Jorge Luis Jalil | El acuerdo que Ecuador necesitaba
No fue el acuerdo soñado. Fue el posible, negociado en nueve meses, en medio de un caos arancelario global
El 13 de marzo Ecuador y Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Comercio Recíproco en Washington. La polarización fue inmediata: aplausos empresariales de un lado, acusaciones de entrega soberana del otro. Ninguna reacción alcanza para entender lo que realmente ocurrió.
El ART libera de sobretasa al 53 % de las exportaciones no petroleras: 2.786 millones de dólares anuales. Banano, flores, cacao, minerales estratégicos y productos pesqueros entran sin el gravamen de 10 % que Washington aplicaba desde 2025. Más importante: el acuerdo blinda esos beneficios por escrito. En el entorno Trump, lo que se da hoy puede quitarse mañana. Tenerlo en un instrumento bilateral firmado es garantía real, no un comunicado de prensa. El ART además abre acceso al Eximbank y a la DFC para financiar infraestructura y energía: capital de largo plazo que el país necesita.
El camarón quedó afuera, y duele. Genera más de $ 8.000 millones al año; uno de cada tres dólares que Ecuador vende a EE.UU. lleva ese origen. Es una herida real para miles de familias en el Guayas, El Oro y Esmeraldas. Pero tiene explicación: desde 2023 la industria procesadora estadounidense mantiene abierta una investigación de subsidios contra el sector. Incorporar al camarón con ese expediente vivo habría expuesto al acuerdo entero a impugnaciones. Fue un sacrificio calculado. El texto incluye cláusula expresa para revisarlo en futuras rondas.
La preocupación más legítima la tienen los agricultores. EE.UU. subsidiará su campo con cerca de $ 20.000 millones en 2026. El productor de maíz o lácteos del Midwest no compite en igualdad: llega respaldado por el Estado más poderoso del mundo. Abrir cuotas sin política de compensación activa para el agro nacional sería un error. Esa es la deuda interna que el ART le deja al Gobierno. Ignorarla convertiría una victoria diplomática en un problema social.
No fue el acuerdo soñado. Fue el posible, negociado en nueve meses, en medio de un caos arancelario global, con el producto estrella cargando una mochila jurídica ajena al Gobierno. Eso no es poco.