Fiscalía defiende la liberación de detenidos por el caso del serbio Jezdimir Srdan

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en respuesta a las críticas por el dictamen abstentivo que favorece a siete personas vinculadas a la estructura criminal de Jezdimir Srdan. La institución sostiene que la decisión de la agente fiscal se basa en un "análisis objetivo, técnico y jurídico" de los elementos de cargo y descargo presentes en el expediente.

Según la Fiscalía, un "control jurídico" ratificó que las actuaciones de la agente Janneth Mariana Cueva Castillo, quien tiene un año y tres meses de experiencia como fiscal, cumplen la normativa legal vigente sin identificar irregularidades. La FGE enfatiza que el proceso penal continúa contra otras nueve personas por el mismo delito de delincuencia organizada. Además, la institución rechaza los señalamientos que buscan "desacreditar la labor" de la entidad en su combate contra el crimen organizado.

Los cuestionamientos de la prensa y el contexto del caso

A pesar de la postura institucional, medios como Primicias y Vistazo exponen detalles que contradicen la efectividad del proceso. Los siete beneficiados por la abstención fiscal formaban parte de la denominada "Operación Finisterra", un operativo que apuntó a desarticular la logística de transporte de cocaína hacia Europa bajo el mando de ciudadanos vinculados a la mafia de los Balcanes.

Los reportes de prensa detallan los siguientes puntos críticos:

• Perfil de los liberados: 

Los sujetos bajo sospecha habrían cumplido  roles de seguridad, transporte y logística para la red de Srdan. El serbio Jezdimir Srdan posee dos sentencias previas por tráfico de drogas y es identificado como un nexo estratégico de la mafia albanesa en Sudamérica.

• Debilidad probatoria: 

Los medios cuestionan cómo una investigación de largo aliento, que incluyó interceptaciones telefónicas y seguimientos, termina en una abstención de acusación. Esto ocurre en un contexto donde las estructuras criminales internacionales suelen permear el sistema de justicia como ya se vio en el mismo caso Euro2024, donde era juzgado Srdan y el entonces director del Consejo de la Judicatura de Pichincha presionó al juez Carlos Serrano, según denunció este, para que no sea sentenciado por lavado de activos, ya que estaba en juego más de 11 millones de dólares en bienes incautados. Además, en los audios filtrado, Gaibor señala que él solo cumple con darle el mensaje al juez, pues es un pedido de alguien de más arriba.

• Riesgo de llevar un caso débil: 

La liberación de estos individuos ocurre mientras el proceso principal contra el cabecilla y otros nueve implicados entra en la fase de audiencia preparatoria de juicio.  La investigadora de este caso es Mariana Cueva Castillo, agente Fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional 10, quien fue puesta en este cargo el pasado 16 de diciembre por decisión del fiscal Carlos Alarcón, quien fue puesto en octubre al frente de la Fiscalía por el Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy. Antes tenía una experiencia como fiscal en Carcelén (norte de Quito) para delitos de tránsito y al fiscal que investigó a toda la red se lo sacó del caso. 

El marco legal invocado por la Fiscalía

La Fiscalía fundamenta su decisión en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente en 2020. Esta norma establece penas de cinco a siete años para colaboradores en delincuencia organizada. Sin embargo, el Ministerio Público concluye que no existen pruebas suficientes para sustentar la participación de estos siete individuos ante un tribunal aunque no detalla por qué presentó cargos en su contra.

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