Eduardo Carmigniani | Panamá
Era de suma importancia porque con eso Panamá saldría de la lista de paraísos fiscales del Ecuador
El presidente José Raúl Mulino, de Panamá, anunció que ayer jueves estaba por firmarse un documento para intercambiar información tributaria entre su autoridad de impuestos y nuestro SRI, agregando que esa decisión -surgida de conversaciones directas con el presidente Noboa- era de suma importancia porque con eso Panamá saldría de la lista de paraísos fiscales del Ecuador. Enhorabuena que nuestro gobierno se haya animado, desmitificando el sambenito de que ese importantísimo centro comercial y financiero centroamericano -con el que históricamente hemos mantenido muy cercanas relaciones económicas, políticas y sociales- dizque solo es una especie de guarida de piratas.
Importantes grupos empresariales ecuatorianos han adquirido o montado negocios en Panamá. En su momento también lo hicieron nuestros bancos locales, que entraron a competir estableciendo entidades con operación real en ese mercado (y no meras fachadas ‘off shore’). Pero se vieron obligados a desinvertir cuando el Código Monetario y Financiero, de 2014, impuso la absurda prohibición de que tengan participación “en entidades financieras constituidas o por constituirse en paraísos fiscales… …de acuerdo con las definiciones que establezca el servicio de rentas internas” (art. 183). Y claro, nuestro SRI de esa época tenía a Panamá como emblema de supuesto paraíso fiscal, pese a que los impuestos que pagan quienes ahí operan son similares a los nuestros, y pese a que sus estándares de supervisión bancaria son de altísimo nivel.
Entonces, que el SRI elimine a Panamá del listado de paraísos fiscales abrirá la puerta para que nuestra banca pueda volver a invertir en ese país, ampliando sus negocios y diversificando riesgos en beneficio de sus depositantes. Pero no solo eso. Permitirá intensificar los intercambios comerciales de todo tipo, evitando además que se vuelva a aplicar -como ya sucedió en 2012- medidas de retorsión a empresas ecuatorianas, a las que se les impidió contratar con el Estado panameño por considerar que Ecuador establecía restricciones discriminatorias en su contra.