Control de justicia hace que gobierno atropelle la legalidad | Por Martín Pallares
Desesperación por mayoría en la Judicatura explica que Asamblea, bajo control del noboísmo, cometa una barbaridad jurídica
El Consejo de la Judicatura tiene un poder tan grande sobre la administración de justicia, que no hay movimiento político o gobierno que no tenga interés (o lo que es peor, necesidad) de tener control sobre él. Administrar el sistema de justicia, nombrar o sancionar jueces, hacer concursos para escoger los magistrados de la Corte Nacional (proceso pendiente) y otras facultades le permiten a cualquier movimiento político o gobierno que tenga mayoría en el organismo garantizar impunidades o extorsionar a rivales políticos. ¿Qué más se puede pedir para manejar el país a su antojo?
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Así lo entendió perfectamente el correato y ahora lo está entendiendo el gobierno de Daniel Noboa, que parece seguir los mismos pasos de su actual adversario político. Esa desesperación por tener mayoría en el súper poderoso Consejo de la Judicatura explica que la Asamblea Nacional, bajo el control del noboísmo, en la sesión del jueves 5 de junio haya cometido una barbaridad jurídica que puede convertirse en un peligroso precedente: echar abajo la terna enviada por la anterior Legislatura (presidida por la correísta Viviana Veloz) para definir al representante de la Función Legislativa al Consejo de la Judicatura.
Un peligroso precedente en la Asamblea
Básicamente la bancada gubernamental hizo que una decisión tomada por la anterior Legislatura hace casi un mes, y ratificada legalmente, sea revisada mediante una reconsideración que no existe en la normativa parlamentaria. Una decisión tan descabellada que no es exagerado decir que, con ese antecedente, si se voltea la mayoría en los próximos días, se podría rever la decisión de haber nombrado a Niels Olsen. Lo ocurrido se explica en la disputa entre el correísmo y el noboísmo para controlar la Judicatura y así la justicia.
El 13 de mayo, la Legislatura controlada por el correísmo y bajo la dirección de Veloz logró aprobar en las horas finales de esa Asamblea la terna que debe enviar al Consejo de Participación Social y Control Ciudadana (CPCCS) para la conformación del Consejo de la Judicatura. Ese organismo está conformado por cinco consejeros: uno propuesto por el Ejecutivo, otro por la Corte Nacional (quien será su presidente), otro por la Fiscalía General, otro por la Defensoría Pública y el quinto por la Asamblea.
La situación para la conformación de la Judicatura
De esas funciones del Estado, cuatro ya han remitido al CPCCS sus ternas: la Corte de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría Pública y la Asamblea. El único que no la había remitido era el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el gobierno quería postergar la designación que tiene que hacer el CPCCS hasta tener la certeza de que podría contar con una mayoría en el organismo.
La terna que había aprobado la Asamblea anterior bajo inspiración correísta y socialcristiana, el 13 de mayo, estaba integrada por Iván Patricio Montero López, Yolanda Narcisa de Jesús Salgado Guerrón y Ángel René Romero Esteves. Con la decisión adoptada el jueves, el proceso de selección de todos los consejeros continúa paralizado, ya que no hay ternas del Ejecutivo ni de la Asamblea. Mientras la selección no ocurra, el Ejecutivo controla el Consejo de la Judicatura, donde únicamente hay, por el momento, tres consejeros, entre los que está su presidente, Mario Godoy. En caso de que se envíe una nueva terna auspiciada por el oficialismo en la Asamblea, el Ejecutivo tendría dos votos asegurados en la Judicatura y estaría a un voto de asegurarse la mayoría.
La maniobra del gobierno arrancó con la moción del asambleísta Henry Bósquez, quien sostuvo que encontró varias irregularidades en la designación de Iván Montero, Yolanda Salgado y Ángel Romero como aspirantes a la Judicatura. Dijo además que esa terna, aprobada el 13 de mayo de 2025, fue enviada con “desespero” por las autoridades salientes de la Asamblea. Con ese argumento, Bósquez pidió dejar sin efecto lo votado por la anterior Legislatura y notificar al CPCCS, organismo que escoge finalmente a los integrantes de la Judicatura. “Se cierra el debate”, exclamó el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, a pesar de que no hubo otro debate que no fuera la intervención de Bósquez. El correísmo reclamó, pero, una vez más, sin ningún resultado.
La propuesta de dejar sin efecto la terna contó con el apoyo de 79 legisladores, incluyendo los aliados de Pachakutik. Bósquez planteó la modificación, pero en primera instancia no fue aprobada porque asambleístas de Pachakutik, como Carmen Tiupul, decidieron no apoyar al gobierno y se abstuvieron.
El susto puso a correr a legisladores como Valentina Centeno, que se acercó al puesto de Tiupul buscando que revea la decisión. Otros asambleístas gobiernistas hacían lo mismo con los otros que se abstuvieron.
Cuando las gestiones de Centeno y sus compañeros dieron resultados, Bósquez propuso la “rectificación” de la votación hecha en mayo. Eso encendió el reclamo de los correístas y de los socialcristianos, que en mayo estaban de aliados. Otto Vera dijo, y con razón, que lo hecho por el oficialismo pone en riesgo la seguridad jurídica de los integrantes de la terna que quedó sin efecto, quienes incluso podrían demandar en instancias nacionales.
El correísmo había enviado la terna desesperadamente antes de que termine la anterior Legislatura y ahora el oficialismo cometió una ilegalidad monumental para rever esa decisión. La sed por controlar la justicia lo explica todo.
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