Caso Sinohydro: Un juez bajo una presión intolerable |Por Roberto Aguilar

Semana clave para el caso Sinohydro. Este jueves, 13 de noviembre, cobrará forma el juicio sobre la presunta red de corrupción y sobornos por 76 millones de dólares en torno al contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que involucra al expresidente Lenín Moreno y a otras 23 personas, acusadas todas de cohecho. 

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El juez Olavo Hernández, que tuvo a su cargo la extenuante audiencia preparatoria de juicio que se cumplió durante las últimas dos semanas de septiembre, se prepara para anunciar su decisión, a saber: quiénes de ese numeroso grupo serán llamados a juicio y a favor de quiénes, por el contrario, emitirá sentencia absolutoria por falta de méritos en la acusación fiscal. El juez también calificará o descalificará las pruebas presentadas por las partes en función de su pertinencia.

El Gobierno y su empeño en las guerras mediáticas y políticas

Ya es bastante delicada y difícil la resolución que Olavo Hernández tiene ante sí para que el gobierno de Daniel Noboa haya decidido complicarla aún más, empeñado como está en guerras mediáticas y políticas que no tienen nada que ver con el caso pero que sus altos funcionarios han traído a colación. Porque mientras el juez recién se dispone a anunciar a quiénes llamará a juicio, esos funcionarios de gobierno, saltándose todos los pasos intermedios, ya han señalado culpables. 

Así lo han hecho la portavoz Carolina Jaramillo, en el marco de una rueda de prensa en Carondelet (por lo que se asume que expresaba una postura oficial del gobierno), y el secretario de Integridad, José Julio Neira Hanze. 

¿Será capaz el juez de sobrellevar con entereza la presión indebida y fraudulenta que eso representa, especialmente proviniendo de un gobierno que ya controla la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura?

Hay un detalle curioso. Ocurre que, de las 24 personas acusadas de cohecho, nueve lo están como autores directos del delito (Lenín Moreno, que era vicepresidente cuando ocurrieron los hechos; los dos gerentes de Coca-Codo Sinclair durante ese período; los cuatro de la compañía china Sinohydro; su representante en Ecuador, Conto Patiño, gerente de Recorsa, y el embajador chino Cai Runguo) mientras los 15 restantes han sido señalados por la Fiscalía como cómplices, incluyendo a familiares de Moreno y Patiño, colaboradores de ambos y abogados. 

Pues bien: es precisamente sobre uno de estos últimos que el gobierno se ha cebado, no sólo declarando su culpabilidad por anticipado y sin fórmula de juicio sino dando a entender que él es el cerebro gris del esquema de corrupción detectado en Sinohydro, esquema que incluso, dicen, ha reproducido en otros ámbitos. 

Es el milagro de la transubstanciación judicial: el presunto cómplice se convierte en comprobado autor intelectual. Se trata del abogado Eduardo Carmigniani Valencia y el motivo por el cual el gobierno ha decidido concederle mayor protagonismo en el caso Sinohydro que a los propios Lenín Moreno y Conto Patiño es su relación con una compañía a la que el presidente Daniel Noboa, su secretario de Inteligencia Michele Sensi-Contugi y la marioneta de este último, Neira Hanze, han decidido declarar la guerra: Granasa, empresa editora de este Diario, de la cual Carmigniani es abogado y donde se desempeña como presidente del Consejo Editorial.

La historia de cómo el gobierno, con Neira Hanze como operador de bolsillo, fraguó informes del SRI con cifras amañadas para fabricar un caso de fraude fiscal y lavado de dinero en contra de Granasa, ya ha sido suficientemente denunciada y demostrada (con documentos y pruebas a la vista) por este Diario. 

Un detalle poco conocido

Menos conocido es el hecho de que esa campaña sucia no es sino una retaliación por las críticas de EXPRESO dirigidas al gobierno, sí, pero también por su negativa de entregar, como pretendía el gobierno (y el mensaje fue entregado con claridad y en al menos dos ocasiones) las cabezas de Carmigniani y un par de periodistas. Este gobierno, como el de Correa, es de aquellos que piden cabezas de periodistas a los medios a cambio de no incordiarlos; algunos se las dan; EXPRESO, no.

El resultado de esta sucia historia es que el juez Olavo Hernández se encuentra ahora bajo una presión intolerable: Neira Hanze ya resolvió por él. Dijo, además, que “el mismo esquema de lavado de activos” de Sinohydro “se evidencia en casos similares”, como el que pretenden fabricar contra Granasa. Y que “la presunta conexión entre ambos casos se da por medio de su abogado, quien actuó bajo esa figura en el primer escenario y replicó el esquema en el segundo”. La palabra “presunta” no debe inducir a error: Neira habla como si el caso Sinohydro y el inventado caso Granasa fueran ya cosa juzgada. Otro tanto hace la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, quien habló, en su atropellada pseudolengua, de “la deplorable impunidad de algunos abogados que ejercen con impunidad en este país”, como si Carmigniani estuviera impedido de ejercer sus funciones como sí lo está (o debería estarlo), por poner un caso, Édgar Lama von Buchwald, a quien ella defendió esta semana sin reconocer impunidad alguna.

(Un paréntesis sobre la participación de Carmigniani en el caso Sinohydro: la Procuraduría, que actúa junto a la Fiscalía en calidad de acusadora particular, se abstuvo de presentar cargos contra él, lo cual hace aún más escandalosa la obsesión del gobierno por declararlo culpable antes de hora. Parece que no le convencen a la Procuraduría las pruebas del fiscal Wilson Toainga. De hecho, durante las dos semanas de audiencia preliminar, Toainga fue incapaz de decir qué pruebas eran esas. El juez, ojalá sin dejarse presionar, sabrá valorar su caso).

El hecho es que la cosa no se reduce a las declaraciones públicas de un par de funcionarios, que por sí solas constituyen ya un ejercicio de presión indebida intolerable sobre el sistema de justicia. El problema de fondo es aun peor: si esos funcionarios de pocas luces y no precisamente muy intensas se sienten autorizados a decir por la jeta lo que dicen, es porque sus dichos corresponden a una práctica ya asentada de control de la justicia que se expresa, de manera mucho más efectiva que con sus declaraciones, mediante presiones secretas y directas. 

Aquí es necesario abrir un paréntesis para explicar cómo funciona esa práctica de control de la justicia en el día a día. Lo que sigue es pura etnografía del terror.

Ocurre que en la Corte Nacional se ha montado un esquema en el que José Suing, el presidente, cuya vergonzosa entrega en cuerpo y alma al gobierno de Daniel Noboa quedó demostrada nuevamente cuando postuló, ¡por segunda vez!, a Mario Godoy para la presidencia del Consejo de la Judicatura, actúa como bisagra. Sobre él ejercen sus presiones no sólo el ya conocido “Fantasma”, como apodan al ¿ex?-correísta Fausto Jarrín Terán, operador judicial de Noboa y probable vínculo del gobierno con el prófugo de Bélgica para negociaciones impublicables, sino directamente Michele Sensi-Contugi y el bienmandado Neira Hanze. De ellos provienen las instrucciones.

Una vez bien aleccionado sobre lo que se espera de él, Suing envía a su asistente, Andrea Loyo, conocida como “Pepita” (tal es el poder que ejerce sobre la Corte, sólo comparable al de “Pepito”, el presiente) con instrucciones bien precisas. ¿Acaso hay alguien en el edificio de la Corte Nacional que no lo sepa? “Pepita” lleva los mensajes y obtiene siempre lo que se propone. En parte porque la situación de la mayoría de jueces (temporales en su cargo, siempre bajo el riesgo de volver a sus oscuros reductos en provincias o en salas de menor consideración) los predispone a cualquier tipo de negociaciones. Ahora parece ya resuelto que, en caso de ganar el Sí en la pregunta sobre la asamblea constituyente, la Corte Nacional (que lleva remendada desde 2019) continuará tal como está, lo cual significa que se detendrá el concurso que se supone organiza el Consejo de la Judicatura (si no está detenido ya desde hace rato) y este esquema de presiones con buenos resultados se mantendrá mientras dure este gobierno.

De vuelta al caso Sinohydro, cuya audiencia decisiva tendrá lugar el jueves de esta semana, y una vez conocido el mecanismo de presiones ya habitual en estos pagos; considerando, además, que el gobierno no ha tenido empacho en pronunciarse pública y descaradamente sobre lo que espera de la resolución judicial, ¿es dable suponer que Olavo Hernández, juez provincial de Imbabura y miembro de la Corte Nacional en calidad de temporal, no está siendo objeto de las presiones más intolerables por parte de Jarrín, Sensi-Contugi, Neira Hanze, Pepito y Pepita todos juntos y al unísono? Claro que lo está, es evidente.

Este jueves sabremos de qué madera está hecho.

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