Frente Antiminero presentará demanda de inconstitucionalidad contra ley minera

El Frente Nacional Antiminero realizó este miércoles 11 de marzo una rueda de prensa para denunciar el avance de proyectos extractivos en Ecuador y alertar sobre los efectos de la nueva ley minera impulsada por el Gobierno. En el encuentro participaron representantes de territorios de Bolívar, Cotopaxi, Azuay, Loja, El Oro y la Amazonía.

Durante la transmisión virtual, líderes comunitarios relataron conflictos sociales, afectaciones ambientales y procesos judiciales abiertos contra defensores del territorio. Las organizaciones sostienen que la normativa aprobada por la Asamblea el 26 de febrero favorece la expansión de la minería metálica en zonas productivas y áreas de recarga hídrica.

Además, anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de fortalecimiento minero. La acción legal será presentada el próximo 16 de marzo en Quito, con el respaldo de organizaciones como Yasunidos y Ecuarunari.

Conflictos por minería en Bolívar y Las Naves

Habitantes del cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, denunciaron impactos asociados al proyecto minero El Domo, que actualmente se encuentra en fase de construcción y prevé iniciar explotación en 2027. Según dirigentes locales, la actividad se desarrolla cerca de fuentes de agua utilizadas por comunidades agrícolas.

Daisy Coles, residente del sector, afirmó que el proyecto se instaló sin consulta a las poblaciones cercanas. “Nuestro cantón es netamente agrícola, aquí producimos verde, naranja, cacao y limón, pero este proyecto está trabajando donde nacen las fuentes de agua”, dijo durante la rueda de prensa.

El dirigente campesino Raúl Lema advirtió que cerca del 33% del territorio de la provincia de Bolívar ya está concesionado a empresas mineras. También señaló que existen tensiones sociales y militarización en la zona desde 2021.

Denuncias de militarización y procesos judiciales

Según organizaciones sociales, los cantones Las Naves y Echandía han estado bajo estado de excepción desde agosto de 2025. Las comunidades consideran que estas medidas han sido utilizadas para proteger operaciones extractivas y limitar las protestas.

Lema aseguró que se han producido allanamientos y controles en las comunidades. “La militarización afecta el proceso de resistencia y la libre circulación de los habitantes”, afirmó.

Las organizaciones también mencionaron un posible conflicto de intereses relacionado con inversiones en empresas mineras vinculadas al proyecto El Domo, aunque señalaron que estas operaciones han pasado por varias adquisiciones empresariales en los últimos años.

Resistencia en Cotopaxi contra proyecto La Plata

En la provincia de Cotopaxi, comunidades del subtrópico denunciaron el avance del proyecto minero La Plata en la parroquia Las Pampas. Representantes del movimiento de resistencia indicaron que varias demandas judiciales contra el proyecto fueron rechazadas recientemente.

Juan Carlos Carvajal, dirigente comunitario, afirmó que las comunidades continuarán con acciones legales y movilizaciones. “No vamos a permitir que estos atropellos sigan pasando en nuestras comunidades”, dijo.

Las organizaciones campesinas sostienen que las concesiones mineras afectan territorios productivos que abastecen alimentos a otras regiones del país. En Cotopaxi, varias parroquias agrícolas mantienen procesos de resistencia frente a proyectos extractivos.

Preocupación en Azuay por proyectos en páramos

Dirigentes de Cuenca y Girón denunciaron que el proyecto Loma Larga, ubicado en la zona de Kimsacocha, continúa generando preocupación en comunidades que defienden las fuentes de agua del páramo.

Según los representantes locales, consultas populares realizadas en 2019 y 2021 prohibieron la minería metálica en estas zonas. Aun así, señalan que existen operaciones y presencia técnica en el territorio.

Joaquín Martínez afirmó que la suspensión de licencias ambientales no ha implicado una salida real de las empresas. “La supuesta suspensión de la licencia ambiental es una farsa si la maquinaria y el personal técnico siguen ocupando nuestros páramos”, señaló.

Denuncias de amenazas y minería ilegal

En la provincia del Azuay, representantes de juntas de agua denunciaron conflictos relacionados con minería ilegal y presencia de grupos armados en territorios rurales. También reportaron disputas por adjudicación de agua en zonas productivas.

Miriam Quesada, integrante de organizaciones comunitarias, señaló que los habitantes enfrentan presiones constantes. “En esta semana hemos tenido amenazas de muerte con personas armadas dentro de los territorios”, dijo durante la transmisión.

Las comunidades también expresaron preocupación por proyectos mineros en provincias amazónicas y en la cordillera del Cóndor, donde existen concesiones vinculadas a empresas internacionales.

Mega proyecto Cangrejos genera debate en El Oro

En la provincia de El Oro, organizaciones locales cuestionaron el proyecto minero Cangrejos, considerado uno de los más grandes del país. El plan contempla la explotación a cielo abierto en los cantones Santa Rosa y Atahualpa.

Wilfrido González, del Frente por la Defensa del Agua y la Vida, indicó que la zona corresponde a áreas de recarga hídrica que alimentan ríos utilizados para la agricultura. “Nos preguntamos de dónde van a sacar el agua que requiere este proyecto”, afirmó.

El dirigente también advirtió que la explotación podría durar 26 años y procesar hasta 80.000 toneladas diarias de material mineralizado. Según las organizaciones, las comunidades preparan movilizaciones y acciones legales contra el proyecto.

Expansión del catastro minero preocupa a organizaciones

Durante la rueda de prensa también se discutió la próxima apertura total del catastro minero en Ecuador. Según los representantes, el proceso permitiría analizar alrededor de 90 solicitudes de concesiones pendientes desde 2018.

Las organizaciones sostienen que actualmente cerca del 25% del territorio ecuatoriano ya está concesionado para minería metálica. También alertan que nuevas exploraciones podrían ampliar significativamente esa cifra en los próximos años.

En este contexto, líderes comunitarios señalaron que más de 160 personas han enfrentado procesos judiciales relacionados con protestas o acciones de defensa territorial.

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