Olavo Hernández, el juez ideal de la metida de mano a la justicia

Finalmente, como estaba previsto, manipularon a Olavo Hernández, el juez suplente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a cuyo cargo estuvo dirigir la audiencia preliminar y dictar el auto de llamamiento a juicio del caso Sinohydro. 

El gobierno tenía sus intereses en el proceso, aunque estos se enfocaban, extrañamente, no en el expresidente involucrado, Lenín Moreno, o en sus amigos que manejaron uno de los contratos más jugosos del correísmo, el de la construcción de la hidroeléctrica Coca Coda Sinclair, sino en el abogado que prestó sus servicios profesionales en el proceso, cobró por ellos, declaró esos ingresos y pagó los impuestos que le correspondían.

Contra ese abogado, Eduardo Carmigniani, los servicios de inteligencia de Michele Sensi-Contugi movilizaron a sus trolls. Hasta La Posta, el medio de comunicación que compró el gobierno a través de su asambleísta alterno Luis Alvarado Campi, resucitó de entre los muertos para sumarse a la campaña. 

Con el no disimulado propósito de ver a Carmigniani preso, el gobierno presionó al juez con tácticas que recuerdan a las del Consejo de la Judicatura correísta de los tiempos de Gustavo Jalhk. Es parte de la guerra del gobierno contra este Diario, en el que Carmigniani ocupa al cargo de presidente del Consejo Editorial.

Hombre menos que corriente sometido a una presión extraordinaria, el juez Olavo Hernández no estuvo ni remotamente a la altura del desafío. Su apuesta es clara: obedecer y ganar. Hay que observarlo con atención porque Olavo Hernández es el magistrado ideal de la metida de mano en la justicia del gobierno de Daniel Noboa. 

Retrato robot de un juez

Martes, 9 de diciembre: segundo día de la audiencia de llamamiento a juicio del caso Sinohydro.

¿Segundo día? ¿Por qué se toma dos días este juez de garantías penales nomás para anunciar a quiénes de los 24 acusados ha decidido llamar a juicio, quiénes serán sobreseídos y qué medidas cautelares otorga a los primeros? 

Desde que se instituyó la oralidad en los procesos, estas cosas suelen ser más expeditas: al juez le basta con anunciar su resolución y resumir los argumentos que le condujeron a ella; ya enviará luego el texto íntegro del auto a los casilleros judiciales de las partes para mayor detalle. O sea que pudo resolverlo todo en media jornada. Pero se tomó dos. ¿Por qué?

La explicación es simple: para resumir con propiedad un documento que probablemente tenga más de 100 páginas, hay que dominarlo (cosa que se da por descontada cuando se ha invertido mucho esfuerzo en redactarlo). Sin embargo, resultó evidente a primera vista que el juez Hernández apenas si estaba vagamente familiarizado con su propia resolución. En realidad: estaba perdido. Por eso decidió leerla íntegramente, con todo y sus formalidades innecesarias en este punto. Resultado: un plomazo.

Ese día, martes 9 de diciembre, investido ya con la toga que simboliza su autoridad, en el ascensor que lo conducía desde su oficina hasta la sala de audiencias del octavo piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia, trataba de concentrarse Olavo Hernández y de memorizar, acaso, las instrucciones que le impartía un asistente. 

La actitud del juez antes de la audiencia

Como el estudiante que ha postergado el repaso de la materia hasta los últimos quince minutos previos al examen, así escuchaba el juez, la mirada fija en el piso, al ayudante que le explicaba sobre a quién correspondía mantener las medidas cautelares y a quién no. Tan absortos se hallaban los dos en esta tarea que ni siquiera se detuvieron a comprobar si el ascensor estaba vacío. Malas noticias para el no tan sólido prestigio del juez Olavo Hernández: había periodistas y no los vio.

¡Las medidas cautelares! ¿No las tenía claras? No, no las tenía, aunque dispuso de más de dos meses y medio para empaparse del expediente, pues la audiencia preparatoria había concluido el 18 de septiembre. Minutos después del episodio del ascensor, ya durante la tediosa (e innecesaria) lectura del auto de llamamiento a juicio, vacilaría y tropezaría varias veces, sin terminar de comprender lo que tenía escrito ante sus ojos. 

“Está un poco confuso pero esto es lo que se ha dispuesto”, llegó a decir Olavo Hernández en uno de esos momentos de vacilación. Y no es que estaba confuso, es que él no lo entendía, acaso porque lo estaba leyendo por primera vez.

Perdía, pues, “la hilaridad”, para usar sus propias palabras. Olavo Hernández parece ser una de esas personas que valoran el prestigio de las palabras en función del número de sílabas que llevan. No abre procesos: los “apertura”; no dirige comunicados: los “direcciona”; no mantiene el hilo del discurso: mantiene su “hilaridad”. Lo dijo al menos tres veces durante la audiencia preparatoria, cuando una impuntualidad o una intervención fuera de orden amenazaba con demorar las cosas: “no perdamos la hilaridad”, reclamaba. Y no la perdió: verlo leer era de risa.

Sin embargo, no hay valor más importante para el juez Olavo Hernández que la solemnidad. Ni siquiera la justicia le importa tanto. Menos, mucho menos, el sentido de humanidad, que está dispuesto a sacrificar sin miramientos con tal de mantener el punto exacto de seriedad que las formalidades judiciales reclaman. 

El festejo que molestó a Hernández

Lo que ocurrió durante la lectura del auto en su parte correspondiente a la procesada Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño cuya vinculación con el entramado de corrupción de Sinohydro es más que dudosa, lo retrata de cuerpo entero.

Ocurre que las amigas íntimas de Priscila Burneo la acompañaban desde los asientos reservados para el público: unas seis u ocho mujeres sinceramente preocupadas por su suerte, haciendo esfuerzos por comprender el texto que el propio Olavo Hernández leía sin enterarse de qué diantres iba. 

La farragosa lectura incluía una exposición de las acusaciones levantadas por la Fiscalía; luego, una exposición de los argumentos de la defensa; finalmente, las conclusiones del juez. Llegada la segunda parte (el resumen del alegato de defensa) y un poco perdidas en ese laberinto jurídico leído con harta deficiencia y soporífero tono monocorde, les bastó a las amigas escuchar la palabra “sobreseimiento” para estallar espontáneamente con un grito de júbilo (agudo, sonoro, femenino), creyendo equivocadamente que esa era la decisión del juez.

Detuvo su lectura Hernández, escandalizado hasta la náusea ante tan espontánea manifestación de la sensibilidad humana. Pudo simplemente decir: “les pido que controlen sus emociones”, con lo cual habría impuesto el orden sin desconocer el papel que éstas juegan en una sala de audiencia, donde lo que está en juego es la vida de las personas. Pero no: las emociones y la vida de las personas le importan un rábano al juez Olavo Hernández. 

Durante tres minutos cacareó indignadas razones sobre la solemnidad de la audiencia y la disciplina que obliga a todos los presentes a guardar silencio, amenazó a las malportadas con expulsarlas del recinto ante la primera reincidencia y mandó una advertencia a todos con el fin de mantener la compostura, todo ello de una fatuidad intolerable. No habían transcurrido dos minutos de este destemplado sermón cuando la acusada Priscila Burneo, superada por el clima de tensión, convulsionaba en media sala y era evacuada rumbo a un centro de salud, obligando a Olavo Hernández a perder su hilaridad sin posibilidad de queja.

Esta anécdota completa el retrato robot de este juez: ignorante, mediocre, tan incapaz de redactar él mismo una sentencia compleja como de entender a cabalidad la que le dan redactando sus asistentes, irreductible a los valores que se supone constituyen el alma del concepto de justicia, insensible a las emociones humanas que se expresan en una sala de audiencias, presuntuosamente imbuido de un sentido de solemnidad hueco y vacío. En suma: un burócrata en el peor sentido de la palabra.

Un dictamen a pedido

Un burócrata: esto es importante. Porque la resolución que dictó esta semana Olavo Hernández es más digna de un obediente tinterillo que de un administrador de justicia.

Para empezar, su dictamen envió a juicio a 21 personas, todas acusadas de cohecho (tipo penal que implica el soborno a un funcionario público a cambio de obtener favores). Siete de esos 21 están acusados de autores de ese delito: Lenín Moreno, dos gerentes de la empresa pública Coca Codo Sinclair, tres representantes chinos de la empresa Sinohydro y Conto Patiño, dueño de Recorsa, la empresa que asumió la representación legal de Sinohydro y obtuvo para ella la adjudicación del contrato para construir la hidroeléctrica; los 14 restantes (familiares de Moreno, familiares de Patiño, colaboradores y abogados), son imputados de complicidad. 

Y aunque la complicidad es una figura penal inseparable de la autoría (es decir: sólo se puede ser cómplice de alguien, no de algo), a Olavo Hernández le pareció razonable dejar ese asunto en la más pura indeterminación. 

Los abogados de esos 14 acusados pidieron al juez una misma aclaración: ¿cómplice de quién es mi defendido? Eso se resolverá en el juicio, respondió Hernández. Lo que significa que 14 personas serán juzgadas sin saber exactamente de qué se las acusa, mientras que el fiscal podrá jugar con esa ambigüedad y decidir el meollo de la acusación a conveniencia.

Si el meollo de la acusación queda para resolverse en la etapa del juicio, ¿para qué diablos sirve el juez de garantías?

El caso de Eduardo Carmigniani es aún más extremo: no sólo no se ha establecido de quién es cómplice sino que en todo el expediente no consta un solo indicio que permita imputarlo de cohecho. Al contrario: los peritajes de sus cuentas bancarias demuestran que el dinero que, por servicios profesionales, cobró de Recorsa, no fueron empleados para sobornar a nadie. 

Una “presunción razonable”, argumentaba Olavo Hernández, es todo lo que se necesita para llamar a juicio a una persona. “En esta etapa no se requiere certezas”. Lo cual es cierto. Pero ¿qué presunción razonable exhibió en el caso de Carmigniani? ¿Y en el caso de Priscila Burneo? Hernández leyó su resolución sobre estos dos acusados casi casi como rogándoles perdón, como excusándose de mandarles a juicio porque no tenía más remedio.

Al menos en el caso de Carmigniani, es evidente que no tenía más remedio si quería continuar en la función judicial. No solamente fueron las presiones públicas a través de intervenciones directas e indebidas de funcionarios del gobierno, que declararon a Carmigniani culpable con anticipación, las que pesaron en su decisión. 

¿La Judicatura presiona a jueces?

Fueron, sobre todo, los mecanismos encubiertos operados a través del Consejo de la Judicatura. Porque según el mismo Carmigniani documentó ayer en un remitido público que subió a sus redes sociales, Olavo Hernández fue amenazado para que fallara en su contra.

La cronología lo dice todo: el 18 de septiembre, concluyó la audiencia preparatoria del caso Sinohydro; el lunes siguiente, día 22, se presentó ante el pleno de la Judicatura un informe disciplinario en el que se desempolvaba un caso en el que Olavo Hernández estuvo involucrado en el año 2022; el 12 de noviembre convocó el juez a audiencia de llamamiento a juicio para el 8 de diciembre y cinco días hábiles antes de esa fecha, el 27 de noviembre, le iniciaron un sumario administrativo del que podía salir muy mal parado si tomaba la decisión equivocada.

¿No es lo mismo que hicieron con la jueza Nubia Vera, que tenía a su cargo la decisión sobre el caso de la exvicepresidenta Verónica Abad? Para asegurarse que la decisión de un juez satisfaga al gobierno, nada mejor que abrirle un sumario administrativo a través del Consejo de la Judicatura que rinde cuentas a Carondelet.

Por supuesto, Olavo Hernández hizo lo que se esperaba de él. Sacrificó su papel de juez (se comportó, de hecho, como un simple notario) y se lavó las manos. Es que empleados como él son exactamente lo que un gobierno requiere para meterle la mano a la justicia. 

Un brillante futuro lo espera. Ya se archivará el sumario administrativo abierto en su contra y, de ahí en más, lo veremos ascender como la espuma.

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