Aquiles Álvarez, ¿el nuevo 'villano de Marvel'? El Estado parece no medir el trato

En el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el gobierno parece actuar con la convicción (vana) de que no hay mañana. Fiscalía, Consejo de la Judicatura, autoridades del SNAI (una dependencia de la Presidencia de la República) se han ensañado contra él con el ímpetu propio de una venganza personal, sin detenerse a pensar ni por un segundo en los posibles efectos que semejante persecución podría acarrear en el futuro. 

Y la primera consecuencia predecible es la anulación del proceso por incurrir en serios atropellos a las garantías constitucionales básicas y por atentar contra el elemental principio del derecho a la defensa. 

Todo lo cual convertiría al alcalde de Guayaquil, por culpable que fuera del cargo de tráfico de combustibles que se le imputa, en el héroe político de la resistencia a lo que ya se ha configurado.

“Todo lo que están haciendo (con Aquiles Álvarez) está prohibido”, llegó a decir el abogado guayaquileño Julio César Cueva, entrevistado esta semana por el periodista Fausto Yépez. Y no está en absoluto descaminado. La suma de ilegalidades acumulada desde el momento en que la Fiscalía le abrió un segundo proceso judicial (el caso Goleada), en el que presenta cargos nuevos por los mismos hechos del primero (el caso Triple A), simplemente da vértigo.

Así fue el traslado a la cárcel del Encuentro

En primer lugar, su traslado a la cárcel del Encuentro. Ocurrió sin el conocimiento previo de su abogado y, por tanto, negándosele el derecho, garantizado en el capítulo de garantías penitenciarias del Código Orgánico Integral Penal (COIP), de recurrir a un juzgado de garantías y apelar. 

Para justificar la medida, se adujo motivos de seguridad: que su vida en la cárcel de Latacunga corría peligro, explicó el ministro del Interior, John Reimberg. El informe respectivo, sin embargo, fue declarado reservado sin cumplir ninguno de los requisitos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información determina para tal efecto. Ni siquiera el mismo Álvarez pudo conocer el supuesto informe de Inteligencia (a lo mejor inexistente) sobre su propia seguridad.

Inverosimilitud que da risa: quienes atentaban contra la vida del alcalde de Guayaquil, según el ministro, eran los correístas. La verdad es que si los correístas quisieran matar a alguien sería a Santiago Díaz, su exasambleísta y tesorero de campaña, preso por violación y delator de los manejos sucios del partido con dinero proveniente de Venezuela, delación que dio origen al caso Caja Chica y a la suspensión del correísmo del registro de partidos. Sin embargo ahí sigue Díaz. 

El correísmo quiere matar a su más seguro candidato (Álvarez) pero perdona la vida del traidor que los hundió.

El hecho de que Aquiles Álvarez, que todavía no ha sido juzgado y cuya inocencia se presume hasta que no se demuestre lo contrario ante un tribunal de la ley, haya sido trasladado a una cárcel de alta seguridad en la que está recibiendo el mismo trato (ya de por sí vejatorio) que los criminales con sentencia en firme, es otra ilegalidad clamorosa. 

Lo del alcalde de Guayaquil es una prisión preventiva. El COIP prescribe, en su caso, que debería ser separado incluso de los detenidos en flagrancia. Sin embargo, está junto a los más peligrosos asesinos y capos de bandas del crimen organizado. Si fuera cierto aquellos de que su vida corre peligro, debió llevársele a una casa de seguridad, como se hizo con la detenida Mayra Salazar, testigo eficaz del caso Metástasis, tal como recuerda Julio César Cueva.

Pero no. Lo llevan a una cárcel de máxima seguridad. Y lo rapan. Y le quitan los libros que tenía en Latacunga, incluida una Biblia. Y lo mantienen incomunicado, según testimonio de su abogado, Ramiro García, quien tuvo que tratar dos días hasta que le permitan entrar para verlo. 

La incomunicación, que parece algo normal en esta cárcel que funciona bajo los criterios medievales de la mazmorra, es en realidad una aberración que se opone a las leyes de la República y a los más elementales estándares internacionales de derechos humanos. 

Pero en el Ecuador hemos resucitado el Antiguo Régimen: a Aquiles Álvarez lo han metido en un hueco que no recibe la luz del sol y del que no había salido, al menos hasta que su abogado lo vio, desde hacía 72 horas. Es decir: lo quieren quebrar mediante presión física. En otras palabras: el alcalde de Guayaquil está siendo torturado.

Las dificultades para acceder a su defensa

Pero este traslado busca aún otro objetivo no menos importante: bloquear su derecho a la defensa. La cosa se pinta así: Aquiles Álvarez está siendo juzgado en Quito, por esa razón contrató a un defensor de la capital. Ahora ese abogado, cada vez que necesite hablarle, habrá de embarcarse en un vuelo de 45 minutos hasta Guayaquil, tomar una ruta de hora y media hasta la provincia de Santa Elena y completar el trayecto de casi una hora más desde la carretera por un camino vecinal en pésimas condiciones con la esperanza de que los militares que custodian el exterior y el SNAI que administra la cárcel hayan coordinado su ingreso debidamente, cosa que muy probablemente no ocurra, en cuyo caso le tocará (como ya le tocó) volver al día siguiente.

Cuando por fin consiga entrar, luego de atravesar tres filtros de seguridad en los que le despojarán hasta de las grapas de los documentos que lleva para mostrar a su defendido (tal cual), será conducido a una habitación separada de otra por un vidrio blindado con agujeritos. Al otro lado, Aquiles Álvarez. A cada lado del vidrio, a metro y medio de los interlocutores y por tanto enterándose de todo lo que dicen, un policía. 

En las esquinas, cámaras de video. Otra ilegalidad: la cárcel del Encuentro da por suspendido el derecho elemental de confidencialidad entre abogado y cliente.

Aquella imagen de Ramiro García en la cárcel del Encuentro, que el ministro del Interior, John Reimberg, tuiteó junto con el mensaje de “foto mata relato”, procedía precisamente de ese cuarto. García fue fotografiado mientras conferenciaba con su defendido. No se puede descartar que el ministro ni siquiera fuera consciente del atropello que estaba cometiendo. 

Para él, esto es cuestión de chullitas y bandidos, de villanos de Marvel y operativos de G.I. Joe. Cuando esto haya terminado y echemos la vista atrás para entender el sistema de privación de las garantías constitucionales que montó el noboísmo, nos sorprenderemos de encontrar a unos niños a cargo de los principales operativos.

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