Lo que Daniel Noboa quiere con GRANASA equivale al “exprópiese” de Hugo Chávez

El memorable episodio de febrero de 2010, cuando el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, gritó “exprópiese”, señalando a varios edificios de la plaza Bolívar, en Caracas, para que el Estado se quedara con ellos, despojando de ellos ilegalmente a sus dueños, se convirtió en todo un símbolo de la arbitrariedad de los déspotas y del irrespeto al derecho de la propiedad privada. Un irrespeto que terminó dinamitando toda seguridad jurídica en Venezuela y sumiendo a ese país en la crisis más grave de su historia, que lo ha hundido en la miseria y en la corrupción total.

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Pues bien, lo que pasó entonces con Chávez es exactamente lo mismo que podría ocurrir en Ecuador si la Superintendencia de Compañías, bajo el aliento del Gobierno de Daniel Noboa, despoja a la empresa GRANASA (editora de los diarios EXPRESO y EXTRA) del 40 % de sus acciones, en una operación burdamente ilícita que puede convertirse en un precedente para que, en el futuro, el Estado decida violar el derecho a la propiedad privada y establecer quién es dueño de una empresa.

Esta historia tiene una explicación: el Gobierno de Noboa está empeñado en doblegar la línea editorial de EXPRESO, que ha sido crítica, y ya ha intentado algunos operativos para doblegarlo, los cuales han fracasado. Esos operativos apuntaban a procesar a GRANASA por evasión tributaria y lavado de activos, pero fracasaron porque no existía ni una sola evidencia que permitiera formular un proceso mínimamente creíble.

Frente al fracaso de esos intentos, el régimen ha decidido ensayar uno nuevo: utilizar a la Superintendencia de Compañías para adueñarse del 40 % de las acciones de GRANASA. ¿Cómo? Seis años después de la transferencia de ese paquete accionario desde la empresa Veranera a favor de Ingrid Martínez Leisker, la Superintendencia pretende que ese 40 % regrese a dicha empresa (que está en proceso de liquidación), alegando que no ha encontrado la “trazabilidad” de la transferencia.

El detalle que perfecciona el plan es que la Superintendencia, con una celeridad jamás vista, ya ha nombrado a un liquidador para que administre ese paquete accionario. El 31 de diciembre de 2025, el mismo día en que GRANASA hizo público este nuevo intento de sometimiento, la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención de la Superintendencia de Compañías designó a una delegada que se presentó ese mismo día, a las 12:13, en las instalaciones de la empresa para revisar los libros de acciones y accionistas y el talonario de acciones. Se trata de un clarísimo intento de inmiscuirse en la línea editorial de EXPRESO y EXTRA, tratando de afectar no solo la propiedad privada, sino también la libertad de prensa y de opinión.

La Superintendencia no tiene competencia legal para revertir transferencias accionarias válidamente realizadas e inscritas. El organismo estaría arrogándose facultades propias de un juez, violando el principio de legalidad, que es el pilar de cualquier sistema democrático y civilizado. Las acciones de las que el Gobierno pretende apoderarse pertenecen legítimamente a un accionista privado, constan en el Libro de Acciones y Accionistas y han sido adquiridas conforme la ley.

Incluso si las acciones no fueran rematadas (como dice el organismo que haría), la Superintendencia pasaría a controlar el 40 % de GRANASA mediante un liquidador designado por ella misma, lo que implica una intervención estatal en una empresa privada.

Aceptar la tesis de la Superintendencia implicaría que un registro administrativo prevalezca sobre la titularidad real de las acciones, lo que destruye la seguridad jurídica del sistema societario ecuatoriano. Aunque el caso se refiere a GRANASA, lo que pretende el Gobierno podría aplicarse a cualquier empresa del país, dejando la propiedad privada a merced de decisiones administrativas discrecionales.

Un precedente que puede afectar a la empresa privada

La agresión a un medio de comunicación mediante esta pirueta administrativa no solo representa una violación a la libertad de expresión, sino también un peligroso precedente para el derecho a la propiedad privada en el país: se trata de un acto confiscatorio. Lo que busca la Superintendencia es un paquete accionario, dizque para rematarlo y pagar supuestas deudas de un tercero, lo que implica desconocer una titularidad privada ya consolidada.

Esta intención del Gobierno no debe ser tomada como un caso aislado que únicamente afecta a GRANASA, sino como la apertura de una puerta para que algo similar pueda repetirse con otras empresas. Mañana, por ejemplo, una empresa de supermercados o una que explota petróleo tendría encima, como espada de Damocles, la posibilidad de que el Gobierno (este o cualquier otro en el futuro) decida cambiar su paquete accionario y quedarse con su administración y manejo. O regalárselo a un amigo.

De aceptarse este criterio, un órgano administrativo como la Superintendencia podría intervenir en la estructura accionaria de una empresa privada y ejercer control societario sin que un juez lo haya decidido. En otras palabras, se abre la posibilidad de confiscaciones arbitrarias e ilegales. Esto va más allá de GRANASA: implica que ninguna propiedad accionaria estaría a salvo si la Superintendencia puede revertir transferencias válidas años después.

El tema no es sencillo. La confiscación no es únicamente un abuso puntual, sino la ruptura estructural del régimen de propiedad privada, tal como ocurrió en Venezuela, donde el “exprópiese” de Chávez, en febrero de 2010, terminó siendo una pesadilla nacional.

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