Luis Alvarado Campi y la compra de dos empresas: el silencio oficial se impone

La reciente adquisición de dos empresas, por parte de Galamedios S.A.S., compañía constituida por Luis Alvarado Campi, se hizo pública, hace menos de una semana. En redes sociales como X, inclusive la audiencia de esos espacios se pregunta cómo el legislador alterno del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) consiguió 2,6 millones de dólares, para aventurarse a hacer una inversión así, ya que su patrimonio llega a 66.279,31 dólares, según su declaración patrimonial del 1 de agosto del 2025.

Más allá del debate sobre ética periodística, que ha incluido críticas serias y también descalificaciones e insultos, persisten interrogantes que ahora recaen directamente en el campo de acción de las autoridades de control del Ecuador.

EXPRESO ha enviado oficialmente pedidos de información al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que dirige Michele Sensi Contugi; y que aglutina a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a cargo de José Julio Neira, quien además es secretario general de Integridad Pública. Además al Servicio de Rentas Internas (SRI), al mando de Alexandra Navarrete. No han contestado hasta el cierre de esta edición. Tampoco la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, a quien se le envió un mensaje telefónico, ha dicho algo.

Al tratarse de un asambleísta suplente, que en el período legislativo anterior, que concluyó en mayo 2025, tenía una curul y que fue vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, este medio de comunicación dirigió un pedido de entrevista a la Fiscalía General del Estado. La solicitud no ha sido contestada aún.

¿Por qué Fiscalía debería investigar esta compra?

El exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, considera que la Fiscalía General del Estado está obligada a investigar a Luis Alvarado Campi. “Una vez que hay una noticia criminis, debe actuar”. ¿Por qué si se trata de un negocio entre privados? ¿Hay algo ilícito?

“Existe algo evidente: el asambleísta suplente declaró que no tiene recursos suficientes (66.279,31 dólares de patrimonio en agosto). No cambió su declaración inicial, al dejar el cargo de legislador titular. En ese documento muestra que no cuenta con recursos para una erogación de ese tipo”, advierte.

¿Alguien podría estar detrás de la compra hecha por Galamedios?

¿Qué puede preocupar de una transacción de este tipo, con los antecedentes mencionados? ¿Por qué debería actuar la Fiscalía u otro organismo de control? Verdesoto señala: “obviamente podría estar siendo utilizado como vehículo de otros dineros que pueden ser lícitos o ilícitos, la misma acción de testaferrismo es ilícita, delito pues ocultaría al nombre real del que está atrás de una compra.

A Luis Verdesoto también le parece que se debería revisar si esta adquisición de medios pasó “la cantidad de filtros que puso (Rafael) Correa a los empresarios de medios de comunicación. El mismo Gobierno debería investigar, a través de la UAFE, para descartar que se trate de un caso de lavado de activos. Obviamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tendría que interesarse, al tener la función de luchar contra la corrupción”.

Incluso exfuncionarios de organismos de control prefieren callar

Este medio buscó a exdirectores de la UAFE, SRI y a integrantes del CPCCS, así como a exfiscales. Sin conocerse, todos evitaron en este caso, dar una opinión pública al respecto. Unos dijeron que no les compete, otros que no conocen detalles del caso e incluso que no creen que sea un buen momento para pronunciarse, en la coyuntura que se vive.

Esto podría hacer el SRI

Una persona que dirigió el SRI explicó a condición de no ser citada que esta entidad sí podría controlar la operación como tal, es decir la utilidad de la enajenación de acciones en la venta efectuada, es decir la veracidad en las declaraciones y los correspondientes pagos.  

En cuanto al patrimonio declarado y las diferencias, consideró que es un campo que les compete a la UAFE y a la Contraloría General del Estado, al haber sido y ser un servidor público.

La Comisión Nacional Anticorrupción pide transparencia

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, se pronunció porque cree que esa transacción debe transparentarse ante todo el país. “Si bien son recursos económicos de sectores privados, al tratarse de medios de comunicación que tienen una incidencia sobre la esfera de lo público, de algo tan sensible como la opinión ciudadana, debe haber transparencia”.

Además, según Rodas, el caso es más relevante porque la persona que hizo las adquisiciones de la plataforma y el medio de comunicación ha declarado ante la Contraloría General del Estado que sus recursos no le permitirían alcanzar una compra así. “La opinión pública pregunta: ¿cómo este comprador ha obtenido recursos para hacer estas transacciones tan importantes? Debe darle la cara al país y explicar con transparencia”.

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