El FBI operará de forma permanente en Ecuador: medidas y objetivos de seguridad

Las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, confirman un cambio en la estrategia de seguridad del Estado: agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) operan de manera permanente en Ecuador y trabajan de forma coordinada con una unidad especializada de la Policía Nacional. La medida se suma a un esquema de control interno más rígido, que incluye la aplicación de un toque de queda y operaciones intensivas en territorio.

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Según explicó el ministro, la cooperación con Estados Unidos no es nueva, pero ahora entra en una fase distinta. A diferencia de apoyos puntuales o asistencia técnica esporádica, la presencia del FBI será continua y estará articulada con un equipo policial ecuatoriano creado específicamente para este trabajo conjunto. “Esto arranca de forma inmediata”, afirmó Reimberg.

Los agentes extranjeros operarán desde la Embajada de Estados Unidos y coordinarán investigaciones con una unidad policial cuyos integrantes fueron seleccionados de manera conjunta y sometidos a controles internos. El trabajo estará orientado a casos considerados prioritarios en el país, principalmente relacionados con lavado de dinero, corrupción y estructuras del crimen organizado transnacional.

Reimberg descartó que esta cooperación implique una afectación a la soberanía nacional. Frente a las críticas, sostuvo que quienes cuestionan la presencia del FBI “están en contra de la seguridad y el control” y, en la práctica, favorecen el caos y la criminalidad. A su criterio, la cooperación internacional es una herramienta indispensable para enfrentar organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras.

Cifras muestra una baja criminalidad, asegura Reimberg

El ministro defendió la estrategia con cifras que, aseguró, muestran una reducción de la violencia. Indicó que, hasta marzo, la criminalidad ha disminuido en cerca del 34 % y que desde enero se registra una tendencia sostenida a la baja. Como ejemplo, mencionó jornadas recientes con cero homicidios intencionales durante varias horas en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. No obstante, no presentó datos oficiales desagregados ni series comparativas públicas.

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La presencia del FBI se complementa con un endurecimiento de las medidas de control interno. Reimberg ratificó que durante el toque de queda se ejecutarán operaciones “fuertes” en distintas provincias, con despliegue de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y equipos logísticos, dirigidas a golpear las economías de las organizaciones criminales.

El ministro fue enfático en que el toque de queda no admite excepciones para actividades productivas ni para desplazamientos particulares. Solo los vehículos de emergencia y la movilización médica están autorizados a circular. Incluso quienes cuenten con pasajes de viaje deberán limitarse a llegar a su destino, sin que ello implique habilitar vías o permitir tránsito generalizado en las principales ciudades.

“No puedo tener las vías transitadas ni las ciudades con vehículos moviéndose cuando estamos en una guerra contra el crimen y contra sus economías”, señaló. La restricción, explicó, se limita a seis horas, pero requiere —según dijo— la colaboración de toda la ciudadanía para permitir las operaciones en territorio.

El incumplimiento del toque de queda puede derivar en penas de uno a tres años de prisión. Reimberg afirmó que ya existen coordinaciones con el sistema de justicia para que estas sanciones se apliquen de manera estricta y evitar que las infracciones se repitan.

Frente a los reclamos del sector productivo, que ha señalado falta de diálogo previo, el ministro negó que no haya existido comunicación. Aseguró que la medida fue anunciada y explicada con anticipación y que no se trata de una negociación, sino de una disposición directa del presidente de la República en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

“El sector productivo ha sido claro en que hay que bajar la delincuencia. Hoy tenemos que arrimar el hombro”, insistió, al sostener que la reducción de la violencia es una condición necesaria para proteger la economía y recuperar la normalidad.

La combinación de cooperación internacional permanente, presencia de agentes extranjeros y restricciones internas como el toque de queda configura una estrategia de seguridad más agresiva, que el Gobierno presenta como indispensable frente al avance del crimen organizado. 

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