Cartas de lectores: Parte de Manabí está en crisis vial y de agua potable
Esta realidad debe ser transformada cuanto antes por el Gobierno y la Asamblea
Viajando desde Guayas hacia el cantón Sucre, Manabí, lo primero que se percibe es el cambio al pasar de una vía concesionada en buenas condiciones a otra sin concesión, deteriorada y sin la más mínima intervención por parte del Gobierno, a través del MTOP, ni de autoridades provinciales o seccionales, que no ejercen presión para cambiar esta situación.
La problemática se remonta a hace unos 15 años, cuando se intervino el tramo La Cadena-Portoviejo, olvidando el tramo entre Charapotó y Bahía de Caráquez, que lleva al menos 30 años sin atención. El desarrollo vial en Manabí había tomado buen rumbo los primeros años de este siglo, al punto de que el Estado transfirió competencias a la Prefectura provincial, iniciando un proceso de concesión del sistema vial Portoviejo-Manta-La Cadena.
Este proceso fue abruptamente interrumpido por el Gobierno que asumió en 2007, con consecuencias visibles hoy en el deterioro de la red vial. A esta situación se suma un problema más grave: la supervivencia de la población del centro-norte de Manabí, en especial en Bahía de Caráquez, que sufre desde hace más de 40 años -y con mayor intensidad en los últimos 25- falta de abastecimiento seguro y continuo de agua potable.
Esto pese a contar con una fuente segura, aunque distante: el embalse Daule Peripa, operativo desde 1988 y construido por la ex Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (Cedegé). Este embalse garantiza el suministro a la zona central de la provincia mediante el sistema de trasvase Daule Peripa-La Esperanza-Poza Honda-Mancha Grande, en funcionamiento desde 2002 y ejecutado por el ex Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), que ya en 1965 había construido en La Estancilla, una planta de tratamiento de agua potable para Bahía de Caráquez, entonces abastecida por el río Carrizal.
Esto evidencia que, más allá de los problemas comunes que enfrenta cualquier obra pública, existen falencias ligadas a la visión de país de los gobiernos de turno. Desde los años 60, Ecuador fue guiado por gobiernos que apostaron al desarrollo con instituciones descentralizadas y desconcentradas, siguiendo directrices del Gobierno, cuyos resultados fueron visibles en los proyectos ejecutados. Esta visión cambió tras 2010, cuando se impuso un modelo centralista y concentrador de decisiones, que dejó de lado las necesidades de grandes sectores de la población. Esta realidad debe ser transformada cuanto antes por el Gobierno y la Asamblea.
Jacinto Rivero Solórzano