Caso Triple A escala a la CIDH en medio de acusaciones de manipulación judicial

El tratamiento del caso judicial que enfrenta Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, ha ascendido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así lo comunicó David Norero, abogado y secretario general del Municipio de Guayaquil, en su cuenta de X.

La denuncia fue puesta el 18 de diciembre de 2025, en el portal digital del organismo internacional. El número de petición es el P-3253-25; el cual se encuentra en estado de estudio.

Esta denuncia busca mostrar una supuesta “desviación de poder y uso indebido de la justicia”, indica Norero en una publicación hecha en su cuenta personal de X. Además, asegura que “el documento (entregado) expone hechos concretos que evidencian persecución política mediante el aparato judicial. Desde hoy, estos hechos ya están bajo conocimiento del sistema interamericano”.

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¿Por qué acudieron a la CIDH?

Norero comentó a EXPRESO que ellos esperan que la CIDH pueda conocer lo que está pasando en Ecuador, admita la denuncia y mantengan una vigilancia del caso. Además, de que emitan medidas de protección “para que no exista persecución al declarar que el Estado ecuatoriano viola derechos humanos”.

Este paso lo decidieron hacer, comenta el abogado, porque “nosotros nos damos cuenta de que ya no es necesario tampoco agotar en Ecuador algún tipo de actuación en virtud de que la justicia, en estos momentos, está manejada por el Ejecutivo”. Esto también lo sostiene por el cambio de fecha de la audiencia de juicio.

En un principio esta estaba prevista para el 21 de enero hasta el 1 de febrero, pero fue cambiada para el 24 de diciembre, a las 14:30, y del 28 al 30 de diciembre. Según el oficio, el adelanto de la fecha se debió a la “aplicación del principio de celeridad” y a “la disponibilidad de la agenda de este Tribunal”.

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Caso Triple A

Estas acciones, para Norero, es una muestra de que hay una manipulación política en el caso Triple A, donde 22 personas naturales y jurídicas son investigadas por la Fiscalía General del Estado. A ellos se los acusa por un presunto delito de comercio irregular de combustible.

La Fiscalía investiga un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustible. Esto fue denunciado el 12 de julio de 2024 por Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Erreyes denunció ante la Fiscalía al alcalde Álvarez. También a su círculo cercano y a las empresas vinculadas a él, como Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco.

Opiniones de personeros públicos

Por otro lado, el abogado Norero señala que no es correcto tampoco que funcionarios públicos, como también el primer mandatario, expongan públicamente sus apreciaciones sobre el caso. Eso, porque violentan el debido proceso, dice. “La presunción de inocencia existe y no debería ni el presidente de la República ni ningún funcionario público salir a dar declaraciones”.

En diciembre de 2024, el presidente Daniel Noboa publicó en su cuenta personal de X que sobre lo que la Fiscalía investigaba a Álvarez era “un secreto a voces que nadie quiere investigar o denunciar por su peligrosidad, beneficio indirecto o simplemente por ser parte del paisaje”. Además, agregó que “la Fiscalía determinó que COPEDESA vendió más de 7 millones de galones a una estación con capacidad para cerca de 10 mil galones”.

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José Julio Neira Hanze también se pronunció sobre el caso. Él es el brazo derecho del primer mandatario y, desde agosto del año pasado, ha sido designado como representante del Ejecutivo en varias entidades pública.

Neira, el 19 de julio, en su cuenta de X, anunció que “es probable que haya un alcalde sentenciado”. Además, formuló la pregunta si “¿se pondrá el grillete?”, en alusión al alcalde del puerto principal. Y, a partir del día siguiente, el burgomaestre porta un dispositivo de vigilancia electrónica.

Norero afirma que, con estas acciones, “obviamente quieren influir sobre la decisión ciudadana para que, ante la postura del fiscal, se diga que la acusación es válida”. Para él, “el Gobierno hace tanta bulla porque (Aquiles Álvarez) es alguien que estorba”.

Es por esto por lo que han enviado informes, correos electrónicos para que la CIDH comprueben “el manejo de la justicia a través de la Fiscalía (General del Estado); que la utilizan como instrumento de persecución y como una forma de disciplinar a un opositor político”, manifiesta el secretario general del Cabildo”.

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