Se intentó salvar a la jueza Gabriela Lara antes de su fallo a favor del narco serbio
Proyecto para declarar inocente a Gabriela Lara se elaboró un día antes de su voto por Jezdimir Srdan
Un proyecto interno del Consejo de la Judicatura que recomendaba declarar inocente a la jueza anticorrupción Gabriela Lara Tello estuvo listo el 20 de noviembre de 2025. Al día siguiente, el 21 de noviembre, la magistrada emitió un voto de minoría para declarar inocente al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.
La secuencia temporal quedó en evidencia este 24 de febrero de 2026 durante la sesión del pleno en la que finalmente se resolvió destituir a Lara y al juez Christian Quito Carpio, ambos investigados penalmente por su presunta vinculación con una red de corrupción judicial relacionada con el caso denominado Fachada, que indaga supuestos intentos de favorecer a cabecillas de Comandos de la Frontera. Y absolvieron al juez Jairo García, quien actualmente dirige el caso Goleada, por no haber evidencia de algún hecho ilícito.
Un borrador listo justo antes del fallo del caso Euro2024
El documento que sugería la inocencia de los jueces fue elaborado por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, durante la presidencia de Mario Godoy. El 20 de noviembre quedó listo el proyecto de resolución que proponía exonerarlos de responsabilidad administrativa, pese a la directora Provincial de Pichincha en el Ámbito Disciplinario, Gisela Ibujés, recomendó en un primer informe la destitución de los jueces sumariados.
El expediente disciplinario se tramitó entre abril y noviembre de 2025. Justo en noviembre, la jueza Lara integró el tribunal que juzgó a Srdan. En esa decisión, los jueces Christian Fierro y Carlos Serrano votaron por declararlo culpable, mientras que Lara sostuvo la tesis de inocencia, en un caso por lavado de activos, en el que estaba en juego 11 millones de dólares en bienes incautados.
El 17 de diciembre de 2025, a través de una columna de opinión del abogado Felipe Rodríguez, se conoció que el juez Serrano recibió presiones para favorecer al narco serbio, y que estas habrían sido ejercidas por Henry Gaibor, entonces director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, y esposo de Daniela Cajas, secretaria en la Unidad Judicial Anticoorrupción, quien declaró favorablemente dentro del sumario de Lara.
El informe que recomendaba absolverlos
El área técnica que elaboró el informe —integrada por Christian Berrezueta Pineda, subdirector nacional, y los analistas Gloria Álvarez Goyes y Lenín Tobar Gavilánez— concluyó que, tras recoger versiones de funcionarios judiciales y defensas técnicas, existía una “uniformidad categórica” en que los jueces sumariados no realizaron actos de tramitación, influencia o presión en la causa relacionada con Comandos de la Frontera.
El informe de absolución se basó, principalmente, sobre la base de versiones recabadas, entre estas la del abogado de los cabecillas de los Comandos de la Frontera, Grigson Alexander Cabeza Bazán, quien se incorporó a la defensa el 17 de diciembre de 2024. Es decir, cuatro meses después de que el caso estaba en el despacho de la jueza Karol Gissela Zambrano Macías. El defensor presentó una recusación por "amistad íntima" y la jueza Zambrano fue apartada del caso. Esta narración de hechos que constan en el sistema SATJE no fue incluido en el informe de la Subdirección de Control Disciplinario.
La ruptura de la recomendación el pleno
En la sesión del 24 de febrero, la vocal Magaly Ruiz presentó una cronología detallada de los hechos y cuestionó el informe disciplinario, al que calificó de “sesgado” por omitir elementos relevantes.
Ruiz señaló que, durante el allanamiento a la vivienda del juez Quito, la Policía encontró 10.000 dólares que no fueron justificados y que derivaron en una segunda investigación por asociación ilícita, de la que ya fue procesado en una audiencia de formulación de cargos y sobre la que tampoco se nombra en el informe del área técnica.
En el caso de Lara, también se hallaron montos de dinero en su domicilio. El informe técnico recogió la versión de su madre, quien aseguró haber donado 30.000 dólares provenientes de una póliza bancaria para estudios en el extranjero. No obstante, según la vocal, no se presentó documentación que respalde esa afirmación. Además, se detectó que un contrato de compraventa presentado por la jueza para justificar recursos habría sido celebrado después del allanamiento, lo que dio paso, según Ruiz, a una investigación contra la jueza por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión final: dos destituidos y un juez salvado
Pese al proyecto inicial que proponía declararlos inocentes, el pleno resolvió destituir a Lara y Quito por incurrir en una infracción disciplinaria gravísima prevista en el artículo 109, numeral 11, del Código Orgánico de la Función Judicial, que sanciona recibir préstamos, bienes o favores que comprometan la imparcialidad del servidor judicial.
En el mismo expediente también fue analizada la situación del juez Jairo García, quien fue ratificado en inocencia al no encontrarse elementos concluyentes en su contra.
La coincidencia entre la fecha del borrador que recomendaba exonerar a Lara y su voto posterior a favor de Srdan es un hecho nuevo que durante el juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura no se abordó. Lo que sí salió a la luz fue que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, fue abogada del narco serbio durante la fase de investigación previa, en 2024.
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