Caso Porsche Cayenne: una vieja receta para intentar desactivar el escándalo
Análisis | Es la que el oficialismo aplica al legislador correísta Juan Andrés González para ver si logra neutralizarlo
La receta es vieja y casi siempre funciona a la perfección: si alguien te molesta o desafía tu poder, móntale un juicio por lo que sea con jueces y tribunales que te son incondicionales, y así te librarás del problema. Si además sumas una campaña de desprestigio usando datos falsos o verdaderos sobre su vida íntima, el resultado será mucho mejor. Habrás inmovilizado a la amenaza: el miedo es siempre el arma más potente.
Esa es la receta que el gobierno de Daniel Noboa le está aplicando al legislador correísta Juan Andrés González, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, para ver si logra neutralizarlo. ¿Por qué? Porque González investiga el escándalo del Porsche en la isla Trinitaria. Y aunque el tema parecía haberse apagado tras una explicación tardía y poco creíble de un abogado de la familia presidencial, él volvió a ponerlo en la conversación pública.
La estrategia para inmovilizar a González se sostiene en dos frentes: la bancada oficialista de ADN y la maquinaria de trolls y cuentas falsas en redes sociales. El primer frente ya presentó una denuncia penal en Fiscalía, acusándolo de revelar datos médicos de una persona, y una denuncia administrativa dentro de la Asamblea para sacarlo del cargo, alegando que cobró diezmos a sus colaboradores y que calumnió al presidente y a legisladores oficialistas por sus declaraciones sobre el caso Porsche. El segundo frente, el ejército digital del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), dirigido por Michele Sensi-Contugi, se dedica a inundar redes sociales con ataques contra González, incluso recurriendo a afirmaciones homofóbicas.
Una revelación reactivó el caso
El caso Porsche surgió cuando apareció un vehículo deportivo de alta gama, propiedad de una empresa de la familia del presidente Noboa, en la vivienda del principal sospechoso de un atentado con explosivo en Guayaquil en junio de 2025. La polémica explotó tras la revelación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de que el automóvil pertenecía a Industrial Molinera, parte de la Corporación Noboa. Actualmente existen tres denuncias sobre el caso: una presentada por González, otra por el abogado Pedro Granja y una tercera de la Corporación Noboa, que exige investigar si las grabaciones de seguridad municipales fueron entregadas completas o si hubo omisiones de mala fe.
Tras varios días de silencio, el abogado de la Corporación Noboa, Fernando Yávar (curiosamente, uno de los articuladores de la “metida de mano” de Correa en la justicia) aseguró que Ericka Tumbaco, empleada de Industrial Molinera y quien iba en el Porsche, llegó a la vivienda del sospechoso por una coincidencia: iba rumbo al hospital de Los Ceibos por una emergencia de su hija, Amanda, pero en el camino recibió otra llamada sobre un problema de salud de su hijo y se desvió hacia la isla Trinitaria. Según esa versión, todo fue un malentendido.
Sin embargo, cuando el escándalo parecía apagado, González reapareció en la Asamblea el 10 de diciembre con información que cuestiona dicha versión. Aseguró que Amanda Tumbaco tuvo atenciones médicas en Los Ceibos el 12 y 6 de noviembre, el 14 de julio, y derivaciones privadas el 19 de febrero, 11 de marzo, 1 de abril y 7 de mayo, pero no constaba ingreso alguno el 4 de junio, fecha clave de la versión oficial. Mostró un certificado médico y afirmó que una de las firmas era falsa. Esa revelación reactivó el caso.
A partir de entonces, el oficialismo se movió con rapidez. Mishel Mancheno, jefa encargada del bloque ADN, calificó la denuncia de González como calumniosa y anunció acciones administrativas y penales. Presentará una queja ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), controlado por el oficialismo, para buscar que González sea suspendido entre nueve y treinta días por una supuesta infracción grave. A esto se suman otras querellas de legisladores de ADN, quienes aseguran haberse sentido injuriados cuando González habló de “terrorismo” el 10 de diciembre. Y además, el 11 de diciembre asambleístas del oficialismo denunciaron ante la Fiscalía la divulgación de información médica reservada.
Por si fuera poco, la asambleísta Ana Belén Tapia reveló que recibió en su correo institucional una denuncia de un excolaborador de González, quien asegura que este le exigía pagarle pasajes aéreos para viajar a su provincia e incluso el cambio de aceite de un vehículo, gastos que sumarían dos mil dólares.
González asevera que nada de esto lo intimida y sostiene que todo tiene una motivación política. El caso lo que hace es poner en evidencia un patrón de conducta del Gobierno, cuando siente que está siendo criticado por su gestión o acusado por supuestos actos de corrupción. Medios de comunicación (de eso se trata el periodismo) y políticos que son críticos con el Gobierno son atacados con la amenaza de someterlos a procesos judiciales.
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