SIP denuncia campaña sin pruebas contra diarios Expreso y Extra en su 81ª asamblea

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su 81ª asamblea, manifestó su preocupación por una campaña sin evidencias, a través de la que se ha intentado desacreditar a los diarios Expreso y Extra, de la casa editorial Granasa. La SIP incluyó este caso como uno de los ejemplos de hostigamiento a la prensa libre en la región, junto con otros que evidencian un deterioro en el respeto a la libertad de expresión en Ecuador.

"El ecosistema mediático se vio marcado por graves violaciones a la libertad de prensa en este período. Se documentaron agresiones físicas contra periodistas durante protestas sociales, amenazas de muerte, hostigamiento judicial, persecución contra medios críticos y discursos estigmatizantes provenientes de altas autoridades del Estado", señala el informe de la SIP.

En septiembre 2025, se detalla en el informe de la SIP, se difundió información sobre una supuesta investigación tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) contra distribuidores de periódicos, generando una campaña contra Expreso, amplificada por medios afines al oficialismo. No existe evidencia de involucramiento de Granasa, empresa editorial de Expreso y Extra.  

La Sociedad Interamericana de Prensa tomó nota de que el SRI inició auditorías a 15 contribuyentes por inconsistencias en ventas, "sin explicar la filtración. José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, difundió un video en X vinculando al diario Expreso y Granasa con un presunto esquema de evasión tributaria y lavado de activos, sin evidencia concreta. El medio respondió que Neira anticipó conclusiones antes de cualquier investigación formal del SRI, programada para el 24 de septiembre, y rechazó 'intimidaciones' que buscan deslegitimar su labor crítica e independiente".

Agresiones en la cobertura de manifestaciones en Ecuador

En el documento se resalta que durante la cobertura de manifestaciones, periodistas resultaron agredidos por fuerzas de seguridad y manifestantes. Por ejemplo, en la marcha del 12 de agosto en Quito, periodistas de Expreso, Wambra Radio y GK fueron empujados, golpeados o impedidos de cubrir al presidente Daniel Noboa.

En octubre 2025, en el marco del paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel, se registraron agresiones y restricciones a la prensa y organizaciones sociales. Se denunció el congelamiento de cuentas bancarias a las fundaciones Pachamama y Alianza Ceibo; represión en comunidades indígenas del norte y ataques físicos y digitales a periodistas durante las protestas.  

Numerosos comunicadores fueron golpeados, amenazados o excluidos de espacios oficiales, mientras se reportaron bloqueos de internet e intentos de censura en redes sociales. También se documentaron casos de hostigamiento interno dentro del movimiento indígena. 

Algunos periodistas agredidos en las coberturas

• El 13 de octubre, el periodista Enrique Alcívar Guerrero fue impedido de ingresar al Palacio de Gobierno para cubrir una rueda de prensa, tras incidentes previos en los que militares ya le habían restringido grabaciones en zonas habituales de prensa.  

• El 14 de octubre, Edison Muenala, periodista comunitario y productor de Apak TV, resultó herido mientras cubría la llegada de un convoy militar en Imbabura, en medio de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

• El 11 de septiembre, Elena Rodríguez, corresponsal de Telesur en Ecuador, quien se encontraba acompañada del camarógrafo Henry Pillajo y el asistente Edwin Zambrano, fue agredida por la Policía mientras cubría una marcha en Quito.

• El 26 de septiembre, durante una protesta en Cuenca, los periodistas Nicole Torres (Camaleón) y Santiago Buestán denunciaron hostigamiento policial. Torres relató que, pese a identificarse, un uniformado le prohibió grabar y fue señalada por un coronel. Buestán fue arrestado violentamente mientras fotografiaba, acusado de “vándalo” y despojado de su material.

• El 6 de mayo, los periodistas Álvaro Espinosa y Blanca Moncada, de La Defensa, denunciaron ataques del portal Politics.ec, que los acusa de recibir financiamiento del correísmo para desprestigiar a funcionarios públicos.

• El 22 de mayo, Bibian Hernández, presuntamente involucrada en lavado de activos, presentó demandas por daño moral contra los columnistas Martin Pallares y Roberto Aguilar y por calumnia contra la periodista Sara Ortiz. Las acciones buscan indemnizaciones millonarias y disculpas públicas, alegando descrédito y afectación a su honra por contenidos relacionados con casos judiciales.

Censura a medios comunitarios denunció la Conaie

El 18 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció la suspensión de la señal de medios los comunitarios: TV MICC (canal 47 del Movimiento Indígena y Campesino de la provincia de Cotopaxi, sacada del aire el 24 de septiembre), Radio Ilumán (en la provincia de Imbabura, suspendida el 17 de octubre), Radio Inti Pachá (provincia de Pichincha, suspendida el 18 de octubre) y Territorio Karanki provincia de IImbabura, que reportó la suspensión de su señal y servicio de internet durante cuatro días).

Judicialización del periodismo inquieta a la SIP

En Loja, el periodista Boris Sarango fue demandado penalmente por el excandidato Ángel Loayza, aunque fue absuelto por la justicia al comprobarse que la información publicada provenía de registros públicos.  .

En Guayaquil, los reporteros de Expreso, Jonathan Palma y Flor Layedra, enfrentaron una denuncia por “actos de odio” presentada por un empresario de la salud, tras publicar investigaciones sobre millonarios contratos del IESS con prestadores privados. El caricaturista Bonil y la periodista Sara Ortiz fueron descalificados y tildados de “terroristas” desde cuentas oficiales por funcionarios de alto rango

La compra de dos medios en 2.6 millones de dólares por parte de un asambleísta suplente de ADN

El 29 de septiembre, la empresa Galamedios S.A.S., vinculada al asambleísta suplente de ADN, Luis Alvarado Campi, adquirió La Posta y el 80% de Radio Centro por 2,6 millones de dólares, reavivando el debate sobre la concentración mediática y la independencia editorial, documentó la SIP, entre otros casos.

Redes sociales usadas para denigrar a medios de comunicación y periodistas

La SIP incluyó en su informe el uso de redes sociales. Por ejemplo desde cuentas en X afines al oficialismo, que hostigan a medios como Ecuavisa, Teleamazonas y al caricaturista Bonil, reforzando la narrativa de “enemigos del pueblo” utilizada por el propio presidente contra la Corte Constitucional.

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