COMBATIR LA DELINCUENCIA
Así operará el plan con 2.000 policías que busca frenar robos y el crimen organizado en Quito
El Plan de Protección comenzó con patrullajes, drones y controles en Quito, donde aumentan robos, desapariciones y homicidios durante 2026

El Gobierno desplegó 2.000 policías, drones y patrulleros para reforzar la seguridad en los nueve distritos del Distrito Metropolitano de Quito.
Quito se blinda ante la delincuencia
- Quito despliega 2.000 policías, drones y patrullajes en los nueve distritos para reforzar la seguridad.
- Entre enero y julio de 2026, Quito registró 186 muertes violentas y 2.564 denuncias por robos.
- Expertos advierten que el refuerzo policial será insuficiente sin inteligencia, prevención y coordinación entre instituciones.
El despliegue de drones, patrulleros y cientos de uniformados marcó ayer el inicio del Plan de Protección para Quito, la estrategia con la que el Gobierno busca reforzar la seguridad en una capital donde los robos, las extorsiones, las desapariciones y las muertes violentas han incrementado la sensación de inseguridad entre la ciudadanía.
El operativo arrancó en el mercado Las Cuadras, en Chillogallo, al sur de la ciudad. Desde ese punto fueron distribuidos 2.000 policías adicionales hacia los nueve distritos del Distrito Metropolitano, con la misión de fortalecer la vigilancia en los sectores que la Policía Nacional ha identificado como los principales focos de actividad delictiva.
Drones y patrullajes reforzarán la vigilancia
El plan contempla patrullajes permanentes, controles preventivos, operaciones de inteligencia y la aplicación de tecnología, como el uso de drones y un helicóptero, para ampliar la capacidad de respuesta en mercados, estaciones del Metro de Quito, universidades, centros comerciales y otros espacios de alta concurrencia.
La intervención ocurre en un contexto de creciente preocupación ciudadana. Aunque Quito mantiene índices de violencia inferiores a los de otras ciudades, la criminalidad ha mostrado una tendencia ascendente durante los últimos meses.
Entre enero y julio de 2026 se registraron 186 muertes violentas en el Distrito Metropolitano y, según datos oficiales, cerca del 80 % de esos homicidios fueron cometidos con armas de fuego, un indicador que evidencia la mayor presencia de organizaciones criminales.
Durante el lanzamiento del operativo, el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, aseguró que el refuerzo no responde a una intervención temporal, sino al fortalecimiento de las acciones que la institución desarrolla diariamente.
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Explicó que la distribución de los uniformados responde a análisis de inteligencia, estadísticas delictivas y denuncias ciudadanas, que permitieron identificar los sectores con mayor incidencia criminal.
Gobierno promete operativos las 24 horas
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el objetivo es impedir que grupos delictivos alteren la tranquilidad de la capital. "No vamos a permitir que alteren la paz. Hemos entregado todos los medios logísticos para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan hacer su trabajo. Estas operaciones cubrirán los nueve distritos de Quito durante las 24 horas", declaró.
El funcionario confirmó que los 2.000 policías fueron trasladados desde otras ciudades del país, aunque aseguró que esa redistribución no disminuirá la capacidad operativa de las provincias de origen.
Además, adelantó que continuarán las investigaciones para desarticular las estructuras vinculadas a los préstamos ilegales conocidos como 'gota a gota', una modalidad asociada con extorsiones, amenazas y homicidios.

Evidencias. Durante el operativo decomisaron uniformes policiales, armas blancas, celulares, motocicletas y retuvieron un carro.
Robos siguen siendo el principal delito
Las estadísticas muestran que el robo continúa siendo el delito de mayor impacto para los habitantes de la capital. Entre enero y mayo de este año, la Fiscalía recibió 2.564 denuncias por robos en Quito. De ellas, 2.158 correspondieron a robos contra personas y 407 afectaron a locales comerciales.
Los registros también revelan patrones de comportamiento delictivo. Los jueves durante la tarde y los viernes por la noche concentran la mayor cantidad de denuncias por robo de celulares, joyas y otras pertenencias. Solo en esas dos franjas horarias se reportaron 281 casos.
A nivel territorial, los distritos Eugenio Espejo y Eloy Alfaro encabezan la lista de sectores con mayor incidencia. La Policía atribuye esta situación a la concentración de personas en mercados, estaciones de transporte, parques y zonas comerciales, donde predominan los llamados delitos de oportunidad.

Policía Nacional acordonó la avenida Simón Bolívar tras el hallazgo del cuerpo. La investigación busca identificar a la víctima y esclarecer el crimen.
Desapariciones agravan la crisis de seguridad
A esta realidad se suma otro fenómeno que preocupa cada vez más: las desapariciones involuntarias. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2026 se denunciaron 79 desapariciones en Quito. Del total, 66 correspondieron a hombres y 13 a mujeres.
El dato más preocupante es el desenlace de estos casos. El 54 % de las personas reportadas como desaparecidas fueron encontradas sin vida, mientras que el 46 % restante fue localizado con vida, una estadística que evidencia la gravedad del fenómeno y sus nexos con otras expresiones de violencia criminal.
Para el Gobierno, precisamente ese escenario justifica el incremento de la presencia policial y el fortalecimiento de las operaciones de inteligencia en la capital. Sin embargo, especialistas coinciden en que reforzar la presencia policial puede generar un efecto inmediato, pero difícilmente resolverá el problema si no forma parte de una política integral y sostenida.

Operativo. Un centenar de policías recorrieron Chiriyacu, Las Cuadras, Villaflora, durante los primeros controles preventivos del operativo.
Expertos piden una estrategia integral
Jean Paul Pinto, experto en seguridad, considera que la decisión llega tarde frente al crecimiento de la delincuencia en Quito. A su criterio, los sectores que hoy son priorizados por el Gobierno —como estaciones del Metro, universidades, centros comerciales y corredores de alta concurrencia— ya presentaban un deterioro evidente desde hace varios meses.
"Si esos puntos ya estaban identificados, ¿por qué no se intervino antes? La ciudad viene registrando un incremento de robos, extorsiones, desapariciones y hechos violentos desde hace tiempo", cuestionó.
Pinto sostiene que un verdadero plan de seguridad debe ir más allá del despliegue de uniformados. "Un plan debe tener objetivos claros, estrategias, indicadores y una coordinación permanente entre todas las instituciones. No basta con poner más policías en las calles", analizó.
El especialista considera además que la presión ejercida por el Estado sobre las organizaciones criminales asentadas en la Costa provocó el desplazamiento de estas estructuras hacia ciudades como Quito, donde buscan expandir sus actividades ilícitas y lavar activos.
También advirtió que trasladar policías desde otras provincias puede generar riesgos adicionales. "Se puede aliviar un problema en Quito, pero abrir otros en ciudades que perderán capacidad operativa. Si las organizaciones criminales detectan una menor presencia policial, podrían aprovechar esa vulnerabilidad", manifestó.
Para Pinto, recuperar la seguridad exige una estrategia que involucre al Municipio, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el sector privado, las universidades y la ciudadanía, con acciones permanentes de prevención y recuperación del espacio público.
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Refuerzo policial requiere acciones sostenidas
Una visión similar comparte Max Campos, coordinador nacional del Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana. Explica que el incremento de efectivos responde al desplazamiento territorial del crimen, un fenómeno frecuente cuando la presión policial aumenta en determinadas provincias.
Para Campos, el refuerzo puede generar resultados inmediatos, pero advierte que el efecto será temporal si no se acompaña de inteligencia criminal, investigación especializada, fortalecimiento del sistema judicial y una mayor coordinación con el Municipio.
Recordó que buena parte de los delitos ocurre en espacios públicos cuya gestión corresponde a los gobiernos locales, por lo que la prevención debe ser una responsabilidad compartida.