El Tribunal de Garantías Penales adelantó la audiencia del caso para el 24 de diciembre del 2025
El Tribunal de Garantías Penales adelantó la audiencia del caso para el 24 de diciembre del 2025.Cortesía

Caso Triple A: una campaña digital contra Aquiles Álvarez a días de audiencia clave

El Tribunal de Garantías Penales adelantó la audiencia del caso para el 24 de diciembre del 2025

A pocos días de la audiencia del 24 de diciembre de 2025, el denominado Caso Triple A —que investiga presunta comercialización ilegal de derivados de petróleo— vuelve al centro del debate judicial y político en Ecuador, mientras el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denuncia un ambiente de hostigamiento que también se manifiesta en el terreno digital.

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En el video difundido en YouTube, una voz femenina detalla las evidencias que constan en el proceso judicial contra Álvarez, las cuales son utilizadas para sostener su presunta responsabilidad en la comercialización de hidrocarburos.

El proceso, inicialmente previsto entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026, fue anticipado por decisión del Tribunal de Garantías Penales Especializado, que aplicó el principio de celeridad para instalar la audiencia el 24 de diciembre, una fecha que el propio Álvarez ha calificado de inusual y políticamente sensible.

El alcalde insistió en que la reprogramación responde a motivaciones políticas y a un intento de estigmatizarlo, señalando que decisiones procesales anteriores también se dieron en momentos de alto impacto mediático y electoral.

Álvarez y 21 personas más —entre naturales y jurídicas— enfrentan cargos relacionados con la presunta distribución y comercialización irregular de combustibles subsidiados. La causa se originó tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos en julio de 2024

El componente digital: una escalada de disputas en redes sociales

Si bien el expediente judicial no recoge formalmente una “campaña digital”, en los días recientes se ha intensificado la circulación de mensajes, críticas, vídeos pautados y acusaciones en redes sociales, especialmente desde que Álvarez acusó públicamente a la Fiscalía de hostigamiento.

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El alcalde ha utilizado su cuenta en X para denunciar supuestos intentos de intimidación y para atribuir un trasfondo político al adelanto de la audiencia, afirmando que el proceso “busca impedir su futura participación electoral”. Estos pronunciamientos han sido replicados masivamente, alimentando un clima digital polarizado alrededor del caso.

De forma paralela, adversarios políticos y cuentas anónimas han amplificado cuestionamientos sobre la gestión del alcalde y su situación judicial. Aunque no hay evidencia pública de una estructura coordinada, el volumen de interacciones en redes sugiere una escalada digital atípica para una fase procesal de esta naturaleza.

Denuncias de presión y advertencias de allanamientos

En los días previos a la audiencia, Álvarez ha emitido mensajes públicos alertando sobre un presunto intento de allanamiento y amedrentamiento contra su equipo legal por parte de la Fiscalía. Señaló directamente a la fiscal Ivonne Proaño, a quien acusa de actuar “desde la desesperación” en un intento por influir en el entorno de su defensa.

Aunque la defensa confirmó que no se ha ejecutado ningún allanamiento, reconoció la existencia de una solicitud de la Fiscalía que, según indicaron, podría interpretarse como una estrategia de presión en un momento crucial del proceso.

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