Juez liberó con un habeas corpus irregular a alias Odín, socio de Jezdimir Srdan
El juez actuó sin competencia y ocultó la resolución final de la audiencia: así liberó al acusado de delincuencia organizada
Un juez penal de Guayaquil, Ángel Enrique Tapia, ordenó la liberación de Danny William Naula González, alias Odín, identificado por Ministerio del Interior como socio del narcotraficante bosnio Jezdimir Srdan. La liberación la adoptó a través de un habeas corpus correctivo que luego fue anulado en apelación por graves irregularidades procesales y por falta de competencia del juzgador.
Alias Odín, de 39 años, fue capturado el 4 de septiembre de 2025 en la urbanización Las Cumbres, en Los Ceibos, Guayaquil, durante el Operativo Finisterra. El ministro del Interior John Reimberg lo presentó como una acción transnacional liderada por la Policía Nacional, la Fiscalía y Europol, que desarticuló una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas hacia Europa. En esa operación también fue detenido, aunque ya estaba en la cárcel, Jezdimir Srdan, alias Brate, considerado objetivo de Alto Valor, quien, según el Ministerio del Interior, financiaba la red criminal incluso desde prisión.
Habeas corpus sin competencia
El juez Ángel Enrique Tapia, de la Unidad Judicial Penal Norte 1 de Guayaquil, aceptó el habeas corpus a favor de Naula y sustituyó la prisión preventiva, pese a que el procesado se encontraba vinculado a una causa por delincuencia organizada.
Sin embargo, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas, al resolver la apelación, determinó que el juez carecía de competencia, ya que, conforme a la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las acciones de habeas corpus en procesos penales en curso deben ser conocidas por una Sala de la Corte Provincial, no por un juez de primer nivel.
- Fallas graves en el trámite
- El Tribunal identificó múltiples irregularidades en la actuación del juez de primera instancia, entre ellas:
- Haber conocido el caso sin competencia legal.
- No convocar a entidades estatales clave, como el SNAI, el Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General del Estado.
- Convocar la audiencia fuera del plazo legal de 24 horas.
- No registrar en audio la parte resolutiva de la audiencia, vulnerando los principios de publicidad y transparencia.
- Ordenar la libertad sin demostrar que el sistema penitenciario no podía garantizar atención médica adecuada, como exige la Corte Constitucional en casos de habeas corpus correctivo por salud.
Alias Odín y sus certificados médicos
En la acción constitucional, la defensa de alias Odín estuvo a cargo de la abogada Yadira Cedeño Mosquera, quien alegó que procesado padece VIH, además de diabetes, hipertensión arterial, anemia, insuficiencia renal y un posible cuadro de tuberculosis, patologías que, según la defensora, no era atendidas de forma adecuada en el centro de privación de libertad. Estos diagnósticos constan en dos certificados médicos incorporados al expediente: uno emitido por el Ministerio de Salud Pública, suscrito por el Dr. Diego Solórzano García, y otro elaborado en el Centro de Privación de Libertad, con fecha 13 de octubre de 2025, firmado por el Dr. Paul Argüello Landázuri.
Nulidad, recaptura y error inexcusable
Ante estas omisiones, el la Sala de Corte de Justicia del Guayas declaró la nulidad de todo lo actuado, dejó sin efecto la boleta de excarcelación y ordenó la localización, captura y traslado inmediato de ‘Odín’ al CPL Guayas No. 1.
Además, la Sala declaró la existencia de error inexcusable en la actuación del juez Ángel Tapia y dispuso notificar al Consejo de la Judicatura, para que inicie un sumario administrativo disciplinario en su contra.
El vínculo con Jezdimir Srdan
Según el Ministerio del Interior, Danny William Naula González, alias Odín formaba parte de la estructura criminal liderada por Jezdimir Srdan, dedicada a la contaminación de contenedores mediante modalidades como gancho ciego, estructura espejo y contaminación en altamar, con envíos a varios países europeos.
Las investigaciones oficiales atribuyen a esta red una economía criminal de alrededor de 200 millones de dólares, con el uso de empresas exportadoras como fachada para el lavado de dinero. En Ecuador se incautaron 4,3 toneladas de cocaína y en Europa 5,22 toneladas, gracias a la cooperación internacional.
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