Aquiles Alvarez enfrenta tercer proceso penal y hasta tres años de cárcel
Tras hallarse su grillete en el piso y registrarse inasistencias, el alcalde Aquiles Alvarez suma un tercer frente judicial
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta un nuevo escenario judicial que podría derivar en una pena de uno a tres años de prisión. La Fiscalía General del Estado lo procesa ahora por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tras detectar un presunto “desacato sistemático y contumaz” de las medidas cautelares dictadas en los casos Triple A y Goleada. El foco de la acusación se centra en el uso irregular del dispositivo de vigilancia electrónica.
Desde el pasado 9 de marzo, el juez Ítalo Zambrano Reyna, de la Unidad Judicial de Samborondón, asumió la dirección de esta causa tipificada en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La normativa es taxativa: sanciona a quien desobedezca órdenes o prohibiciones legales emanadas de autoridad competente, una situación que complica la situación jurídica del primer personero municipal.
El polémico hallazgo del grillete electrónico
Este nuevo proceso se desprende de las irregularidades detectadas durante la etapa de juicio del caso Triple A. El pasado domingo 8 de marzo, el Tribunal de Juicio revocó las medidas alternativas y dictó prisión preventiva contra el alcalde, tras confirmar alteraciones en las seguridades del grillete electrónico. Según el acta de juzgamiento, el dispositivo no cumplía su función de rastreo continuo, lo que destruyó la tesis de la defensa técnica.
La Sala de Juzgamiento, integrada por los jueces Jorge Sánchez, Clara Soria y Víctor Barahona, fundamentó su decisión señalando que el desprendimiento de los mecanismos de control estatal evidencia una intención de evadir la acción de la justicia. Según el criterio del tribunal, el uso del dispositivo electrónico constituye una imposición coercitiva de carácter obligatorio y no una medida de uso facultativo para el procesado.
Manipulación técnica y desacato flagrante
La revisión de las medidas cautelares determinó dos puntos centrales: la manipulación física del dispositivo y la ineficacia de la presentación periódica. Respecto al primer aspecto, los informes técnicos de Criminalística y del SNAI detallaron la extracción de tornillos del seguro metálico y el uso de cinta aislante en el equipo. El dispositivo fue localizado fuera del alcance del procesado, en el suelo de su habitación, lo que fue registrado como un incumplimiento de las obligaciones procesales dispuestas por la autoridad.
#CasoTripleA | #FiscalíaEc señala que en el desarrollo de la audiencia de juicio demostrará la participación de todos los imputados en los hechos investigados por el presunto delito de comercialización y distribución ilegal de #Hidrocarburos ⬇️ pic.twitter.com/hUZYRB8woj
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 8, 2026
Inasistencias injustificadas y traslado de prisión
El segundo eje de la acusación se fundamenta en el registro de la Fiscalía del Guayas, que certificó la inasistencia de Alvarez a sus presentaciones periódicas en seis fechas entre febrero y marzo de 2026. Aunque la defensa sostuvo que estas ausencias derivaron de su detención previa por el caso Goleada, el Tribunal determinó que la medida de presentación periódica es materialmente ineficaz debido al actual estado de reclusión del procesado.
Tras la orden de prisión preventiva en el caso Triple A, Aquiles Alvarez fue trasladado desde el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi hacia el centro penitenciario conocido como 'Cárcel del Encuentro', en la provincia de Santa Elena. El cambio de centro se sustentó en un informe de seguridad que señalaba riesgos para la integridad física del funcionario.
Rapar a Aquiles Álvarez y quitarle su Biblia y sus libros, son formas de trato inhumano y degradante, además de muestras de crueldad innecesarias, que utilizan al derecho penal y el sistema penitenciario como instrumentos de la política. Piénsenlo bien autoridades. pic.twitter.com/gqvVrICFu3
— 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚 𝐅 (@ramirogarciaf) March 10, 2026
Vigilancia fiscal en Samborondón
La fiscal Lisset Barragán, de la Administración Pública de Samborondón, lidera la recolección de información sobre el incumplimiento de las medidas cautelares que originalmente fueron dictadas en julio de 2025. Con este nuevo frente, Álvarez acumula tres procesos penales que marcan un hito en la situación legal del alcalde y ponen bajo examen el cumplimiento de las disposiciones de vigilancia electrónica en el país.
