Caso Muralla: los contratos y entidades municipales que investiga la Fiscalía en Machala

El caso Muralla, por el que el alcalde de Machala, Darío Xavier Macas Salvatierra, y su esposa, Carmen Ch., fueron procesados por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, se originó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre un supuesto direccionamiento de contratos públicos dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Machala.

Así consta en el expediente judicial 17L03-2026-00007G, que se tramita en la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

En la resolución de formulación de cargos, el juez señala que la investigación comenzó tras una denuncia presentada a la línea 1800-DELITO, en la que se advertía sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas vinculadas con el entorno del alcalde.

La Fiscalía abrió inicialmente una investigación por el presunto delito de peculado. Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias y se recopilaron informes financieros y societarios, el Ministerio Público reorientó el caso hacia el presunto delito de enriquecimiento ilícito, al considerar que existían indicios de un incremento patrimonial que no guardaría relación con los ingresos declarados por los procesados.

Para sustentar esa hipótesis, la Fiscalía incorporó información del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Compañías, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Policía Nacional, documentos que fueron expuestos durante la audiencia de formulación de cargos.

La denuncia sobre contratos

Según el expediente, la denuncia que dio origen al caso advertía sobre un presunto direccionamiento de contratos municipales hacia empresas vinculadas con el entorno del alcalde. A partir de esa alerta se iniciaron las primeras diligencias investigativas y se solicitaron informes financieros y patrimoniales.

De acuerdo con la hipótesis inicial incorporada al expediente judicial, la investigación alcanzó actuaciones relacionadas con el Municipio de Machala y con las empresas públicas Aguas Machala EP, Aseo Machala EP y el Cuerpo de Bomberos de Machala.

El expediente hace referencia al Informe N.º PN-UCAP-DCO-2026-1265-INF, elaborado por la Unidad de Delitos Contra la Eficiencia en la Administración Pública (UCAP), considerado uno de los principales elementos de convicción presentados por la Fiscalía para sustentar la investigación.

Asimismo, consta que durante la investigación previa un juez autorizó técnicas especiales, entre ellas seguimientos, vigilancias, filmaciones y otras diligencias reservadas.

Dentro de esa documentación también aparece la referencia al alias "Javi", también identificado como "Alcalde", utilizado por los investigadores en las primeras fases del caso.

Los movimientos financieros

La Fiscalía sostuvo que Darío Macas percibió aproximadamente USD 300.000 por concepto de remuneraciones como alcalde entre 2019 y 2025. Sin embargo, los reportes financieros incorporados al expediente reflejarían movimientos por alrededor de USD 2,7 millones en sus cuentas personales durante ese mismo período.

Respecto de Carmen Ch., la Fiscalía expuso que registró movimientos por aproximadamente USD 4 millones, incluidos depósitos en efectivo y transferencias bancarias.

Además, señaló que entre ambos existirían movimientos económicos que, descontados los ingresos justificados, representarían un incremento patrimonial superior a $ 6 millones, tesis que sustenta la formulación de cargos por enriquecimiento ilícito.

Entre los elementos expuestos por el Ministerio Público también constan cheques girados por el propio alcalde a su favor por aproximadamente USD 754.089, así como préstamos cuya cancelación no habría podido ser plenamente justificada mediante la información financiera analizada por la Fiscalía.

La resolución judicial deja constancia de que estos elementos constituyen parte de la teoría del caso presentada por la Fiscalía y que será durante las siguientes etapas procesales cuando se determine si esos indicios logran convertirse en prueba suficiente para establecer responsabilidades.

Empresas, patrimonio y la versión de la defensa

Como parte de la investigación, la Fiscalía también revisó el entramado societario vinculado al núcleo familiar del alcalde.

En el expediente constan Constructores DM Y S S.A., dedicada a actividades de construcción; Icarda S.A., exportadora de banano; SevenStar S.A., constituida para actividades comerciales; y Marecisne S.A., dedicada a la actividad camaronera.

Estas compañías fueron incorporadas al análisis financiero y societario realizado por los investigadores para determinar el origen de los recursos económicos examinados.

La Fiscalía sostiene que la esposa del alcalde registró movimientos financieros por alrededor de $ 4 millones, incluidos cerca de $ 1,5 millones en depósitos en efectivo. Sumados los movimientos de ambos, el Ministerio Público sostiene que existiría un incremento patrimonial no justificado superior a $ 6 millones.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa rechazó esa tesis y argumentó que la Fiscalía confundió movimientos financieros con incremento patrimonial.

El abogado Frank Orellana sostuvo que Darío Macas ingresó a la Alcaldía de Machala en 2019 con un patrimonio superior al millón de dólares, declarado ante la Contraloría, producto de sus actividades privadas como ingeniero civil, contratista, comerciante y empresario antes de ejercer el cargo público.

La defensa también afirmó que la familia mantiene créditos vigentes por aproximadamente $ 1,9 millones con entidades bancarias privadas para sostener sus actividades económicas y negó que las empresas familiares hayan contratado con el Municipio de Machala durante la administración de Macas.

Estos argumentos forman parte de la estrategia de defensa y deberán ser valorados en las siguientes etapas del proceso penal.