Ecuador bajo lupa: denuncian ataques a medios y restricciones a la prensa
El derecho del ciudadano a informarse está en juego, resalta Daniel Santoro; también Reporteros Sin Fronteras
La situación que atraviesa la prensa en Ecuador no pasa inadvertida fuera de sus fronteras. Periodistas rechazan el cierre de fuentes informativas y los ataques a medios de comunicación, que se han vuelto un modelo que se repite en la región.
El reconocido periodista argentino Daniel Santoro, editor del área Judicial del diario Clarín y docente, conversó con EXPRESO. Cree que restringir el acceso a la información pública a periodistas constituye un grave atentado. No solo contra las leyes locales, sino contra los derechos humanos porque una clave para el ciudadano es estar bien informado.
“Eso implica tener acceso a todo lo que hacen funcionarios con la cosa pública, con los recursos del Estado”, explica. Por eso le preocupan seriamente ese tipo de restricciones a la libre circulación de información.
Eso en relación a que el presidente y su gabinete no brindan entrevistas, tampoco responden a pedidos de información. Desde el 2 de junio se presentó a Carolina Jaramillo como portavoz del Gobierno de Daniel Noboa. Los lunes emite pronunciamientos sobre temas que el régimen quiere posicionar (lee comunicados). La prensa no puede profundizar. Y hace una semana, hasta se retiró sin contestar todas las preguntas.
El silencio frente a preguntas de la prensa
Asociaciones de pacientes y federaciones médicas han denunciado desabastecimiento de medicamentos en hospitales. También falta de pago a los servicios de alimentación y seguridad.
El Ministerio no ha respondido; acude a entrevistas con ciertos medios; el IESS no ha contestado solicitudes de información para reportajes como Los dueños de la salud, que mostró un pago millonario a derivaciones, desde 2013.
La visión de Reporteros Sin Fronteras
Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, considera que lo que está ocurriendo en Ecuador refleja un patrón que lamentablemente ha identificado en varios países de la región: “el poder político que se cierra al escrutinio y percibe al periodismo como una amenaza, no como un pilar de la democracia”.
Cuando un gobierno decide no responder preguntas, no ofrecer entrevistas ni transparentar su gestión -precisa el periodista brasileño Romeu- está privando a la ciudadanía de su derecho a estar informada.
La inversión de 2.6 millones de dólares de un legislador suplente de ADN
Entidades de control tampoco se han pronunciado sobre la 'inversión' de Galamedios SAS, de Luis Alvarado Campi, legislador suplente del oficialista ADN (en el período anterior fue vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y su esposa es su titular ahora). Compró una plataforma digital y una radio por 2,6 millones de dólares, aunque a la Contraloría le declaró un patrimonio de 66 mil.
Frente a eso, Romeu señala que: "La concentración de medios en manos de actores vinculados al poder político, sin controles ni explicaciones públicas sobre el origen de los fondos, agrava la situación. En un contexto de precarización del trabajo periodístico y de violencia, ya sea por parte del crimen organizado o de las fuerzas de seguridad, se genera un ecosistema informativo cada vez más frágil, donde la independencia y la pluralidad están amenazadas".
Lo que se hace en Argentina para controlar enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos
No sé cómo funciona en Ecuador, pero en Argentina, dice Daniel Santoro, los funcionarios de Gobierno y los legisladores tienen la obligación de presentar una declaración jurada de bienes anual.
Daniel Santoro
“Deben detallar qué bienes poseen y cómo los adquirieron, si usaron fondos propios, si fue con un crédito, una herencia o demás. Si no cierran los ingresos con la compra de nuevos bienes, acá tienen una denuncia por enriquecimiento ilícito”.
Santoro dio un ejemplo: José Luis Espert, diputado de Libertad Avanza de Javier Milei, no declaró que Fred Machado, acusado de complicidad con el narcotráfico, le había dado 200 mil dólares.
“Eso no está en su declaración jurada de bienes y la justicia está investigando eso. Sería importante que allá se investiguen todas las sospechas”.
Sobre el intento de desprestigiar y el maltrato a la prensa
Sobre la campaña para desprestigiar a EXPRESO, por parte de funcionarios de Gobierno, que afirman que el Diario usó a vendedores de periódicos como fachada, así como agresiones de la fuerza pública a periodistas, Santoro comentó: “Me preocupa que el periodismo no se pueda ejercer con medidas de seguridad en coberturas de manifestaciones públicas. Es un ataque a la libertad de expresión, no solo se trata de violencia física (por lo que me contás)".
"Se repite aquello que hacen el populismo de izquierda de Rafael Correa y Cristina Kirchner y los populismos de derecha, como el de Milei: desprestigiar y hostigar. Los funcionarios tienen derecho de criticar contenido de nuestras notas, pero no de poner en marcha una percusión judicial o ataques, meterse con familias. Deben garantizar el contexto en que periodistas ejercemos nuestra profesión, no solo por nosotros sino porque somos uno de los vehículos a través de los que la gente se informa”.
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