Justicia bajo presión: qué dice el precedente español y cómo se replica en Ecuador

En España, la condena e inhabilitación para el ejercicio de funciones en contra del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información reservada, ha sido calificada como histórica. Así como la intromisión de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, quien durante el proceso siempre defendió “la inocencia” del fiscal.  

En Ecuador, a la luz de esa sentencia, surge una pregunta inevitable: ¿qué tan grave es que el Ejecutivo, a través de altos funcionarios, se pronuncie sobre casos con investigaciones aún en curso, como Sinohydro?

Lamentablemente, esa cuestionable práctica no es nueva, según Xavier Zavala Egas, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas. En la historia contemporánea de nuestro país —comenta— la administración de justicia ha sido, por lo general, un botín, la joya de la corona, ya que ésta sirve para perseguir y/o para encubrir.

En esa línea, el también catedrático detalla: "se persigue al periodista curioso o al opositor político. En el sector político no hay una cultura democrática institucional, no se respetan los espacios y las competencias". Por eso, quien gana las elecciones, se quiere llevar todo y capturar todos los espacios de poder: Fiscalía, judicaturas, superintendencias, etc.

Funcionarios públicos se han pronunciado sobre casos en manos de la justicia en Ecuador

El 15 de septiembre del 2025, Carolina Jaramillo, entonces portavoz de Carondelet, decidió hablar sobre un caso en manos de la justicia. "La afectación al Estado ecuatoriano, en el caso Sinohydro asciende aproximadamente a 76 millones de dólares. La justicia debe actuar con celeridad y contundencia en casos que perjudiquen los intereses de los ecuatorianos".

El 17 de septiembre, José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública; director de UAFE y Sercop, entre otros cargos, sostuvo en sus redes sociales: 

"El caso de Sinohydro destapó un esquema de corrupción de gran escala que significó más de 76 millones de dólares en perjuicio para el Ecuador. Ese mismo esquema sospechoso de lavado de activos se evidencia en casos similares en el país. Por ejemplo: uno en el que se ha advertido la transaccionalidad de más de 5 millones de dólares con facturación inorgánica por una empresa de medios que utilizaba a sus proveedores como fachada”.

Lo que dice una abogada sobre la intromisión política en la justicia

La abogada María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, comentó que resulta problemático cuando dentro de procesos de elevado interés público hay manifestaciones o expresiones que vienen del Ejecutivo.

La Corte Interamericana —ejemplificó Miño— en el caso de Corte Primera (Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, en la Corte IDH) dijo que si bien los funcionarios tienen derecho a manifestarse sobre temas de interés público, deben tener cuidado de hablar sobre casos que están tramitándose en la justicia o que se tramitarán porque podría entenderse como una forma de presión a las cortes.  

Eso especialmente en contextos en donde esa presión se ha visibilizado en otros momentos y eso es claramente una afectación a la independencia de la justicia.

Las presiones a la función judicial

Por su parte, Roberto Gómez Mera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, manifiesta que la independencia de la función judicial se ve afectada por presiones u opiniones de funcionarios públicos, del Ejecutivo o de otra institución. En España, indica, “efectivamente se dio el caso de un fiscal enjuiciado y en México acabamos de ver lo peor de lo peor, que jueces serán elegidos por votación popular, cuando se sabe que quienes colocan la plata son de la mafia”.

Le parece que la cooptación, vigente en la Constitución de 1998, era la única forma de preservar la independencia de la política. Así, dice el abogado Gómez, la propia Corte Suprema o Nacional se regeneraba, cuando faltaban jueces.  

“Si vienen del Consejo de la Judicatura o del Legislativo siempre habrá otro tipo de pesos y eso afecta a la administración de justicia imparcial”.

Consultado sobre la declaración de Jaramillo en el caso Sinohydro, Roberto Gómez Mera contestó: 

“Con la sola mención de que hay que dar prioridad a un caso se afecta la independencia. El principio es que todos los casos deben tener igual tratamiento, en riguroso orden cronológico”. Además apunta que por regla general, los altos funcionarios de Gobierno deben abstenerse de hacer declaraciones públicas en materia judicial y dejar que los jueces actúen con absoluta independencia.

Para Xavier Zavala Egas se necesita “un poder político consciente de sus democráticas limitaciones y que respete el derecho a la defensa y a juzgadores imparciales”. Además señala: "Por la impunidad al amigo o la persecución infame a enemigos, el poder de turno pierde legitimidad"

Lo que ocurrió en España

Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha defendido públicamente a Álvaro García Ortiz, fiscal General del Estado. Ha dicho que cree en su inocencia, incluso después del fallo considerado histórico. Fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo, a una multa y a una indemnización a Alberto González, de quien filtró información reservada.

Lo que dijo la anterior vocera de Carondelet

En Radio Canela, Carolina Jaramillo, ex vocera presidencial, habló de un “potencial lavado de activos y defraudación tributaria de un medio de comunicación”. De “delitos”. Que “esa investigación ha derivado para que ese medio tenga una feroz batalla inquisidora, de revancha. Hay extrañas coincidencias entre quienes están involucrados en estos casos, el abogado y el caso Sinohydro”.

El rol de la ex fiscal General del Estado

En la semana previa a la consulta popular de Daniel Noboa (realizada el 16 de noviembre del 2025), Diana Salazar, embajadora de Ecuador en Argentina, regresó al país. En medios dijo que aceptó la nominación del presidente para ser candidata a una eventual Asamblea Constituyente. Según sostuvo: “el servicio público es su vocación”. Ha sido cuestionada: se mantuvo como Fiscal hasta mayo 2025 y tenía el beneplácito de Argentina, desde enero 2024.

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