aumentar la resiliencia del sistema económico y financiero y reactivar la economía de las zonas afectadas.

Sin embargo, los analistas identifican algunos riesgos en una propuesta que no debería ni siquiera calificarse como proyecto económico urgente. ¿Cuáles son las claves del proyecto de ley económico urgente de Noboa? Uno: El presidente solo requerirá emitir un Decreto Ejecutivo para que se reconozca de modo oficial la existencia del conflicto armado interno. En él debe identificar a los grupos armados y disponer las medidas económicas y financieras.

¿Y el estado de excepción? Hay que recordar que el 28 de febrero, la Corte Constitucional ya hizo un control de constitucionalidad a los estados de excepción de Noboa por el conflicto armado interno y encontró que "sus beneficios son casi inexistentes ante la falta de resultados reales y las graves consecuencias que empiezan a evidenciarse".

El presidente decidiría qué es un conflicto armado interno

¿Cuál es otra clave del proyecto de ley de Noboa? Dos: basándose en el artículo 8 del proyecto de ley, el Ejecutivo tendría la potestad para reconocer que hay un conflicto armado, basándose en cualquier criterio, ya que no está especificado y se señala que la conceptualización se trabajará en el Reglamento General, que se hace luego de aprobada una ley.

Así, en el artículo 8 del proyecto se dice que se reconocerá el conflicto armado interno, cuando se evidencie: Organización de grupos armados e intensidad de la violencia. "La conceptualización de criterios se determinará en el Reglamento General".

En el artículo 9 se especifica que se reconocen grupos armados organizados, que gestionan economías criminales, a:

Grupos armados organizados, paramilitares, guerrilleros, autodefensas y otros grupos que cumplan con los elementos o requisitos establecidos en el Reglamento.

En ese estado de conflicto armado interno, el presidente Noboa podrá decidir el otorgamiento del indulto a personas procesadas penalmente por hechos relacionados con dicho conflicto, aunque estén en etapa de investigación y en una única audiencia exprés, con jueces y fiscales especializados, que el Consejo de la Judicatura debe crear en 90 días.

¿Pueden incautarse bienes?

En el artículo 14 se indica que podrán incautarse los bienes muebles e inmuebles, valores, dinero en efectivo o ganancias o cualquier rédito, que como parte de la actividad de un grupo armado organizado o vinculados a sus economías criminales, se encuentre en posesión, uso o goce de personas que de cualquier forma participen directa o indirectamente.

Al respecto, el economista Alberto Acosta Burneo comentó que es un proyecto clave para enfrentar la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, se busca fortalecer capacidades para combatir a los grupos desde múltiples fuentes. Lo económico, legal, operativo y judicial. Reconoce oficialmente la existencia de un conflicto, una figura distinta al estado de excepción, propone alivios financieros e incentivos para las zonas más afectadas.

Sin embargo, Acosta Burneo subraya: "En esta lucha contra el narcotráfico, no podemos sacrificar los derechos del os ciudadanos honestos. Hay que evitar confundir civiles con combatientes, confiscar bienes sin una sentencia en firme y expulsar extranjeros sin una sentencia judicial, usar la fuerza sin límites claros, debilitar el debido proceso porque necesitamos una estrategia fuerte y multidisciplinaria, pero hay que hacerlo bien para que estas nuevas herramientas, no se conviertan en armas contra los inocentes".

En ese sentido, se establece una reforma en el artículo 32 de la Ley de Régimen Tributario Interno“. En ese se introduce un artículo que señala: "Los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas, en equipamiento y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana, obtendrán una rebaja del impuesto a la renta causado del periodo fiscal equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución.

Esos bienes muebles e inmuebles incautados serán administrados por la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Se presumen como objetivos militares los vehículos polarizados y sin placas que circulen por las vías del país, y que no pertenezcan a autoridades o instituciones gubernamentales, entre otros.

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