Luis Cabezas-Klaere: de abogado de empresas vinculadas al caso Isspol a vigilar su liquidación

El escándalo estalló en septiembre de 2020, cuando la ministra de Gobierno de entonces, María Paula Romo, denunció la estafa en el mercado de valores ecuatoriano, cuyo principal blanco fue el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), con más de $900 millones esfumados.

A seis años se lo considera como el primer gran ‘asalto al mercado de valores’ por parte de una red de personas y entidades que operó de forma estructurada en torno a la emisión y colocación de bonos y obligaciones sin sustentos, en medio de un sistema de controles laxos.

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Dos de esas empresas que fueron parte del entramado son Delcorp S. A. y Ecuatoriana de Granos S. A. Ecuagran, según las investigaciones. En 2019, estas firmas se convirtieron en deudoras del Isspol tras emitir obligaciones por más de $21 millones. Básicamente expidieron facturas comerciales sin sustento económico.

Por estas irregularidades dichas empresas fueron intervenidas y posteriormente entraron en un proceso de liquidación de bienes que aún está en vigencia, cuya vigilancia recae en la Superintendencia de Compañías, bajo la dirección de Luis Alberto Cabezas-Klaere, quien tiene una relación pasada con esas firmas.

Cabezas-Klaere asumió dicho cargo el 15 de octubre de 2024 con el apoyo del Gobierno de Daniel Noboa. Su llegada a la institución ha generado inquietudes entre organizaciones de la sociedad civil por episodios de años recientes y por la intervención a Granasa, la editora de los periódicos EXPRESO y EXTRA.

La interventora enviada por la ‘Super’ de Compañías también es liquidadora de Ecuagran desde el 19 de enero pasado.

Los episodios cuestionados de Cabezas-Klaere

A partir del miércoles anterior, este Diario ha publicado reportajes que recogen la participación del abogado guayaquileño en la venta opaca de un hotel de la ciudad mientras él era el gerente, las acusaciones de un conflicto de intereses al asumir la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), en 2022 y 2024, en ese mismo orden, por ejemplo.

En ese último año, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionaba públicamente esa última designación con la metáfora “el ratón cuidando el queso”, porque “Cabezas-Klaere ha actuado como abogado externo de Hispana de Seguros y el Biess mantiene prorrogada la póliza para seguros de desgravamen contratada con dicha compañía”.

Este Diario le solicitó una entrevista a Cabezas-Klaere para conocer de qué forma su administración vigila los procesos pendientes de las firmas con las que tuvo una relación años atrás, pero este no aceptó.

Las empresas ligadas al caso Isspol

La relación profesional y jurídica entre Luis Cabezas-Klaere, las empresas Delcorp S. A. y Ecuagran, y su principal directivo Gad Goldstein, se evidencia de manera documentada principalmente entre los años 2020 y 2021, a través de actuaciones judiciales y administrativas claves.

El 25 de septiembre de 2020, Cabezas-Klaere, actuando como procurador judicial de Delcorp y Ecuagran, presentó formalmente una solicitud de concordato (concurso preventivo) ante la Superintendencia de Compañías. En esta fecha, él mismo le confirmó a la prensa haber realizado este trámite alegando que la empresa temía caer en cesación de pagos, según una nota de Primicias.

Durante su ejercicio como representante legal de Delcorp S. A. también se documenta una actuación específica sobre activos financieros. Cabezas-Klaere informó a la Superintendencia de Compañías que las empresas poseían certificados de depósito por $2,5 millones en el Banco del Austro.

Sin embargo, la resolución de disolución de Delcorp S. A. señala que la empresa no contaba con los documentos originales y que los habían solicitado al banco. “La renuencia en la entrega de la información en forma completa limita y obstaculiza la labor de control”, se lee en el documento de 2020.

Cabezas-Klaere ejerció la representación legal de Gad Goldstein, entonces presidente de las dos empresas (accionista en una), quien se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana. Sobre él y otros exdirectivos de las firmas pesan varios procesos judiciales, como el caso de presunta falsedad de información.

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2021, el abogado presentó un escrito ante la Unidad Judicial Norte 2 de Guayaquil informando que dejaba de representar a Goldstein, apenas unos días antes de que la justicia dicte órdenes de prisión preventiva contra él y otras personas en diciembre de ese año.

Luis Alberto Cabezas-Klaere también gerenció la empresa Continental Hotel S. A., dueña del Hotel Continental, entre 2021 y 2024, en un contexto de crisis económica tras el cierre de operaciones.

Cabezas-Klaere se consolidó en el cargo con el apoyo de Juan Francisco Bruzzone, quien se convirtió en su principal aliado frente a la desconfianza del bloque mayoritario de accionistas.

Su paso por la administración estuvo marcado principalmente por la polémica venta del activo principal (el edificio y las marcas) a la empresa Golfi S. A., de Simón Bolívar Rosero, por $4 millones, cuando las deudas ascendían a $6 millones, según socios de Bruzzicorp S. A., una de las accionistas.

Su rol como liquidador de Fidasa

La gestión de Cabezas-Klaere se caracterizó por cuestionamientos de socios y un liquidador de entonces, que alegaron que hubo una opacidad financiera, sin balances auditados y manejándose con “hojitas extracontables” en lugar de seguir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El abogado también se desempeñó como liquidador de Fidasa S. A., en 2019. Esta firma estuvo bajo la lupa de la Superintendencia de Compañías. Uno de los accionistas fue investigado por la Fiscalía en torno al caso Isspol.

Como liquidador, Cabezas-Klaere tenía la función de representante legal de la compañía para fines de liquidación de deudas, es decir, vender los activos para repartir el dinero a los acreedores de la compañía: empleados, el Estado y bancos.

Este Diario solicitó información a la Superintendencia de Compañías para conocer el avance de los procesos de liquidación de las empresas citadas. Sigue pendiente la respuesta.