La estrategia del silencio del Gobierno de Noboa ante el escándalo de la Judicatura

Pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la apertura de una investigación, en torno a una presunta intervención del exdirector de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, en la actuación del juez anticorrupción Carlos Serrano, dentro del caso Euro2024, el Gobierno de Daniel Noboa no ha expresado su postura. Este caso salió a la luz el miércoles 17 de diciembre, tras la publicación de una columna de opinión del abogado penalista Felipe Rodríguez.

Acciones tras la crisis en la Judicatura

Por su lado, la Asamblea Nacional resolvió convocar a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), “para que informe los hechos relativos a presuntas irregularidades en actuaciones judiciales”. La fecha límite para que el funcionario se presente ante el Pleno es el lunes 5 de enero de 2026.

A la par de estos hechos, Nataly Morillo, titular del Ministerio de Gobierno, ha expresado que el régimen no emitirá ninguna opinión al respecto. Eso porque “esperaremos su testimonio, el día que tenga que ir a comparecer; mientras tanto, nosotros no podemos adelantar un criterio”. Eso, a pesar de que la Fiscalía investiga un presunto tráfico de influencias.

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¿A qué se debe este silencio?

Esta postura de guardar silencio, de acuerdo con el criterio de expertos en política consultados por EXPRESO, es estratégica y se ha institucionalizado. ¿Por qué? Porque en comunicación política, el reaccionar de inmediato puede ser funcional cuando el objetivo es evitar la amplificación del escándalo y hacer que el golpe mediático pierda intensidad, indica Nicolás Castro, coordinador de la maestría de Comunicación Política de la Universidad Internacional del Ecuador. Más aún en un contexto de fin de año, cuando la agenda pública se fragmenta y la atención ciudadana baja. De esa forma, explica, este hecho sería reencuadrado como un caso aislado, evitando una politización directa.

Pero también es una decisión política (no un descuido comunicacional) para proteger una alianza para el trabajo articulado que han venido haciendo la Justicia y el Gobierno, lo cual ha sido fundamental para el régimen, analiza Juan Carlos Valarezo, experto en Ciencias Políticas y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

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Eso porque, a criterio del docente, Godoy tiene una relación cercana con el Gobierno de Noboa, ya que no es un actor externo del Ejecutivo. Antes de ser el titular de la Judicatura, en enero de 2024, fue nombrado procurador jurídico de la Empresa Pública Petroecuador. Entonces, “cualquier condena pública a Godoy va a rebotar precisamente en el propio diseño político que lo ha sostenido”.

Además, de esta forma se desentiende del problema, como queriendo evidenciar que esta situación no les pertenece porque no la generaron, por lo que no les afecta, menciona Andrea Endara, politóloga y coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande.

¿Puede resultar esta estrategia gubernamental?

Sin embargo, este momento, a diferencia de la etapa previa a la consulta popular y referéndum de 2025, es distinto, considera Endara. “El ciudadano exige respuestas y ante la falta de estas, se va a resentir por la desconexión y la falta de empatía”.

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Sobre todo, porque la ciudadanía teme que el crimen organizado esté cooptando la Justicia, precisa el catedrático Castro. Por eso, no definir una posición alimenta la sospecha de ambigüedad o complacencia del Gobierno, incluso si esa no es la intención real, dice. “Mientras esa respuesta no llegue, el silencio seguirá jugando en su contra”, sostiene.

Por ello, el docente Valarezo menciona que el Gobierno debe condenar en su discurso la corrupción, la presión y la injerencia en la toma de decisiones en los juicios. “El Ejecutivo debería pronunciarse en contra de eso”. Además, como Daniel Noboa tiene una mayoría en la Asamblea Nacional, la bancada también debería mostrarse imparcial, porque hasta ahora sus acciones son sospechosas, ya que “le ha dado tiempo a Godoy para que se defienda”.

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¿Qué debería hacer el régimen?

Por eso Castro cree que puede resultar más eficaz para el oficialismo permitir o incluso respaldar que el proceso de fiscalización avance, ya que así el mensaje sería consistente con el discurso de anticorrupción y lucha contra las mafias. “Al no obstaculizar la censura, refuerza la idea de que nadie está por encima del control político, lo cual transformaría una debilidad coyuntural en un gesto de autoridad moral ante la ciudadanía”.

Asimismo, añade Valarezo, el régimen debe establecer mayor claridad, con reglas, para evitar el conflicto de intereses en todo el sector público. Por lo que si cambia la estrategia generaría mejores resultados, dice Endara, ya que se ha dicho que existen más audios y más casos de corrupción como el destapado.

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