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Ignacio Vida, exsuperintendente de Compañías
Fue superintendente de Compañías entre los años 1997 y 1998. Es doctor en Jurisprudencia.Joffre Flores / Expreso

Con GRANASA, “la Superintendencia es arbitraria, se excede en sus funciones”

Supercías no tiene competencia para solicitar a Granasa que revierta un paquete accionario, dice Ignacio Vidal

Tiene más de cinco décadas de experiencia en materia de derecho societario y, basado en sus conocimientos, Ignacio Vidal, exsuperintendente de Compañías, lo dice con contundencia: la Superintendencia comete una arbitrariedad cuando busca revertir la titularidad accionaria de Granasa, objetando una transferencia que según el grupo fue realizada, inscrita y perfeccionada conforme a la ley, hace seis años.

- Desde el punto de vista estrictamente legal, ¿puede la Superintendencia de Compañías ordenar, mediante oficio, el reverso de acciones, alegando una falta de trazabilidad?

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- La Superintendencia está excediendo su facultad. El ente de control no puede, no está autorizado legalmente, para reversar una transferencia que fue hecha legalmente. Si lo que quiere denunciar es una supuesta falta de trazabilidad, tiene que ir ante un juez para que este decida sobre ese tema, pero por sí solo no puede hacerlo. Entre las facultades que tiene la Superintendencia no está la que ellos pretenden arrogarse. Eso es nulo, de nulidad absoluta. Hay una arbitrariedad, se está excediendo en sus funciones.

- ¿Qué jerarquía jurídica tiene el libro de acciones frente al registro de sociedades que lleva la Superintendencia?

- De acuerdo con la ley, el libro de acciones y accionistas es el único documento que demuestra la propiedad de las acciones. Lo que aparezca en el libro de acciones y accionistas es lo que tiene la validez legal. Eso es lo que hay que respetar.

- ¿Qué camino debe seguir el ente de control?

- El oficio emitido por ellos es un oficio que también tiene nulidad porque no está lo suficientemente motivado... La Superintendencia debe aclarar por qué supuestamente hay falta de trazabilidad. En lo personal, pienso que a la señora Martínez le toca impugnar ese oficio y apelar ante el superintendente de Compañías. El ente debe reunirse con la señora Martínez y aclarar el tema. Ver la base por la cual transfirieron las acciones. Por decirlo de alguna manera, ¿lo hizo porque sí, fue decisión del representante legal de la compañía de transferir a la señora Martínez? ¿Se firmó un contrato? El problema es que la autoridad no ha dicho claramente si esa falta de trazabilidad es por la falta de un contrato. Debe fundamentar mejor su pedido.

Si se obedece se estaría cometiendo una infracción penal, porque se estaría falsificando un libro de acciones y accionistas.

- Si un representante legal acatara la orden de adulterar el libro de acciones, ¿Qué responsabilidad penal podría enfrentar?

- Si hace lo que la Superintendencia le pide está cometiendo una infracción penal, porque está falsificando un libro de acciones y accionistas, que es un documento que sirve para aprobar la transferencia de las acciones. Yo, como representante legal, claro que me puedo oponer a eso.

- Lo que sorprende de esto es que, siendo el ente rector, la autoridad no esté aplicando los preceptos más básicos en materia societaria. ¿A qué se debe esto? ¿Hay falta de conocimiento o hay presión política en este caso con Granasa, tomando en cuenta que es la editora de EXPRESO, Diario que ha sido muy crítico con este gobierno?

- No descarto una eventual presión política... Sí ha habido superintendentes que han sido destituidos por el Congreso que se dejan manipular por el gobierno para perseguir. Eso ocurrió mucho en la época de Correa. Pero también tengo que decir algo, y esto tengo que decirlo con pena: no todos los funcionarios en la Superintendencia tienen el conocimiento legal en temas societarios.

- ¿Cuáles son los riesgos de que un liquidador de Veranera, nombrado recientemente por la Superintendencia, pase a controlar el 40 % del paquete accionario?

- Quien tenga ese 40 % tiene derecho a recibir el 40 % de las utilidades de Granasa. Ese 40 % podría retrasar también las juntas generales, hacer que los balances no estén bien hechos, podrá impugnar algunas cuestiones.

- O querer incidir en la línea editorial.

Todos los gobiernos  pueden abusar del derecho.  La ‘Super’ no ha abusado aún, pero ningún juez le dará la razón.

- Lo más que pueden hacer es molestar. Molestar, sí, y molestar internamente dentro de la compañía. Dentro de la línea editorial es otra historia. La ventaja es que tienen un 60 % a favor.

- ¿Esto debe marcar un precedente? ¿Se podría estar allanando un camino, una nueva forma para que el poder, no necesariamente este gobierno sino cualquier gobierno de turno, encuentre la manera de controlar ciertas empresas que son de su interés?

- Si de abuso se trata, estamos hablando de fuerza de la ley, porque la ley no permite el abuso, lo castiga. Los gobiernos, todos los gobiernos en cualquier país, pueden abusar del derecho. La Superintendencia no ha abusado todavía de ese derecho, pero ningún juez le dará la razón al ente, porque la propia ley dice que el libro de acciones y accionistas es el documento legal que justifica ante todo el mundo, incluida la Superintendencia, quién es el propietario de las acciones. Es el registro de la propiedad de las acciones. E insisto: para que se dé lo que la Superintendencia quiere, debe haber un proceso judicial.

CONTEXTO

El pasado 29 de diciembre, la Superintendencia de Compañías informó a Gráficos Nacionales que  no halló la “trazabilidad” del traspaso del 40 % de acciones de la empresa Veranera, en proceso de liquidación, a Ingrid Martínez Leisker, por lo que le dispone regresar esas acciones de Martínez a Veranera.

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