Libertad de prensa: cuestionan intento estatal de controlar acciones de Granasa
Cinco analistas hablan sobre la acción de la Superintendencia de Compañías en contra de EXPRESO y EXTRA
Defensores de derechos, dos políticos y la Comisión Nacional Anticorrupción coinciden en que el intento de la Superintendencia de Compañías de acceder al 40 % de las acciones de Gráficos Nacionales (Granasa) —casa editorial de EXPRESO y EXTRA— es un síntoma de autoritarismo. En su opinión, la medida busca castigar y alterar la línea editorial, con restricciones a la libertad de prensa y de opinión, que el Gobierno ha activado por distintas vías institucionales.
Esta reciente acción ocurre seis años después de la transferencia del paquete accionario de la empresa Veranera (en liquidación), a favor de Ingrid Martínez Leisker. La Superintendencia aduce que no ha encontrado “trazabilidad”. Y ya nombró a otro liquidador.
El 31 de diciembre del 2025, cuando Granasa hizo público ese mecanismo, la Dirección de Inspección, Control, Auditoría e Intervención de la Superintendencia de Compañías nombró una delegada, que se presentó, para revisar los libros de acciones.
El catedrático y ex juez constitucional, Ramiro Ávila, comentó que en el contexto de la libertad de expresión, desde que Daniel Noboa ejerce el poder se ha evidenciado que no es tolerante y que le estorban las opiniones contrarias a su gestión, lo que se ha manifestado de varias formas. “Tenemos a más de un periodista fuera del país, compra de medios y una multiplicación de plataformas oficiales que dan información parcial”.
Al cuidar la democracia se cuidan derechos fundamentales que el Gobierno vulnera: Ramiro Ávila
Este acoso a Diario EXPRESO va in crescendo y afecta varios principios, también a la democracia, reflexiona Ávila.
“Hay que alzar la voz y rechazar estos actos de hostigamiento pues gracias a la libertad de prensa se puede proteger derechos humanos de formas no solo jurisdiccionales. Destaca el rol de este medio al denunciar y tener presente hechos como los 4 de las Malvinas y lo que pasa en salud pública. Al cuidar de la libertad de prensa se cuidan derechos humanos fundamentales que el Gobierno vulnera”.
La libertad de expresión en Ecuador, el contexto: María Dolores Miño
La catedrática María Dolores (Lolo) Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, apunta que hay un intento de apropiarse del medio o al menos de presionar por cambios en la línea editorial. Y recuerda que esto ocurre “en un contexto no menos preocupante de compras sistemáticas de medios de comunicación, por actores vinculados al Gobierno; así como la salida de periodistas y editorialistas a pedido del régimen y por la construcción de un oligopolio mediático alineado a la voz oficial”.
El terreno del autoritarismo
Por su parte, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hizo hincapié en que en un estado de derecho y democrático se debe respetar la pluralidad. “No hacerlo lo pone a ese poder en el terreno del pleno autoritarismo. El respeto no es solo a los medios, es a la prensa y a sus actores, los periodistas”.
La Comisión que en múltiples ocasiones ha alertado al Gobierno sobre irregularidades en contratos con Progen o en la compra de medicamentos, por ejemplo, considera que: “para acallar al pensamiento crítico tampoco se puede amedrentar a los medios de comunicación”.
Buscan alinear a los medios: Yaku Pérez
El abogado y expresidenciable, Yaku Pérez, cree que “al Gobierno lo que le falta de honestidad, prudencia y pulcritud y le sobra en dinero. es una bajeza pretender alinear a su proyecto político a los medios. Bien que EXPRESO sea irreverente ante el poder”.
¿Qué hay detrás de la acción de la Superintendencia de Compañías contra Granasa?
El exasambleísta Jorge Peñafiel indica que la situación de esta casa editorial y de todos los medios críticos “se origina en el malestar que generan al decir las cosas que el poder pretende esconder. Son incómodos para gobernantes autoritarios, para la verdad estatal única del partido. Por eso se los persigue”.
En esta acción, dice, detecta intereses más allá de lo regulatorio de parte de la Superintendencia. “La acción es ilegal porque para efectos de revisión o verificación de origen de ingresos o de la trazabilidad de los recursos para la compra de acciones pasó el tiempo correspondiente. Las acciones de una empresa son transferibles como cualquier otro título valor, el origen de fondos es una investigación que debería encaminarse hacia la búsqueda del origen lícito o ilícito, más no para anular una transacción”.
Para Ramiro Ávila, un antídoto contra el autoritarismo es luchar por la libertad de información y por el periodismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanas ha reiterado en jurisprudencia recogida en la sentencia del caso El Universo, por la Corte Constitucional, que hay una dimensión de derechos que tienen los periodistas, a la libre expresión y a acceder a fuentes de información, para evitar que se autocensuren”.
La opinión de Francisco Rocha:
Por su parte, a Francisco Rocha, ex director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), le parece muy peligroso que se repita un modelo autoritario de utilización de instituciones para perseguir o intentar acallar a medios de comunicación y a periodistas.
“Es el modelo correísta, al que los ecuatorianos le dijeron no. Sin embargo, una vez en el poder, se sienten cómodos usándolo”, asegura. Sobre lo que pasa con la Superintendencia de Compañías resalta que lo correcto sería que se aclare la parte jurídica, pero que no se use a la institución para perseguir pues así se debilita la democracia, cuyo un pilar es la libertad de expresión.
El antecedente del SRI contra Granasa
En septiembre pasado, a través del SRI, de voceros estatales y de plataformas digitales se buscó desprestigiar a Granasa.
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