Abogado de Álvarez solicita cambiar prisión preventiva por presentaciones periódicas
El abogado del funcionario planteó que se sustituya la medida cautelar por un régimen de presentaciones periódicas
La defensa del alcalde Aquiles Álvarez solicitó al Tribunal de la Sala de Garantías Penales que se revoque la prisión preventiva dispuesta en su contra el pasado 11 de febrero por el juez Jairo García, luego de los allanamientos ejecutados dentro del denominado caso Goleada.
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En el pedido, el abogado del funcionario planteó que se sustituya la medida cautelar por un régimen de presentaciones periódicas, las cuales —según la solicitud— deberían cumplirse en la cárcel del Encuentro, centro penitenciario donde Álvarez permanece detenido.
La solicitud se da en el marco de la audiencia correspondiente al tercer intento de apelación presentado por la defensa para revertir la prisión preventiva. En las instancias anteriores, el Tribunal mantuvo la medida al considerar que subsistían los elementos que motivaron su imposición.
Revisión de la medida cautelar
Durante esta nueva audiencia, los magistrados analizan nuevamente los argumentos de la defensa, que insiste en la revisión de la medida cautelar, mientras que la decisión final deberá determinar si Álvarez continúa privado de libertad o si accede a medidas sustitutivas.
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El proceso penal se desarrolla en el contexto del caso Goleada, una investigación que se activó tras una serie de allanamientos y que mantiene al alcalde como parte del expediente judicial. La resolución del Tribunal marcará el curso inmediato de la situación legal del funcionario mientras avanza la investigación.
El abogado Ramiro García reportó el martes 10 de marzo del 2026 que, pese a contar con autorización formal, inicialmente no se le permitió ingresar a la Cárcel del Encuentro para visitar a su defendido, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
El mismo escenario se repitió el 9 de marzo, cuando García intentó ingresar nuevamente al centro penitenciario. “Esto, en pleno desarrollo de la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, constituye una clara vulneración del derecho a la defensa establecido en la Constitución y de todas las garantías del debido proceso. Presentaremos las acciones jurídicas que la ley y la Constitución nos conceden”, expresó García.
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