Yasunidos presentará acción de inconstitucionalidad tras aprobarse ley minera
Colectivo advierte retrocesos en garantías ambientales tras aprobación con 77 votos
Yasunidos anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador contra la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. El colectivo rechaza la norma aprobada por la Asamblea Nacional con 77 votos. La organización sostiene que el trámite fue arbitrario al declararse económico urgente. La votación se realizó en la Universidad Ecotec, en Samborondón.
En su pronunciamiento del 26 de febrero de 2026, Yasunidos afirmó que la ley “no es un ‘ajuste técnico’: es una decisión política” orientada a acelerar la expansión extractiva. El colectivo cuestiona que se priorice la rentabilidad sobre los derechos. También advierte que la norma profundiza el modelo extractivo en el país. A su criterio, existe un retroceso en la protección constitucional de la Naturaleza.
La Asamblea aprobó los artículos del 1 al 28, junto con disposiciones generales y una transitoria, dejando pendiente el artículo 29. El proyecto fue enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente. Según el Ejecutivo, la ley busca modernizar y optimizar la gestión minera y energética. Además, pretende atraer inversión formal y combatir la minería ilegal.
Ley minera y energética: los argumentos del Ejecutivo frente a las críticas
El Gobierno sostiene que la normativa fortalece la rectoría estatal y actualiza el régimen de patentes. En minería, reforma la ley vigente para precisar competencias institucionales y regular las etapas de exploración y explotación. También incorpora disposiciones para fomentar inversión y clústeres mineros. Se incluyen áreas consideradas de interés estratégico.
Agradecemos de corazón a todas las organizaciones, medios de comunicación y personas que nos acompañaron en la audiencia de hoy, de manera presencial o remota.
— YASunidos (@Yasunidos) February 19, 2026
Esperamos que se haga justicia y les pedimos seguir acompañando esta defensa de la vida.#DefenderElYasuníNoEsDelito pic.twitter.com/MXqx7QF2FA
En el sector eléctrico, la propuesta plantea cambios a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. El Ejecutivo asegura que se moderniza la planificación y se promueve la generación distribuida y el autoabastecimiento. El discurso oficial apunta a mejorar eficiencia y seguridad jurídica. Sin embargo, Yasunidos sostiene que estos argumentos no reemplazan garantías ambientales vinculantes.
El colectivo afirmó que citar conceptos como “licencia social” o el Acuerdo de Escazú “no reemplaza las garantías y normativas claras, exigibles y vinculantes”. También señaló que la ley abre la puerta a “decisiones aceleradas, menos escrutinio ciudadano y mayor conflictividad”. Para la organización, el procedimiento legislativo no garantizó un debate amplio y transparente. Consideran que se desbalancea el sistema en favor de incentivos a la inversión.
Acción ante la Corte Constitucional por presunta vulneración de derechos
Yasunidos argumenta que la ley implica “más riesgo para pueblos y comunidades” y mayor presión sobre territorios frágiles y fuentes de agua. Sostiene que se configura un “retroceso práctico del mandato constitucional de protección de la Naturaleza y del interés general”. La organización recuerda que en reiteradas ocasiones la ciudadanía ha dicho sí a la vida y no a la minería. En ese contexto, cuestiona que el Estado no acate esa voluntad.
“Procederemos de inmediato a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador”, señala el comunicado. El colectivo afirma que defenderá los derechos de la Naturaleza y los derechos colectivos. También cuestiona la “irresponsabilidad del poder legislativo” por aprobar la norma sin un debate amplio. Asegura que el país no puede hipotecar su futuro en nombre de una urgencia económica.
Con este anuncio, el debate sobre la ley minera y energética entra en una nueva fase jurídica. Mientras el Ejecutivo defiende la modernización del sector estratégico, organizaciones sociales anticipan una disputa constitucional. El artículo 29 aún debe resolverse en la Asamblea. El escenario ahora se traslada a la Corte Constitucional, donde se definirá el alcance de la nueva normativa.
