“Si algo funciona bien, no lo dañen”: Tatiana Coronel sale en defensa del aeropuerto

“Si algo funciona bien, no lo dañen”. Con esa frase, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, defendió la gestión municipal del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y cuestionó la intención del Gobierno central de intervenir en la estructura administrativa de la autoridad aeroportuaria de la ciudad.

La declaración se produjo durante una sesión del Concejo Cantonal, en medio de la controversia generada por un oficio enviado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), en el que se pide reformar los estatutos de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil para ceder parte del control al Ejecutivo.

La postura municipal fue clara: el aeropuerto, cuya administración está en manos de la ciudad desde el año 2000, debe seguir bajo gestión local.

“Vamos a defender la autonomía local. El aeropuerto le pertenece a la ciudad de Guayaquil. En Ecuador la Constitución reconoce la autonomía de los gobiernos autónomos; si el Municipio administra el aeropuerto, quitarle esa competencia lo tomamos como una centralización del poder, lo cual sería un retroceso”, expresó Coronel ante el Concejo.

Un ultimátum del Gobierno

El origen del conflicto se remonta al oficio emitido el 4 de marzo por el MIT. En el documento se solicita que el Municipio presente, en un plazo de cinco días, una propuesta de reforma al estatuto de la Autoridad Aeroportuaria.

La propuesta plantea cambios estructurales en el manejo del organismo, entre ellos:

• La conformación de un directorio compartido, con cinco representantes del Estado y cinco de la entidad local.

• Que el presidente del directorio sea designado por el Ministerio, con voto dirimente.

• Que decisiones clave como presupuesto, planificación y control financiero deban ser aprobadas por este nuevo directorio.

• Que el gerente general sea elegido directamente por esta instancia.

Según el Ministerio, la medida responde a una competencia constitucional del Estado central para regular puertos y aeropuertos en todo el territorio nacional.

Para el cabildo guayaquileño, en cambio, el planteamiento abre la puerta a una intervención en la gestión de una infraestructura que, durante más de dos décadas, ha sido administrada por la ciudad.

• El planteamiento del Ejecutivo busca que el directorio del aeropuerto tenga representantes del Gobierno y del Municipio.

“Un modelo que ha funcionado”

Durante su intervención, Coronel defendió el modelo de gestión del aeropuerto y aseguró que los resultados evidencian su éxito.

“Si un modelo de gestión local ha demostrado eficiencia, inversión y calidad de servicio, no hay razón técnica para que el Gobierno central intervenga. Si algo funciona bien, no lo dañen”, insistió.

La alcaldesa subrogante recordó que el aeropuerto genera aproximadamente 30 millones de dólares al año, recursos que —según dijo— benefician directamente a la ciudad.

“Es un motor económico para Guayaquil. Las decisiones deben tomarlas quienes viven en la ciudad, no quienes viven lejos”, afirmó.

Además, mencionó que el sistema aeroportuario cuenta con un fideicomiso cercano a los 400 millones de dólares, destinado al desarrollo de infraestructura aeroportuaria.

Un precedente que preocupa

Desde el Municipio se advierte que el intento de modificar la gobernanza de la autoridad aeroportuaria podría tener implicaciones más amplias.

Coronel alertó que el caso podría sentar un precedente sobre la relación entre el Ejecutivo y los gobiernos locales.

“Si hoy se le quita a Guayaquil la gestión de su aeropuerto, mañana cualquier competencia municipal del Ecuador podría ser retirada”, señaló.

En la sesión también intervino el procurador síndico municipal, Francisco Mendoza, quien sostuvo que el pedido del Ministerio carece de sustento jurídico.

“Existe un déficit motivacional y no hay orden jurídico que ampare tal solicitud. Nuestra postura es garantizar la autonomía administrativa y financiera del Municipio y de la fundación encargada de administrar el aeropuerto”, explicó.

Mendoza recordó que la competencia fue delegada expresamente al Municipio mediante un decreto ejecutivo emitido en el año 2000, cuando se creó el modelo de gestión actual.

El aeropuerto guayaquileño opera bajo un esquema de concesión administrado por la empresa Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. (TAGSA), contrato que se extiende hasta 2031.

• Según el procurador municipal, una intervención directa en la gobernanza del aeropuerto podría afectar la seguridad jurídica del proceso concesionado.

Durante la sesión del Concejo también hubo pronunciamientos de concejales de distintas bancadas. La concejala socialcristiana Nelly Pullas recordó que el aeropuerto se construyó bajo un modelo de gestión local que no implicó gasto directo para el Municipio.

“El aeropuerto se levantó sin fondos municipales directos. Fue el resultado de una administración eficiente que permitió crear la fundación que hoy lo gestiona”, sostuvo.

• Mientras algunos ediles consideran que la iniciativa del Gobierno central representa una amenaza a la autonomía municipal, otros han pedido una explicación más detallada sobre el alcance de la propuesta del Ministerio.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!