Intentaron salvarlos, pero el pleno del CJ destituyó a dos jueces anticorrupción

El pleno del Consejo de la Judicatura resolvió este martes 24 de febrero de 2026 destituir a los jueces anticorrupción Christian Quito Carpio y Gabriela Lara Tello, quienes en el ámbito penal son investigados por una presunta red de corrupción judicial que habría intentado beneficiar a los cabecillas de la organización narco delictiva Comandos de la Frontera y cuyo caso se denomina Fachada.

Según el organismo, los magistrados incurrieron en una infracción disciplinaria gravísima contemplada en el artículo 109, numeral 11, del Código Orgánico de la Función Judicial: “solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que, por sus características, pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor judicial en el servicio que le corresponde prestar”.

La sanción fue propuesta por la vocal Magaly Ruiz, quien se apartó de la recomendación emitida por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, que sugería declarar la inocencia de los jueces. A la postura de Ruiz se sumaron el presidente encargado, Damián Larco, y los vocales Alfredo Cuadros y Fabián Fabara.

No obstante, en el mismo expediente también fue investigado el juez Jairo García, actual magistrado del denominado caso Goleada, en el que está procesado el alcalde Aquiles Álvarez. García fue declarado inocente y continuará en funciones.

¿Por qué pretendían salvar a los jueces?

Ante el pleno se presentó un informe elaborado por el área técnica, integrada por los funcionarios Christian Berrezueta Pineda, Gloria Álvarez Goyes y Lenín Tobar Gavilánez. El documento recomendaba declarar la inocencia de los jueces anticorrupción.

Su conclusión fue que, tras analizar las versiones recabadas de funcionarios judiciales, defensas técnicas y otras personas consultadas, existía “una uniformidad categórica” en señalar que ninguno de los servidores sumariados realizó actos de tramitación, intervención, influencia o presión en la causa donde están procesados los cabecillas de Comandos de la Frontera.

La investigación disciplinaria se centró principalmente en solicitar versiones a funcionarios de la Judicatura. Entre ellos constó Daniela Cajas, esposa de Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha, quien afirmó que los jueces no tramitaron la causa relacionada con esa organización delictiva.

Asimismo, el área técnica recabó la versión del abogado de los cabecillas, quien aseguró que no hubo ofertas, presiones ni dádivas para que los jueces beneficiaran a sus defendidos. 

El informe fue elaborado entre abril y noviembre de 2025, durante la presidencia de Mario Godoy. De hecho, el 20 de noviembre de ese año, la Judicatura ya tenía listo un proyecto de resolución que recomendaba la inocencia de los magistrados. Un día después, el 21 de noviembre de 2025, la jueza Gabriela Lara declaró la inocencia del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, fue un voto de minoría, pues los jueces Christian Fierro y Carlos Serrano lo hallaron culpable. 

Serrano denunció que Henry Gaibor lo presionó para que fallara a favor del criminal y Fierro, en cambio, fue suspendido del cargo en 48 horas, tras una denuncia del fiscal Carlos Alarcón, por un supuesto retardo en la audiencia del caso Triple A, que también involucra a Aquiles Álvarez.

La presentación de la vocal Magaly Ruiz

La vocal Magaly Ruiz presentó una ponencia detallada, reconstruyendo los hechos fecha por fecha. En su intervención sostuvo que el informe de la Subdirección de Control Disciplinario omitió información relevante, lo que calificó como una exposición “sesgada”. Además, solicitó que los funcionarios que elaboraron ese documento sean investigados internamente.

Ruiz señaló que el informe no consideró que, durante el allanamiento a la vivienda del juez Christian Quito, la Policía encontró 10.000 dólares en el baño, dinero que no pudo ser justificado. Actualmente, el juez y su pareja fueron formulados cargos por presunta asociación ilícita, pues habrían elaborado un contrato posterior al allanamiento para intentar justificar que el dinero provenía de la construcción de una piscina en una vivienda en Manabí que, según las investigaciones, no tendría espacio físico para esa obra.

En el caso de la jueza Lara, otra parte del dinero fue hallada en una caja de zapatos en su domicilio. El área técnica citó la versión de la madre de la magistrada, quien afirmó haber donado 30.000 dólares para los estudios de su nieto en el extranjero, dinero que habría provenido de una póliza bancaria. Sin embargo, Ruiz indicó que el área técnica no presentó documentación bancaria que respalde esa afirmación y que el monto encontrado en la vivienda superaba los 30.000 dólares.

Además, la jueza habría sostenido que el dinero provenía de la venta de un inmueble y presentó un contrato como respaldo. No obstante, al verificar el documento, se determinó que habría sido celebrado con fecha posterior al allanamiento. Por estos hechos, Lara enfrenta también una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La relación con la causa Comandos de la Frontera

El informe técnico de la Subdirección de Control Disciplinario sostuvo que los jueces Lara, Quito y García no tuvieron intervención en la causa vinculada con Comandos de la Frontera. Sin embargo, Ruiz presentó una línea de tiempo que, según su exposición, demuestra lo contrario en el caso de Quito.

Explicó que Quito asumió el conocimiento del proceso el 14 de enero, luego de que la jueza original fuera apartada por recusación, y que debía dirigir una audiencia de vinculación el 16 de enero. Ese mismo día se ejecutaron los allanamientos, y dos días después el magistrado presentó su excusa para separarse del caso. En cuanto a Lara, indicó que conoció el expediente en etapa de apelación.

Respecto al juez Jairo García, la vocal Ruiz señaló que en el allanamiento a su vivienda no se encontró evidencia concluyente y que la Fiscalía no ha iniciado otras investigaciones derivadas de esa diligencia, por lo que solicitó ratificar su inocencia.

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