Medardo Mora Solórzano | Crisis de institucionalidad
La falta de respeto a las leyes vigentes de funcionarios públicos los lleva a obrar haciendo lo que les parece
Si algo está claro que vive realmente el Ecuador es una acentuada crisis de institucionalidad, lo cual afecta la seguridad jurídica y deteriora la salud de la democracia. Esa crisis de institucionalidad se evidencia con el abuso de facultades de unos y el incumplimiento de obligaciones de otros, lo que coloca a los ciudadanos en un ambiente de incertidumbre al no tener certeza en las resoluciones que adopten los funcionarios públicos, y lo más preocupante, las decisiones arbitrarias de jueces y fiscales, que afecta un pilar irremplazable de una democracia: la justicia, dejando al ciudadano desprotegido y en virtual indefensión.
La falta de respeto a las leyes vigentes de funcionarios públicos los lleva a obrar haciendo lo que les parece, abusando de su cargo y facultades legales o administrativas, manipulando decisiones de otros organismos, ante una población que se siente huérfana de la tutela del Estado. Y en ese ambiente, lejos de tener esperanzas de pensar en un mejor futuro, lo único que les queda es perder la confianza en quienes gobiernan, nacional o localmente, quienes demuestran ser muy ágiles para imponer tributos y cargarle al ciudadano el peso de su negligencia o impericia.
Según la Constitución el primer deber de un gobernante es respetar y hacer respetar esa misma Constitución y las leyes de la República, pero en los últimos años se observa que lo que más preocupa a quien gobierna es influir en las decisiones de otras funciones del Estado, fracturando el principio de la división de poderes, que es básico para fortalecer las libertades. Esa actitud degenera en autoritarismo, lo cual tratan de imitar los gobernados, que también creen que pueden hacer lo que les parece y eso solo genera desorden, contrario a lo que un buen gobierno debe buscar: que exista orden y una organización estable y confiable.
A un gobernante en una democracia le corresponde promover diálogos con los distintos actores y sectores de la sociedad, para buscar soluciones a las necesidades y aspiraciones ciudadanas, proponiendo políticas de Estado de interés para el país y no de intereses particulares o de grupos.