Modesto Gerardo Apolo | Incremento del SBU = informalidad
La pregunta ya no es si se debe cambiar, sino si existe la voluntad política para hacerlo
Ecuador enfrenta un dilema que ya no admite discursos: incrementar el SBU y generar desempleo o crear empleo sostenible en el largo plazo. En la última década el salario mínimo, convertido en una herramienta política, dio como resultado un salario nominal de USD 482 que, al incorporar cargas sociales, décimos, vacaciones, indemnizaciones y riesgos legales, eleva el costo real del trabajador a cerca de USD 686. Para el pequeño y mediano inversionista esto no es protección social: es un impedimento para emprender y crear empleo formal.
El problema es la desconexión del salario con la productividad.
Mientras países como China apostaron por disciplina laboral, capacitación intensiva y costos controlados para atraer inversión, en Ecuador se elevó el costo del trabajo sin mejorar sustancialmente la eficiencia, la formación técnica, ni la flexibilidad normativa. El efecto: menos inversión, menos empleo.
La experiencia internacional demuestra que no hay crecimiento sostenible sin competitividad laboral. Shenzhen es el ejemplo paradigmático: una zona económica especial con reglas distintas al resto del país, salarios ligados a productividad, incentivos tributarios y seguridad jurídica. En 30 años pasó de aldea pesquera a polo industrial y tecnológico global. Solo bastó decisión política.
Ecuador podría replicar el modelo mediante zonas de desarrollo productivo con regímenes laborales, tributarios y fiscales diferenciados, en los cuales, la remuneración debe anclarse al desempeño, la capacitación obligatoria y la normativa debe reducir riesgos indemnizatorios excesivos que hoy desalientan la contratación.
No se trata de precarizar sino de transitar hacia un esquema moderno donde más personas accedan a empleo formal.
El verdadero acto de justicia social no es fijar salarios por decreto, sino crear las condiciones para que el empleo exista. Sin una reforma estructural que alinee salario, productividad y competitividad, Ecuador seguirá perdiendo oportunidades frente a economías más flexibles. La pregunta ya no es si se debe cambiar, sino si existe la voluntad política para hacerlo.
