Corte avala renovación del estado de excepción decretado por el Gobierno
La Corte avaló renovación del estado de excepción por 30 días, en medio de nuevas medidas de seguridad como el toque de queda
La Corte Constitucional del Ecuador declaró, este 13 de marzo de 2026, la constitucionalidad de la renovación del estado de excepción dispuesta por el Gobierno a través del Decreto Ejecutivo 311, medida adoptada en el contexto de la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Según el dictamen No. 2-26-EE/26, el organismo concluyó que el decreto emitido por el presidente Daniel Noboa el 28 de febrero de 2026 cumple con los requisitos constitucionales. La decisión extiende por 30 días el estado de excepción que había sido declarado previamente mediante el Decreto Ejecutivo 277, el 31 de diciembre de 2025, bajo la causal de grave conmoción interna.
Provincias donde rige el estado de excepción
La medida se mantiene en varias provincias del país: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
También se aplica en los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en Bolívar.
Suspensión de derechos bajo revisión constitucional
En su análisis, la Corte revisó las medidas incluidas en el decreto, entre ellas la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, disposiciones que ya habían sido aplicadas en el decreto anterior.
El organismo concluyó que estas restricciones fueron establecidas bajo los mismos parámetros legales y, por lo tanto, declaró su constitucionalidad, permitiendo que continúen vigentes durante el periodo de excepción.
Medidas de seguridad y toque de queda
La renovación del estado de excepción ocurre en medio de nuevas medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno para enfrentar la violencia criminal en el país. Entre ellas se encuentra la implementación de toques de queda en cuatro provincias.
Las autoridades sostienen que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir el crimen organizado y recuperar el control del orden público en las provincias más afectadas por la violencia. Mientras tanto, la Corte Constitucional mantiene su rol de control sobre las medidas extraordinarias adoptadas por el Ejecutivo.
