La acusación contra Andrés Arauz ubica al correísmo al nivel de GDO

“Hermano”, le escribió el dirigente correísta Andrés Arauz a su hombre en el Consejo de Participación Ciudadana, Augusto Verduga: “Le vamos a ayudar a Raúl G desde la Asamblea (se refiere a Raúl González, aspirante a superintendente de Bancos) pero necesitamos pocas cosas claves de parte de él. De los 50 cargos de libre remoción necesitamos 4”. Bastarían estas pocas líneas, ellas solas, conservadas en el teléfono del ya procesado y prófugo Verduga, para que tanto Andrés Arauz como Raúl González y quien ocupara en ese momento la presidencia de la Asamblea, en este caso Esther Cuesta, por encargo, sean llevados ante los jueces para rendir explicaciones. Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir esta semana por pedido del fiscal Wilson Toainga: los tres fueron vinculados al denominado caso Ligados con el cargo de asociación ilícita. 

(Te invitamos a leer| Caso Ligados: Jueza ordena presentación periódica para Arauz, González y Cuesta)

Se llama caso Ligados, claro, en alusión a la ilegítima “Liga Azul”, alianza del partido correísta para el control de un organismo, el CPCCS, que excluye a los partidos políticos de su seno. El correísmo no sólo colocó ilegalmente a varios consejeros en su interior sino que, como demuestra el contenido de los teléfonos de Verduga, conspiró planificada e incesantemente, según la investigación fiscal, para controlarlo desde fuera. 

En esa tarea, Andrés Arauz desempeñó el papel fundamental: excandidato a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, integrante de lo que en tiempos de guerra fría se habría llamado el politburó del comité central del partido correísta, hombre de confianza del líder máximo, Arauz fue designado por él personalmente (y esto también aparece en el teléfono de Verduga) para coordinar todas las acciones del CPCCS, lo cual significaba intervenir en los concursos de selección de autoridades de control, manipular sus resultados si fuera necesario y utilizar todas las herramientas a su alcance (el tráfico de influencias, por ejemplo) para lograr que esas autoridades respondieran a los intereses del partido: te apoyamos si nos entregas cuatro cargos, por ejemplo.

Andrés Arauz, el pez gordo del correísmo

Estamos, pues, ante el más gordo de los peces. De los tres vinculados de esta semana (que se suman a Verduga y los otros consejeros de Participación Ciudadana puestos por su partido), se puede decir que dos son de perfil bajo: Raúl González es el tonto útil cuya ambición fue aprovechada por el correísmo en su afán por alzarse con el control de la Superintendencia de Bancos; Esther Cuesta, una militante del montón, obediente y no deliberante, a quien le cupo la mala suerte de encontrarse a cargo de la presidencia de la Asamblea por ausencia de su titular, Viviana Veloz, e hizo lo que se le pidió: demorar el trámite de investidura del superintendente de Bancos legítimamente electo, Roberto Romero. 

Así fue la estrategia del correísmo, según Fiscalía

Arauz, en cambio, es una pieza clave del cerebro colectivo que diseñó la operación. Acusarlo a él de asociación ilícita es tanto como endilgarle al correísmo la categoría de grupo de delincuencia organizada. Porque aquello que coordinó Arauz en el CPCCS y constituye presunta conspiración contra el Estado obedece a las políticas del correísmo. Entre otras cosas:

1. La estrategia para controlar a los jueces del Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE) para evitar que se pronuncie contra los correístas integrantes del CPCCS; el manejo de información privilegiado gracias a un juez, Richard González, al que consideran de los suyos; la influencia que, según los chats y los audios de Verduga, ejercen sobre la presidenta de ese Tribunal, Ivonne Coloma, a través de su secretario, de quien dicen que “es nuestro”. La estrategia de dilaciones demorar la decisión al infinito…

2. La ya mencionada conspiración para tomarse la Superintendencia de Bancos, que incluía acciones coordinadas con la Asamblea Nacional para evitar el nombramiento del superintendente legítimo e intervenciones directas en el concurso, como cuando Andrés Arauz dictó a Augusto Verduga (mejor dicho: se las pasó por escrito, están en los chats) las preguntas con trampa con las cuales se pretendía impedir que Roberto Romero accediera al cargo.

3. La manipulación del concurso para elegir contralor general del Estado, con la participación de un candidato propio (Juan Falconí Puig) al que llegaron, según comentan en los audios los consejeros involucrados en el proceso, a filtrarle las preguntas del examen. Y como ni así pudo obtener una buena puntuación (quedó sexto), “le sacaron el examen, volvieron a poner uno con las respuestas correctas, como si lo hubiera hecho él, y el otro lo quemaron” (son palabras de Verduga). Mientras tanto, Rafael Correa daba aullidos desde Bélgica ante la inoperancia de su gente en el CPCCS que ni siquiera era capaz de colocar a uno de los suyos en el departamento de tecnologías digitales, seguramente para alterar los resultados.

Andrés Arauz, el coordinador correísta de la mayoría de estas y otras acciones ilegítimas en el CPCCS, ha sido descubierto con las manos en la masa. Residente en México, es ahora lo que se espera de cualquiera de su nivel en su partido: un aspirante a prófugo. Asociación ilícita, dice la acusación. ¿Qué asociación es esa? Se llama correísmo.

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