Déficit fiscal de $5.400 millones en Ecuador: ¿Podría haber más impuestos este año?
Expertos descartan nuevos tributos para 2026 y apuntan a reducir del gasto público como única vía para cumplir meta del FMI
Ecuador enfrentará un déficit fiscal de aproximadamente $5.400 millones en 2026, similar al registrado en 2025, según proyecciones de analistas económicos. Esta cifra duplica la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de $2.600 millones para el cierre del presente año.
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El economista José Hidalgo, director de Cordes, explicó que el déficit de 2025 cerró en torno a $5.000 millones, basándose en datos oficiales que muestran $4.329 millones acumulados hasta noviembre. "Creemos que este año 2026 va a estar otra vez en torno a 5.000 millones", proyectó el especialista.
Los expertos consultados coinciden en que el gobierno de Daniel Noboa no subirá impuestos este año. José Hidalgo destaca que en 2027 habrá elecciones seccionales, factor que hace que el gobierno evite tomar medidas que molesten a los votantes.
"Después de haber tomado dos medidas importantes, pero impopulares durante su mandato, como fueron el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la eliminación del subsidio de los combustibles, el gobierno no está dispuesto a seguir tomando ese tipo de medidas", explicó Hidalgo.
Por su parte, Pablo Hidalgo, analista de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), también descartó la posibilidad de nuevos tributos. El especialista consideró que el IVA ya alcanzó su límite prudencial. "Por el IVA no le veo posible, no creo que eso suceda porque de hecho es el impuesto que genera mayores recursos para el estado".
Impuesto a la renta
Sobre el impuesto a la renta, el segundo tributo más importante del país, los expertos coinciden en que podría ser objeto de reformas, pero no durante este año.
José Hidalgo se refirió específicamente al impuesto a la renta corporativo, aunque señaló que las reformas podrían no ser viables. "Reducirlos beneficios que tienen algunas empresas por tener actividades en ciertas zonas del país o en determinadas actividades, eso me parece que ya no sería viable".
El especialista aclaró que estas reformas corporativas no podrían implementarse en 2026, sino en 2027. "Cualquier cambio a un impuesto anual tiene que hacerse el año anterior para que pueda entrar en vigor", señaló, por lo que modificaciones a los beneficios empresariales solo aplicarían desde 2027.
Por su parte, Pablo Hidalgo enfocó su análisis en el impuesto a la renta de personas naturales, considerando que una reforma debería dirigirse a los sectores de mayores ingresos. "El impuesto de la renta es un impuesto progresivo y en principio sería lo correcto en la reforma del impuesto de la renta, pero no para las personas que tienen menos ingresos, sino a los que tienen más ingresos. Porque obviamente tienen mayor capacidad de pago", explicó.
El analista de la UIDE añadió que según la CEPAL, la evasión tributaria de los sectores de mayores ingresos es uno de los principales problemas en América Latina, representando ingresos significativos que los estados no logran captar.
Reducir el déficit será el recorte del gasto público
Descartados los nuevos impuestos, los analistas sugieren que la única vía viable para reducir el déficit será el recorte del gasto público.
José Hidalgo propone revisar las transferencias desde el presupuesto del Estado a los gobiernos seccionales, que representan aproximadamente $3.500 millones anuales. "No que se les elimine ni mucho menos, pero que se discuta si tienen que mantenerse en un nivel actual y que realmente no tienen ninguna revisión de cuentas", explicó.
Pablo Hidalgo sugiere examinar el gasto tributario, que en 2022 representó $5.151 millones, equivalentes al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB). "Se podría revisar estos rubros de gasto tributario porque no todos los beneficios que se plantean tienen el efecto esperado en la economía", indicó.
Para 2026, varios elementos podrían incrementar el déficit fiscal. La eliminación del impuesto temporal a las empresas que se cobró en 2024 y 2025, el fin de la amnistía tributaria y un precio del petróleo más bajo representan factores adversos. Sin embargo, la eliminación del subsidio al diésel actúa como elemento compensatorio.
