Juez Christian Fierro, que sentenció a Jezdimir Srdan, vuelve a su despacho
Judicatura mantiene abierto el expediente disciplinario contra el juez Fierro, al no resolverlo dentro de los 90 días
El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió el 19 de febrero dejar sin efecto la suspensión que mantenía separado de sus funciones al juez anticorrupción Christian Fierro, quien, junto con el magistrado Carlos Serrano, condenó al ciudadano serbio Jezdimir Srdan por lavado de activos vinculados al narcotráfico en el caso Euro 2024.
La decisión se adoptó en una sesión presidida por Damián Larco, exdirector del SRI, y permite que Fierro retome sus funciones jurisdiccionales días antes de que se cumplieran los 90 días de suspensión, plazo que vencía el 4 de marzo de 2026.
Fiscal Carlos Alarcón advirti´ó la demora después del fallo contra el narco serbio
El juez había sido suspendido sin remuneración tras una denuncia presentada por el fiscal Carlos Alarcón, encargado de la Fiscalía durante la administración de Mario Godoy. Alarcón lo señaló por una supuesta demora en la convocatoria a audiencia dentro del caso Triple A. Según la denuncia, el expediente ingresó al despacho de Fierro el 24 de julio de 2025 y la audiencia de juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros procesados fue fijada el 12 de septiembre, 52 días después, para enero de 2026.
Entre septiembre y noviembre de 2025, Alarcón no objetó ese plazo o el presunto retardo. La queja disciplinaria fue presentada luego de que el tribunal integrado por Fierro y Serrano dictara sentencia condenatoria contra Srdan, quien había sido cliente de la abogada Dolores Vintimilla, esposa de Godoy. El trámite disciplinario se sustanció en 48 horas y concluyó con la suspensión provisional, medida que —según sostuvo el propio juez— carecía de sustento en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Juez Fierro acudió como testigo al juicio político de Godoy
Fierro compareció como testigo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dentro del juicio político contra Godoy. Allí afirmó que la suspensión se produjo inmediatamente después de la sentencia oral en el caso Euro 2024. Explicó que la fijación de audiencias responde a la abundante carga procesal y a la necesidad de priorizar causas con riesgo de caducidad de prisión preventiva, es decir, aquellas con personas detenidas. En el caso Triple A no existían procesados privados de libertad. Incluso la jueza Gabriela Lara, tercera integrante del tribunal y quien votó por la inocencia de Srdan, dejó constancia de que el despacho tenía audiencias programadas hasta abril de 2026.
Aunque Fierro apeló la suspensión el 17 de diciembre cuando estabapresidido por Godoy, el Pleno no resolvió sino hasta febrero, ya bajo la presidencia temporal de Larco.
Judicatura mantiene el expediente disciplinario contra el juez Fierro
Durante la sesión del 19 de febrero, el vocal Fabián Fabara sostuvo que la suspensión preventiva “no constituye una sanción”, y que el Consejo actuó amparado en el artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. No obstante, ese artículo tipifica infracciones graves específicas como dejar caducar la prisión preventiva, agredir a superiores o no fundamentar resoluciones, y no contempla expresamente el “retardo” en señalar fecha de audiencia como causal de suspensión.
Otro elemento relevante es que, cuando se dicta una suspensión preventiva de 90 días, el Consejo debe resolver el sumario disciplinario dentro de ese plazo: hallarlo inocente o culpable, imponerle una sanción o absolverlo. Pero el levantamiento de la medida implica que la Judicaruta no pudo resolver el sumario en los 90 días y el expediente disciplinario contra Fierro continúa vigente y deberá resolverse antes de su caducidad, prevista para diciembre de 2026.
