Fiscalía y Judicatura se culpan por caso de comerciante secuestrada en Guayaquil

Si hubiera que escribir una canción para describir la conducta de algunas de las instituciones encargadas de velar por la seguridad habría que tomar prestado, de la canción infantil ‘De tin marín de do pingüé’, la frase que dice “Yo no fui, fue Teté” y ponerla como estribillo al final de cada estrofa. “Yo no fui, fue Teté” es, precisamente, lo que se están cantando mutuamente la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura ante la escandalosa e injustificable liberación de un par de delincuentes muy peligrosos que tenían secuestrada a una comerciante de nacionalidad china en Guayaquil y que fue asesinada durante su cautiverio. 

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En realidad, ambas instituciones tienen responsabilidad en ese siniestro episodio, pero ninguna asume la responsabilidad y, por el contrario, se echan la culpa mutuamente. Como si ambas fueron la mismísima personificación del Espíritu Santo.

El cuento del lavamanos de Fiscalía y Consejo de la Judicatura se origina en el secuestro de una comerciante a quien los delincuentes la sacaron de su negocio en la ciudadela Martha de Roldós. Un caso que pudo resolverse 24 horas después del hecho si Fiscalía y Función Judicial hubiesen actuado como debían hacerlo, es decir con responsabilidad y aplicando la ley. 

Pero no fue así y ahora juegan al “yo no fui, fue Teté”. Los secuestradores recuperaron su libertad menos de 24 horas después de su captura y el viernes 6 de junio la mujer de 35 años fue hallada sin vida en una especie de cisterna al norte de Guayaquil. La Policía confirmó que su cuerpo apareció junto al de otras tres víctimas, también comerciantes secuestrados.

Dos secuestradores exigían rescate por la comerciante plagiada

El drama comenzó el 30 de mayo, cuando el esposo de la víctima presentó la denuncia, en la que incluyó las capturas de pantalla de los mensajes extorsivos y la placa del vehículo en el que fue secuestrada. La policía localizó a los captores la madrugada del 31 de mayo.

Los delincuentes exigían un millón de dólares para liberarla, bajo amenaza de matarla. Las investigaciones de la Dinased permitieron identificar a Jhorly Ariel Portocarrero Mera, alias Cocacho, como uno de los autores materiales. Fue capturado el 31 de mayo y señaló a Byron Steven Méndez Villavicencio, alias La Pinky, como el autor intelectual y responsable de la logística. P

Pocas horas después, la Policía detuvo a La Pinky, quien también confesó su participación. Luego del arresto, el caso quedó en manos de Rómulo Sevilla Jara, agente fiscal de la Fiscalía del Guayas. Presentó cargos por secuestro extorsivo contra Portocarrero y Méndez Villavicencio. 

Los roles del fiscal y el juez en el macabro caso

Pese a que se incautó un arma de fuego, pese a las confesiones de los detenidos y a que la víctima aún se encontraba desaparecida, el fiscal Rómulo Sevilla Jara permitió la libertad de Méndez, alias La Pinky. Pidió para él únicamente medidas alternativas a la prisión. Solicitó al juez que se obligue a La Pinky a la presentación periódica y prohibición de salida del país. Para Portocarrero Mera, alias Cocacho, en cambio solicitó prisión preventiva.

El juez Juan Pablo Pulgarín Barreto aceptó la solicitud y dispuso la libertad de La Pinky y dispuso, de acuerdo con un principio de “igualdad”, negar la prisión del segundo detenido y ordenar su libertad con las mismas condiciones que Cocacho. 

El juez no tomó en cuenta que La Pinky registraba antecedentes penales por tenencia y porte de armas, robo, tráfico de drogas y homicidio. La periodista Catalina García, de Teleamazonas, informó en su cuenta de X que La Pinky volvió a ser visto en un delito inmediatamente después de recuperar su libertad.

En resumen, ni el fiscal encargado del caso ni el juez hicieron su trabajo y permitieron que ambos secuestradores salieran libres. Ahora, sin embargo, la Fiscalía le echa la culpa al juez por lo ocurrido.

Fiscalía y Judicatura juegan al ‘de tin marín de do pingüé’

En un comunicado, ese organismo dice que solicitó presión preventiva para Cocacho y medidas sustitutivas para La Pinky. ¿Por qué no pidió prisión preventiva para La Pinky cuando se sabía que era un sujeto con antecedentes peligrosos? ¿Por qué no lo hizo cuando la víctima aún estaba secuestrada? 

El Consejo de la Judicatura salió en defensa del juez y le echó la culpa al fiscal. Asimismo en un comunicado, el Consejo de la Judicatura sostuvo que “en virtud del principio de igualdad y no discriminación”, estas medidas (las de La Pinky) también fueron concedidas a Cocacho, quien fue aprehendido en las mismas circunstancias.

Críticas a la justificación de la Judicatura

Lo del principio de igualdad que alegó el juez y que el Consejo de la Judicatura defiende en su comunicado, es un absurdo monumental. Como sostiene el penalista Ramiro García, no hay cómo aplicar el principio de igualdad a la hora de otorgar medidas sustitutivas. 

Las medidas cautelares, sostiene, se solicitan y dictan con base en las circunstancias personales de cada procesado y el riesgo de fuga que cada uno represente. “Alegar el principio de igualdad para no haber dictado prisión preventiva a un procesado es de un nivel de ignorancia que asusta”, dice y sostiene que lo que el Consejo de la Judicatura asegura en el comunicado es “grave”.

De la misma opinión es otro penalista: Pablo Encalada, quien además asevera que lo que sostiene el Consejo de la Judicatura en su comunicado es indefendible, pues es de su competencia el régimen disciplinario de jueces y fiscales. En sus manos está, entonces, el examinar lo que hizo tanto el juez al que defiende, como el fiscal al que le está echando la culpa por lo sucedido.

Y así, entre ‘De tin marín de do pingüé’, la comerciante de nacionalidad china fue hallada muerta.

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