¿Quién es el juez de garantías penales detenido en Guayaquil? Esto se sabe sobre él
El magistrado ya había fue cuestionado por decisiones judiciales en casos relacionados los socios del narco Jezdimir Srdan
El juez de Garantías Penales de Guayaquil, Ángel Enrique Tapia Vélez, fue detenido en un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional dentro de una investigación por presunto tráfico de influencias. Sin embargo, su nombre ya había estado en el centro de la polémica por un habeas corpus irregular relacionado con un cabecilla de delincuencia organizada.
La aprehensión se produjo durante un allanamiento realizado en Guayaquil. Tras el procedimiento, el magistrado fue puesto a órdenes de la autoridad para que en las siguientes horas se realice la audiencia de formulación de cargos.
Su rol en la Función Judicial
Tapia Vélez se desempeñaba como juez en la Unidad Judicial Penal Norte N.º 1 de Guayaquil, dentro de la provincia del Guayas. Desde ese despacho conocía causas penales. Llegó a la Función Judicial en 2014 y desde 2015 tambi´´en se desempeña como docente en la Universidad de Guayaquil, según su declaración juramentada a la Contraloría.
Polémicas por decisiones judiciales
El nombre de Ángel Enrique Tapia Vélez generó controversia porque con un habeas corpus permitió la liberación de Danny William Naula González, alias Odín, identificado por Ministerio del Interior como socio del narcotraficante Jezdimir Srdan.
Su decisión fue sustituir la prisión preventiva, pese a que el procesado se encontraba vinculado a una causa por delincuencia organizada. Sin embargo, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas, al resolver la apelación, determinó que el juez carecía de competencia, ya que, conforme a la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las acciones de habeas corpus en procesos penales en curso deben ser conocidas por una Sala de la Corte Provincial, no por un juez de primer nivel.
Fallas graves en el trámite del caso de alias Odín
El Tribunal identificó múltiples irregularidades en la actuación del juez de primera instancia, entre ellas:
- Haber conocido el caso sin competencia legal.
- No convocar a entidades estatales clave, como el SNAI, el Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General del Estado.
- Convocar la audiencia fuera del plazo legal de 24 horas.
- No registrar en audio la parte resolutiva de la audiencia, vulnerando los principios de publicidad y transparencia.
- Ordenar la libertad sin demostrar que el sistema penitenciario no podía garantizar atención médica adecuada, como exige la Corte Constitucional en casos de habeas corpus correctivo por salud.
Proceso disciplinario previo
Antes de su detención, el juez ya enfrentaba un proceso disciplinario dentro del Consejo de la Judicatura, luego de que una instancia judicial señalara que habría incurrido en un posible “error inexcusable” en una de sus decisiones. Como parte de ese procedimiento, el organismo dispuso su suspensión preventiva mientras se desarrollaba el sumario administrativo.
Investigación penal en curso
Con la detención del magistrado, la Fiscalía General del Estado continuará con la investigación por presunto tráfico de influencias. En la audiencia de formulación de cargos se definirá si se dictan medidas cautelares en su contra mientras avanza el proceso penal.
